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04175-2011-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

El demandante solicita a la Oficina de Normalización Previsional copia de la información referente a los aportes realizados ante sus ex empleadores Jorge Octavio Pisconte Yañe, Irrigación San Felipe-Fundo Los Medanos y José Olivieri & Co. Sociedad Civil, más el pago de costos. En primera instancia se declaró infundada la demanda por considerar que la Oficina emplazada ya ha dado respuesta al pedido de la actora. En segunda instancia se revocó la apelada y declaró improcedente la demanda por estimar que la pretensión demandada requiere de un proceso que cuente con etapa probatoria para su dilucidación. El Tribunal Constitucional rechaza la demanda por no haberse acreditado que la emplazada contaba con mayor información a la brindada en su oportunidad, pues no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública obligar a la Administración a generar o crear información con la que no cuenta.
Ficha Técnica

Expediente

EXP. N.° 04175-2011-PHD/TC
HUAURA
BASILIA HUANE
MIRANDA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2011, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Basilia Huane Miranda contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 68, su fecha 6 de julio de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 6 de diciembre de 2010 la recurrente interpone demanda de hábeas data contra la Oficina de Normalización Previsional solicitando se ordene a la emplazada la entrega de información referente a los aportes realizados ante sus ex empleadores Jorge Octavio Pisconte Yañe, Irrigación San Felipe-Fundo Los Medanos y José Olivieri & Co. Sociedad Civil (Hacienda San Juan Bautista), más el pago de costos. Manifiesta que la emplazada mediante la Carta 1856-2010-OAD/ONP del 29 de octubre de 2010, no ha hecho entrega de la información solicitada, aduciendo que luego de efectuar la correspondiente búsqueda en sus sistemas digitales y archivos físicos no ubicó información alguna, pese a que en su poder cuenta con las planillas de los referidos empleadores.

La Oficina emplazada contesta la demanda manifestando que ha cumplido con atender el pedido de información de la demandante a través de la Carta 1856-2010-OAD/ONP del 29 de octubre de 2010, poniendo en su conocimiento toda aquella documentación que tiene a su disposición, por lo que en atención a lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto Supremo 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley 27806, no se encuentra obligada a producir o crear mayor información a la que posea.

Con fecha 11 de marzo de 2011, el Primer Juzgado Civil de Huaura declaró infundada la demanda por considerar que la Oficina emplazada ya ha dado respuesta al pedido de la actora.

La Sala Superior competente revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por estimar que la pretensión demandada requiere de un proceso que cuente con etapa probatoria para su dilucidación.     

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

1.        La presente demanda de hábeas data tiene por objeto que se ordene a la Oficina de Normalización Previsional que le otorgue a la recurrente la información referente a sus ex empleadores Jorge Octavio Pisconte Yañe, Irrigación San Felipe-Fundo Los Medanos y José Olivieri & Co. Sociedad Civil (Hacienda San Juan Bautista), más el pago de costos.

2.        Con el documento de fecha cierta de fojas 3, se acredita que la recurrente ha cumplido con el requisito especial de la demanda de hábeas data previsto en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional, por lo que corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo.

Análisis de la controversia

3.        Sobre el hábeas data en reiterada jurisprudencia se ha establecido que “[E]s un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2º de la Constitución, que establecen, respectivamente, que ‘toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan por ley las informaciones que afecten a la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional’; y que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no deben suministrar informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (Cfr. RTC 6661-2008-HD/TC, STC 2727-2010-PHD/TC, STC 10614-2006-PHD/TC, entre otras).

4.        Asimismo, sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública se ha precisado que “no solo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y la obligación de dispensarla por parte de los organismos públicos, sino que la misma debe ser completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz” (STC 1797-2002-PHD/TC, STC 959-2001-PHD/TC, entre otras).

5.        Por otra parte, el artículo 13º de la Ley 27806, en su tercer párrafo dispone lo siguiente: “La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga  obligación  de  contar  al  momento  de  efectuarse el  pedido. En este caso, la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco permite que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean”.

6.        En el presente caso, conforme la propia recurrente ha referido a fojas 19 de autos, se aprecia que su pedido de información ha merecido una respuesta escrita por parte de la emplazada, respuesta con la que no se encuentra de acuerdo, pues afirma que la Oficina emplazada mantiene en custodia las planillas de pago de sus ex empleadores, alegato que prueba con las copias simples del reporte web de la relación de planillas de sueldos en custodia, que ha adjuntado a fojas 13 y 14, pese a ello, de la revisión de los referidos instrumentos de prueba, se aprecia que la emplazada contaría con planillas de sueldos y salarios desde 1950 de José Olivieri y Cia. S.C., sin embargo, dicho registro no acredita que la emplazada cuente con mayor información a la entregada, por lo que resulta insuficiente para desvirtuar la veracidad de la información brindada por la emplazada a la demandante a través de la Carta 1856-2010-OAD/ONP del 29 de octubre de 2010, o para cuestionar su contenido con relación a los datos físicos o informáticos que la emplazada ha informado, situación por la cual al no haberse acreditado que la emplazada cuenta con mayor información a la brindada en su oportunidad, este Colegiado considera que la información otorgada a la demandante se encuentra acorde con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 27806, pues no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de acceso a la información pública, obligar a la Administración, a generar o crear información con la que no cuenta, razón por la cual la demandada debe ser desestimada.

7.        Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que si bien de las copias de los documentos a fojas 12, 15 y 50, resulta posible que existan aportaciones no reconocidas por parte de la emplazada a favor de la demandante; también debe tenerse presente que el proceso de hábeas data no resulta idóneo para el análisis de dicha situación, razón por la cual, la demandante tiene expedito su derecho para acudir a la vía procesal que considere pertinente para solicitar el reconocimiento de un mayor número de aportes.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del derecho de acceso de información pública.

Publíquese y notifíquese.

SS.
ETO CRUZ
VERGARA GOTELLI
URVIOLA HANI

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