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04602-2008-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

Se solicita a la Universidad San Martín de Porres información sobre la modalidad de selección y calificación para un examen de admisión, el número de reclamos administrativos sobre la calidad académica y modalidad del examen, y además sobre la existencia de un sistema de acreditación académica con el que cuente la demandada. En primera instancia se declara improcedente la demanda al estimarse que se había vencido el plazo de sesenta días previsto para la interposición de la demanda. La recurrida confirmó la apelada por similares consideraciones. El Tribunal declara fundada la demanda al considerar que no se puede rechazar una demanda por extemporánea, cuando en el cómputo del plazo para presentarla se han contado los días en que el Poder Judicial no estuvo en funcionamiento. Asimismo el [Tribunal considera que la información solicitada se encuentra vinculada a las características del servicio educativo que brinda la emplazada.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Lima
  • Demandado: 
  • Universidad San Martín de Porres

  • Fecha de la sentencia: 
  • 08/06/2011
  • Magistrados: 
  • Óscar Urviola Hani
  • Ricardo Beaumont Callirgos
  • Ernesto Álvarez Miranda
  • Carlos Mesía Ramírez
  • Voto: 
  • Singular
  • Dirimente
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Tipo de Información: 
  • Pública
  • Normas aplicadas: 
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Expediente

EXP. Nº 04602-2008-PHD/TC
LIMA
FANNY RAMÍREZ QUIROZ

RAZÓN DE RELATORÍA

Vista la Causa 04602-2008-HD/TC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y habiéndose producido discordia entre los magistrados que la integran, Mesía Ramírez, Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos, se ha llamado para dirimirla al magistrado Urviola Hani, con cuyo voto se ha alcanzado mayoría.    

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Fanny Ramírez Quiroz contra la Resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 40 a 41, su fecha 5 de junio del 2008 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda interpuesta.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de febrero del 2008, doña Fanny Ramírez Quiroz interpone demanda de hábeas data contra la Universidad San Martín de Porres, con la finalidad de que esta institución le proporcione información sobre la modalidad de selección y calificación para su examen de admisión, el número de reclamos administrativos de los dos últimos años que se han interpuesto relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, y finalmente pide que se le informe sobre la existencia de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuenten.

El 48 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a través de la Resolución Nº 1, de fecha 28 de enero del 2008, declaró improcedente la demanda de hábeas data, pues estimó que había vencido el plazo de sesenta días previsto para la interposición de la demanda, por lo que se había incurrido en la causal de improcedencia estipulada en el inciso 10 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional.

La recurrida, mediante resolución de fecha 5 de junio del 2008, confirmó la apelada por similares consideraciones.

FUNDAMENTOS

PETITORIO

1.      Conforme se desprende de la demanda, lo que pretende la recurrente es que la Universidad San Martín de Porres le proporcione información sobre la modalidad de selección y calificación para su examen de admisión, el número de reclamos administrativos que se han interpuesto relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso de los dos últimos años, e información sobre la existencia de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuenten en la actualidad. La negativa de proporcionarle tales datos vulnera, según afirma, su derecho de acceso a la información pública reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución.

I.       ASPECTOS DE FORMA

2.      De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia se hace necesario efectuar una primera precisión respecto del rechazo liminar realizado por las instancias precedentes debido al vencimiento del plazo para la interposición de la demanda. Al respecto, este Tribunal considera que el citado rechazo fue efectuado injustificadamente, toda vez que no se ha merituado los días en los que el Poder Judicial no ha estado en funcionamiento debido a la declaración de una huelga indefinida. Así, jurisprudencialmente se ha establecido que no se puede rechazar una demanda por extemporánea, cuando en el cómputo del plazo para presentarla se han contado los días en que el Poder Judicial no estuvo en funcionamiento[1].

3.      Por otra parte y como se podrá verificar posteriormente, existen suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento de fondo, máxime si la demandante ha cumplido con el requisito especial para la presentación de la demanda de hábeas data de acuerdo con lo señalado por el artículo 62º del Código Procesal Constitucional, esto es, que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento.

