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05589-2009-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

Se solicita al Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Tarma entregue constancia de la inexistencia de un proceso penal entre dos particulares por el delito contra la fe pública, así como un reporte del proceso penal entre estos. En primera y segunda instancia se declaró la improcedencia de la demanda por considerar que se ha cumplido con dar una respuesta a la solicitad de información de la recurrente. El Tribunal declara infundada la demanda al considerar que el documento emitido por la demandada denominado “razón por especialista legal”, cumple con poner en conocimiento de la demandante la información solicitada.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Junín
  • Demandado: 
  • Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Tarma
  • Administradora del Módulo Básico de Justicia de Tarma

  • Fecha de la sentencia: 
  • 11/10/2010
  • Magistrados: 
  • Ernesto Álvarez Miranda
  • Óscar Urviola Hani
  • Carlos Mesía Ramírez
  • Ricardo Beaumont Callirgos
  • Gerardo Eto Cruz
  • Fernando Calle Hayen
  • Juan Vergara Gotelli
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Infundado
  • Normas aplicadas: 
  • Descargable(s): 
  • Palabras clave:
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Expediente

EXP. N.° 05589-2009-PHD/TC
LIMA
LEONISA DAISY
GUERRERO  SOTO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de octubre de 2010, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonisa Daisy Guerrero Soto contra la resolución de 17 de abril de 2009 (folio 26), expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró improcedente la demanda de hábeas data de autos.

ANTECEDENTES

            El 7 de octubre de 2008 (folio 5) la recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Tarma y contra la Administradora del Módulo Básico de Justicia de Tarma. La demanda tiene por objeto que se le entregue a la recurrente una constancia de la inexistencia de un proceso penal entre Silvia Beatriz Guerrero Soto y Flor de María Orihuela Soto por el delito contra la fe pública, así como un reporte del proceso penal entre ambas. Argumenta que se ha vulnerado su derecho de acceso a la información pública, por cuanto la jueza del Juzgado emplazado no le ha entregado dicha constancia.

            El 16 de octubre de 2009 (folio 7) la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín declaró la improcedencia de la demanda por considerar que se ha cumplido con dar una respuesta a la solicitad de información de la recurrente.

            Por su parte, el 17 de abril de 2009 (folio 26) la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República también desestimó la demanda por el mismo argumento.

FUNDAMENTOS

1.    Del análisis de la demanda se desprende que la recurrente pretende que se le entregue una constancia de la inexistencia de un proceso penal entre Silvia Beatriz Guerrero Soto y Flor de María Orihuela Soto por el delito contra la fe pública, así como un reporte del proceso penal de las dos personas mencionadas.

2.    De conformidad con el artículo 62.º del Código Procesal Constitucional constituye un requisito especial de procedencia de la demanda de hábeas data que el demandante haya reclamado previamente al demandado, mediante documento de fecha cierta, el respeto de los derechos constitucionales invocados, es decir, el derecho de acceso a la información pública y/o el derecho de autodeterminación informativa. Asimismo, el demandado deberá de haberse ratificado en su incumplimiento o no haber contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud, en el caso del primero de los derechos mencionados. Solamente se podrá prescindir de este requisito de manera excepcional en aquellos casos en los que su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, lo cual deberá ser acreditado por el demandante.

3.    En el caso de autos, la demandante han cumplido con lo dispuesto en el artículo 62.º del Código Procesal Constitucional (folios 1 y 2), motivo por el cual, y estando a que la demanda de hábeas data ha sido presentada dentro del plazo de ley, cabe ingresar al análisis del fondo de la controversia. Antes de ello debe precisarse que si bien en el presente caso no ha habido propiamente contestación de la demanda, ello no es óbice para emitir un pronunciamiento de mérito porque el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se ha apersonado al proceso (folio 32) y la decisión de fondo, como se verá más adelante, no es desfavorable a los emplazados.

4.    En los folios 1 y 2 del expediente obra la solicitud de fecha cierta de la información solicitada y precisada en el fundamento primero de la presente resolución. Al respecto, la discrepancia de la demandante (y por la cual entiende que su pedido de información ha sido denegado) radica en que ella pretende que se le entregue una “constancia de inexistencia de un proceso penal” expedida por la jueza misma, pero la información entregada, aunque se denomine “razón por especialista legal”, desde una perspectiva material, a criterio de este Tribunal, cumple con poner en conocimiento de la demandante la información solicitada: por un lado, en el año 2003 no existe ningún proceso penal por el delito contra la fe pública (primer extremo del petitorio de la demanda) y por el otro, informa del estado actual del proceso penal por el delito contra la administración de justicia (segundo extremo del petitorio).

5.    En ese sentido, en el presente caso no se aprecia que se haya vulnerado el derecho invocado por la demandante, motivo por el cual la demanda debe desestimarse por infundada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas data de autos, por no haberse acreditado la vulneración del derecho a la información pública.

Publíquese y notifíquese.

SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI

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