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Desarrollo de la Sentencia

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

Se solicita a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque copia del Oficio N.º 1736-2007, de fecha 5 de mayo de 2005. En primera instancia se declara infundada la demanda por considerar que no hay renuencia de la parte demandada para proporcionar la información. En segunda instancia se declara la sustracción de la materia. El Tribunal declara fundada la demanda al considerar que no es razonable que la emplazada alegue no poseer la información cuando esta fue generada por su despacho. Señala además que a pesar de que la información fue entregada con posterioridad a la presentación de la demanda, en vista de la intensidad del agravio es obligación del Colegiado pronunciarse con el objeto de que estas acciones u omisiones no vuelvan a producirse en aplicación del artículo 1 segundo párrafo del Código Procesal Constitucional.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Lima
  • Demandante: 
  • Mickey Juan Álvarez Aguirre
  • Demandado: 
  • Mariela del Carmen Guerrero Vásquez, Jefa de la Administración de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

  • Fecha de la sentencia: 
  • 30/10/2010
  • Magistrados: 
  • Ernesto Álvarez Miranda
  • César Landa Arroyo
  • Juan Vergara Gotelli
  • Normas aplicadas: 
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Sentencias Relacionadas del Tribunal Constitucional del Perú: 
  • Descargable(s): 
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Expediente

EXP. N.º 04065-2008-PHD/TC
LIMA
MICKEY JUAN
ÁLVAREZ AGUIRRE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

            En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mickey Juan Álvarez Aguirre contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha 9 de julio de 2008, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

            Con fecha 11 de setiembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas data contra la Jefa de la Administración de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque señora Mariela del Carmen Guerrero Vásquez solicitando que se le brinde una copia del Oficio N.º 1736-2007, de fecha 5 de mayo de 2005. Refiere que con fecha 10 de agosto de 2007 presentó la solicitud ante la Administración de la Corte de Lambayeque pidiendo la copia del referido oficio, no obstante la Administración le denegó la información requerida mediante Oficio N.º 3298-A-2007-CSJLA/PJ, de fecha 13 de agosto de 2007, ante lo cual interpuso recurso de apelación con fecha 22 de agosto. Agrega que con fecha 10 de setiembre de 2007 presentó un escrito dando por agotada la vía administrativa, toda vez que la negativa de la funcionaria le ha causado grave perjuicio en el pago de sus remuneraciones, indefensión ante la Gerencia de Personal del Poder Judicial y, sobre todo, que la emplazada usa estos mecanismos para amedrentar a los trabajadores del Sindicato del Poder Judicial.

            Con fecha 30 de octubre de 2007, la emplazada contesta la demanda y pide que sea declarada improcedente alegando que conforme al artículo III del Título Preliminar del Código Civil, el supuesto agravio demandado ya no existe. Refiere que el actor le solicitó una “copia del Oficio N.º 1736-2007, tramitado por mi despacho ante el Gerente de Personal y Escalafón del Poder Judicial Señor Jaime Gómez Valverde, con fecha 7 de mayo de 2007, oficio en donde informo el caso omiso del demandante de reincorporarse a sus labores, solicitud que en sus momento no se pudo atender, toda vez que no se encontraba en mi poder (…)”, y que recién “en virtud al proveído dirigido a mi despacho por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con fecha 17 de octubre de 2007, respecto a la solicitud y recurso de apelación interpuesto por el demandante, con fecha 18 de octubre del mismo año mediante Oficio N.º 4327-2007-A-CSJLA/PJ firmado por mi persona se le informa al demandante que se procederá a la entrega de las copias certificadas solicitadas, documento que conforme al cargo ha sido firmado y recepcionado por su esposa”.

            El Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 30 de enero de 2008, declara infundada la demanda por considerar que no hay renuencia de la parte demandada para proporcionar la información.

            La Sala superior competente en aplicación del Código Procesal Constitucional “declara la sustracción de la materia”.

FUNDAMENTOS

1.      Del análisis del expediente se desprende que la demanda tiene por objeto que se ordene a la emplazada entregar copia del Oficio N.º 1736-2007, en el que se informa al Gerente de Personal y Escalafón del Poder Judicial el “caso omiso del trabajador (demandante) a incorporarse a su centro de labores” toda vez que como “la licencia (sindical) queda sin efecto y en tanto regularice su situación sindical ante la Zona de Trabajo” el actor debe regresar a laborar en su cargo.

2.      La Constitución en su artículo 2°, inciso 5 garantiza el derecho de toda persona de solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en un plazo razonable, y con el costo que suponga dicho pedido, con la única excepción de aquella que afecte a la intimidad personal y la que expresamente se excluya por ley o por razones de seguridad nacional. Tal derecho constituye, por un lado, el reconocimiento de un derecho fundamental; y de otro el deber del Estado de dar a conocer a la ciudadanía sus decisiones y acciones de manera completa y transparente (STC 0959-2004-HD/TC, fundamentos 4-6). En esa medida, la restricción del derecho al acceso a la información resulta una medida de carácter extraordinario y excepcional para casos concretos derivados del mandato constitucional.

3.      Además se ha señalado que el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y la obligación de dispensarla por parte de los organismos públicos, sino que la información debe ser completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz.

4.      Ahora bien, en el presente caso se advierte que la emplazada justifica su inicial negativa a entregar la información alegando que el oficio –creado o generado por la propia emplazada- no se encuentra en su poder porque fue remitido a la Gerencia de Personal del Poder Judicial. Al respecto debe considerarse que el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N. 27806) señala que: “Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control”.

5.      Siendo ello así, las alegaciones de la emplazada respecto a que el oficio solicitado fue remitido a la Gerencia de Personal, y que, por ello no lo posee, pese a que fue creado o generado por su despacho, no es razonable; más aún, no puede ser de ningún modo justificable que al crear documentos públicos no se tenga la copia o cargo correspondiente; tanto es así que tuvo que ser el propio Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque el que dispusiera la “devolución a la Oficina de Administración Distrital” a efecto de que “proceda conforme a la Ley 27806, reglamento y lo establecido en la Resolución Administrativa N.º 154-2007”, escrito recepcionado el 17 de octubre en el despacho de Administración (f. 26). Este mandato es corroborado por la propia demandada en el Oficio N.º 4327-2007-A-CSJLA/PJ, de fecha 18 de octubre de 2007, en el que comunica al demandante que “en mérito al proveído de Presidencia , cumplo con lo ordenado por el superior, a fin que se entreguen las copias certificadas solicitadas” (f. 27).

6.      Por lo tanto, la emplazada ha vulnerado el derecho al acceso a la información pública; y si bien la información fue entregada con excesivo retardo y con posterioridad a la presentación de la demanda de hábeas data, lo que es corroborado por la propia demandada en la contestación a la demanda, en vista de la intensidad del agravio es obligación de este Colegiado pronunciarse sobre la estimación de la demanda con el objeto de que estas acciones u omisiones no vuelvan a producirse.

7.      En tal sentido el artículo 1 segundo párrafo del Código Procesal Constitucional establece que: “Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si se procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22º del presente código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda”.

8.      En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada vulneró los mencionados derechos constitucionales al no haber entregado la información en su oportunidad, corresponde, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data interpuesta.

Ordenar a la emplazada que no vuelva a cometer estos hechos bajo apercibimiento de aplicársele las medidas coercitivas del artículo 22º del Código Procesal Constitucional; asimismo, se le ordena pagar los costos procesales, según lo expuesto en el fundamento 11 supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
ÁLVAREZ MIRANDA

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