4.      Se aprecia que la Universidad San Martín de Porres, el 12 de noviembre del 2007, contestó la solicitud presentada por la demandante, precisando que es una entidad privada, y que la información que se solicita es de carácter reservado cuyo acceso sólo es viable mediante mandato judicial. En tal sentido, se constata que hasta la fecha la Universidad emplazada no le ha proporcionado a la demandante la información requerida; por ello, se ha cumplido el requisito especial señalado en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional.

5.      Por otra parte, a pesar del rechazo liminar producido, resultaría injustificado y contrario  a los principios de celeridad y economía procesal, disponer a las partes el reiniciar el proceso, habida cuenta del resultado previsible del mismo y del pleno conocimiento de la actitud asumida por la demandada. Tal consideración, por otra parte, es plenamente congruente con la idea de anteponer los fines de todo proceso constitucional a las exigencias de tipo procedimental o formal, tal cual lo enuncia el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

6.      Por estas razones y reiterando que ha sido cumplido el requisito especial de la demanda, y considerando innecesario declarar el quebrantamiento de forma y la correlativa nulidad de la recurrida, se hará un análisis del fondo.

II. ASPECTOS DE FONDO

a)   Ámbito protegido del derecho de acceso a la información “pública”

7.      El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido no sólo en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución de 1993, sino también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habiendo sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77.

8.      En términos generales, consiste este derecho en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales. En lo que respecta al acceso a la información que se encuentra en poder de entes no estatales, es decir, personas jurídicas de derecho privado, no toda la información que posean se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que realizan es posible que puedan tener alguna que sea de naturaleza pública y que, por ende, sea exigible y conocible por el público en general. En este contexto, las personas jurídicas a quienes puede solicitarse este tipo de información son aquellas que, pese a encontrarse bajo el régimen privado, prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de acuerdo con lo establecido en el inciso 8 del artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

9.      De conformidad con el fundamento jurídico Nº 7 de la de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00390-2007-PHD/TC, las personas jurídicas privadas que efectúen servicios públicos o efectúan funciones administrativas están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen. Lo que supone que la información accesible siempre habrá de referirse a alguno de estos tres aspectos y no a otros, siendo este el ámbito de información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado.

b) La educación como un servicio de naturaleza pública

10.  Como se recordará, el derecho a la educación ha sido reconocido como un “servicio público” debido a su carácter prestacional, el cual, y sin distingo alguno, está orientado a la satisfacción de necesidades que repercuten sobre el interés general[2]. Por ello, aquella información que se encuentre estrechamente vinculada con este servicio debe ser brindada a cualquier ciudadano que lo solicite, ya que de lo contrario dichos actos resultarían lesivos del derecho fundamental de acceso a la información.

c) Análisis del caso materia de controversia constitucional

11.  Este Tribunal considera que la información solicitada sobre la modalidad de selección y calificación del examen de admisión a la universidad antes aludida, números de reclamos administrativos de los dos últimos años que hayan tenido relación con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, así como sobre la existencia o no de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuenten, se encuentra vinculada a las características del servicio educativo que brinda la emplazada.

12.  Por consiguiente y habiéndose verificado la vulneración al derecho fundamental reclamado, la presente demanda deberá estimarse, otorgándosele al efecto la tutela constitucional correspondiente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1.      Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data interpuesta por doña Fanny Ramírez Quiroz por haberse acreditado la violación del derecho de acceso a la información pública.

2.      Ordena a la Universidad San Martín de Porres que proporcione a la demandante la información  correspondiente a la modalidad de selección y calificación del examen de admisión a la universidad antes aludida, el número de reclamos administrativos de los dos últimos años relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, y finalmente sobre la existencia o no de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional, previo pago del importe de reproducción sobre la información requerida por la demandante, con sujeción a los dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM).

Publíquese y notifíquese.

SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
URVIOLA HANI


EXP. Nº 04602-2008-PHD/TC
LIMA
FANNY RAMÍREZ QUIROZ

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MÉSIA RAMÍREZ
Y BEAUMONT CALLIRGOS

Sustentamos el presente voto en las siguientes consideraciones:

PETITORIO

1.      Conforme se desprende de la demanda lo que pretende la recurrente es que la Universidad San Martín de Porres le proporcione información sobre la modalidad de selección y calificación para su examen de admisión, números de reclamos administrativos que se han interpuesto relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso de los dos últimos años, e información sobre la existencia de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuenten en la actualidad. La negativa de proporcionarle tales datos vulnera, según afirma, su derecho de acceso a la información pública reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución.

