01219-2003-PHD/TC
El Tribunal considera el derecho de acceso a la información pública como una "libertad preferida", lo cual no implica una jerarquía entre derechos constitucionales, sino un control jurisdiccional más intenso de los actos que restringen el derecho al acceso a la información pública a partir de una presunción de inconstitucionalidad de dichos o normas restrictivas. En el caso concreto, el Tribunal establece que la SBS y los bancos no son los titulares del secreto bancario, sino los individuos o personas jurídicas que confían y celebran actos jurídicos con ellos. Agrega que si bien la ley 27806 no estaba vigente al momento de la solicitud, los principios constitucionales de dicha ley sí pueden ser exigibles a la SBS, por lo que obliga a la entidad a responder el pefido de información discriminando entre la información pública y aquella no protegida por la Ley 26702, Ley que regula el secreto bancario.