II.    ASPECTOS DE FORMA

2.      De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia se hace necesario efectuar una primera precisión respecto del rechazo liminar realizado por las instancias precedentes debido al vencimiento del plazo para la interposición de la demanda. Al respecto, consideramos que el citado rechazo fue efectuado injustificadamente, toda vez que no se ha merituado los días en los que el Poder Judicial no ha estado en funcionamiento debido a la declaración de una huelga indefinida. Así, jurisprudencialmente se ha establecido que no se puede rechazar una demanda por extemporánea, cuando en el cómputo del plazo para presentarla se han contado los días en que el Poder Judicial no estuvo en funcionamiento[3].

3.      Por otra parte y como se podrá verificar posteriormente, existen suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento de fondo, máxime si la demandante ha cumplido con el requisito especial para la presentación de la demanda de hábeas data de acuerdo a lo señalado por el artículo 62º del Código Procesal Constitucional, esto es, que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento.

4.      Se aprecia que la Universidad San Martín de Porres, el 12 de noviembre del 2007, contestó la solicitud presentada por la demandante, precisando que es una entidad privada, y que la información que se solicita es de carácter reservado cuyo acceso sólo es viable mediante mandato judicial. En tal sentido, se constata que hasta la fecha la Universidad emplazada no le ha proporcionado a la demandante la información requerida; por ello, consideramos cumplido el requisito especial señalado en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional.

5.      Estimamos, por otra parte, que a pesar del rechazo liminar producido, resultaría injustificado y contrario  a los principios de celeridad y economía procesal, disponer a las partes el reiniciar el proceso, habida cuenta del resultado previsible del mismo y del pleno conocimiento de la actitud asumida por la demandada. Tal consideración, por otra parte, es plenamente congruente con la idea de anteponer los fines de todo proceso constitucional a las exigencias de tipo procedimental o formal, tal cual lo enuncia el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

6.      Por estas razones y reiterando que ha sido cumplido el requisito especial de la demanda, y considerando innecesario declarar el quebrantamiento de forma y la correlativa nulidad de la recurrida, hacemos un análisis del fondo.

II. ASPECTOS DE FONDO

a)   Ámbito protegido del derecho de acceso a la información “pública”

7.      El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido no sólo en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución de 1993, sino también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habiendo sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77.

8.      En términos generales, consiste este derecho en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales. En lo que respecta al acceso a la información que se encuentra en poder de entes no estatales, es decir, personas jurídicas de derecho privado, no toda la información que posean, se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que realizan es posible que puedan tener alguna que sea de naturaleza pública, y que por ende sea exigible y conocible por el público en general. En este contexto las personas jurídicas a quienes puede solicitarse este tipo de información son aquellas que, pese a encontrarse bajo el régimen privado, prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de acuerdo con lo establecido en el inciso 8 del artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

9.      De conformidad con el fundamento jurídico Nº 7 de la de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00390-2007-PHD/TC, las personas jurídicas privadas que efectúen servicios públicos o efectúan funciones administrativas están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen. Lo que supone que la información accesible siempre habrá de referirse a alguno de estos tres aspectos y no a otros, siendo este el ámbito de información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado.

b) La educación como un servicio de naturaleza pública

10.  Como se recordará, el derecho a la educación ha sido reconocido como un “servicio público” debido a su carácter prestacional, el cual, y sin distingo alguno, está orientado a la satisfacción de necesidades que repercuten sobre el interés general[4]. Por ello, aquella información que se encuentre estrechamente vinculada con este servicio debe ser brindada a cualquier ciudadano que lo solicite, ya que de lo contrario dichos actos se configurarían como lesivos al derecho fundamental de acceso a la información.

c) Análisis del caso materia de controversia constitucional

11.  Consideramos que la información solicitada sobre la modalidad de selección y calificación del examen de admisión a la universidad antes aludida, números de reclamos administrativos de los dos últimos años que hayan tenido relación con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, así como sobre la existencia o no de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuenten, se encuentra vinculada con las características del servicio educativo que brinda la emplazada.

12.  Por consiguiente y habiéndose verificado la vulneración al derecho fundamental reclamado, la presente demanda deberá estimarse, otorgándosele al efecto la tutela constitucional correspondiente.

Por las consideraciones precedentes, se debe declarar FUNDADA la demanda de hábeas data interpuesta por doña Fanny Ramírez Quiroz, por haberse acreditado la violación del derecho de acceso a la información pública.
Por consiguiente, ordenar a la Universidad San Martín de Porres que proporcione a la demandante la información  correspondiente a la modalidad de selección y calificación del examen de admisión a la universidad antes aludida, números de reclamos administrativos de los dos últimos años relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, y finalmente sobre la existencia o no de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional, previo pago del importe de reproducción sobre la información requerida por la demandante, con sujeción a los dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM).

SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS


EXP. Nº 04602-2008-PHD/TC
LIMA
FANNY RAMÍREZ QUIROZ

VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA

Emito el presente voto sobre la base de las consideraciones siguientes:

1.      Conforme se desprende de la demanda lo que pretende la recurrente es que la Universidad San Martín de Porres le proporcione información sobre la modalidad de selección y calificación para su examen de admisión, números de reclamos administrativos que se han interpuesto relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso de los dos últimos años, e información sobre la existencia de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuenten en la actualidad. La negativa de proporcionarle tales datos vulnera, según afirma, su derecho a la información pública reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

2.      Pese a que en anteriores oportunidades el Tribunal Constitucional amparó pretensiones similares, en esta ocasión es necesario apartarse de lo resuelto en tales casos pues no resulta razonable que el proceso de hábeas data pueda servir para ventilar cuestiones tan amplias como las solicitadas en el caso de autos.

3.      Como sabemos, el derecho de acceso a la información pública surgió como la herramienta principal e indispensable para que la ciudadanía fiscalice el actuar de los funcionarios públicos. Sin este tipo de información, el sistema democrático ve debilitado el rol supervisor y participativo de la ciudadanía. De ahí que, cuando de por medio se encuentren actuaciones administrativas, la Administración está en la obligación de proporcionar toda la información relacionada con las mismas.

4.      El derecho de acceso a la información pública ha evolucionado de una inicial negación, que lamentablemente sigue manteniendo cierto arraigo en algunos malos funcionarios de la Administración Pública, a permitir fiscalizar personas jurídicas privadas siempre que realicen funciones públicas o brinden servicios públicos.

5.      Sin embargo, en lo concerniente a estas últimas, no resulta adecuado otorgar un tratamiento similar a servicios públicos tan disímiles como la enseñanza superior y el suministro de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, y telefonía fija. Por tal motivo, dicha situación debe ser enmendada pues no puede equipararse un servicio público, cuya tarifa es decretada por un organismo regulador sobre la base de una serie de factores (en muchos casos proporcionados por las propias empresas reguladas), a la educación universitaria, cuyas contraprestaciones son fijadas por el propio mercado en el marco de una libre y leal competencia, pues en estos últimos, el usuario se encuentra en la posibilidad real y efectiva de escoger entre varios proveedores.

6.      De igual manera, tampoco puede soslayarse que el suministro de tales servicios públicos de carácter domiciliario se encuentra íntimamente ligado a un modo de vida digna de primerísimo orden que el Estado está inexorablemente obligado a garantizar a fin de que cada ciudadano pueda trazar su propio proyecto de vida, atendiendo a su ineludible rol social, por lo que debe cumplir con determinados estándares de calidad fijados por el organismo regulador sobre la base de normas técnicas altamente especializadas y complejas, que incluso en determinados casos se vinculan a aspectos tan trascendentes como la salud pública, como por ejemplo ocurre con el suministro de agua potable y alcantarillado.

7.      De ahí que la razón que justifica que empresas privadas se encuentren obligadas a brindar dicha información radica en que al fiscalizarse a tales empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios, indirectamente se vela por el correcto desempeño del regulador. Así pues, y conforme ha sido indicado infra, en muchos casos (como por ejemplo en la fijación de las tarifas) se trabaja sobre la base de insumos proporcionados por los propios proveedores de dichos servicios públicos. En tal virtud, resulta constitucionalmente legítimo que se obligue a tales empresas a brindar información mucho más detallada.

8.      Mientras que la educación universitaria, si bien se encuentra estrechamente vinculada a la dignidad humana y tiene un innegable protagonismo en la superación personal y, por qué no, en la mejora del nivel socioeconómico de sus alumnos, así como es innegable una mutua imbricación entre la existencia de una auténtica élite intelectual y el impulso del proceso del desarrollo del país, basado en lo que podríamos denominar una sociedad de información y en una economía del conocimiento; es obvio que tales actividades tienen un nivel de injerencia estatal en menor grado en razón de que existe una amplia gama de ofertas educativas que compiten por captar a los mejores estudiantes ofreciendo la mejor calidad educativa al menor precio; por lo tanto, únicamente la calidad educativa es susceptible de, en principio, ser supervisada por los particulares.

9.      No obstante, si bien lo solicitado se refiere a esto último, en la medida en que todavía no se ha implementado la Superintendencia de Universidades ordenada por el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC Nº 000017-2008-PI/TC (punto 4.b de la parte resolutiva de dicha Sentencia), por el momento no existe actuación administrativa susceptible de ser controlada indirectamente. En consecuencia, las pretensiones de la demandante deben ser desestimadas, por lo que se debe declarar INFUNDADA la demanda de hábeas data interpuesta por doña Fanny Ramírez Quiroz.

S.
ÁLVAREZ MIRANDA


EXP. Nº 04602-2008-PHD/TC
LIMA
FANNY RAMÍREZ QUIROZ

VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI

De acuerdo con la Resolución de 5 de mayo de 2011 y de conformidad con el artículo 5° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 11°-A de su Reglamento Normativo emito el presente voto, asumiendo, el suscrito, los fundamentos y la conclusión del voto de los magistrados Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos.

Sr.
URVIOLA HANI


[1] Cf. Fundamento jurídico Nº 7 de la sentencia recaída en el Exp. Nº 2070-2003-AA/TC.
[2] Cfr. Fundamento Nº 11 de la Sentencia recaída en el Expediente N.º 4232-2004-AA/TC.
[3] Cf. Fundamento jurídico Nº 7 de la sentencia recaída en el exp. Nº 2070-2003-AA/TC.
[4] Cfr. Fundamento Nº 11 de la Sentencia recaída en el expediente N.º 4232-2004-AA/TC.


EXP. N.° 04602-2008-PHD/TC
LIMA
FANY RAMIREZ QUIROZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 7 de julio del 2011

VISTO

            El pedido de aclaración -entendido como subsanación de omisión- presentado en fecha 7 de julio del 2011 por doña Fanny Ramírez Quiroz contra la sentencia de fecha 8 de junio del 2011 que declaró fundada la demanda de habeas data; y,

ATENDIENDO A

1.        Que de conformidad con el artículo 121º del Código Procesal Constitucional “contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación (…), el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido”.

2.        Que la sentencia de autos, emitida por este Tribunal Constitucional, declaró fundada la demanda de habeas data interpuesta por Fanny Ramírez Quiroz; en consecuencia ordenó a la Universidad San Martín de Porres proporcionar la información  correspondiente a la modalidad de selección y calificación del examen de admisión, números de reclamos administrativos de los dos últimos años relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, y la existencia o no de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional, previo pago del importe de reproducción sobre la información requerida.

3.        Que doña Fanny Ramírez Quiroz solicita a través del pedido de autos que este Tribunal Constitucional subsane la omisión incurrida, ordenándose que se le abone el pago de costos procesales.

4.    Que, efectivamente, la orden de pago u abono de los costos procesales a favor del demandante vencedor resulta ser una consecuencia legal del carácter fundado o estimatorio de la demanda de habeas data conforme lo establece el artículo 56º del Código Procesal Constitucional aplicable al proceso de habeas data; correspondiendo por tanto integrar la sentencia en este extremo ordenándose el pago solo de los costos procesales, cuya liquidación última será competencia del órgano judicial de ejecución.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

Declarar FUNDADO el pedido de subsanación de omisión; por consiguiente: INTÉGRESE la sentencia de fecha 8 de junio del 2011 en su parte resolutiva, ordenándose el pago de los costos procesales.

SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
URVIOLA HANI

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