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03278-2003-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

El demandante solicita información acerca del destino del 10% de las utilidades provenientes de la farmacia de la posta médica de un AA.HH. Se deniega su pedido alegando que no realizó su solicitud por conducto notarial y no cumplió plenamente con el procedimiento establecido en la Ley 27806. Sin embargo, el TC establece que el demandante si cumplió con cursar correctamente la solicitud y que si se pretende alcanzar un objetivo bajo el cumplimiento de determinadas formalidades, y que esos mismos fines se alcanzan, aunque no siguiéndose la formalidad prevista, este incumplimiento no es obstáculo ni puede restar eficacia práctica al derecho fundamental, por cual declara fundada la demanda.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte del Santa
  • Demandado: 
  • Carlos Sanchez Sanchez, Director del Hospital de La Caleta-Chimbote

  • Fecha de la sentencia: 
  • 28/01/2004
  • Magistrados: 
  • Victor García Toma
  • Magdiel Gonzales Ojeda
  • Javier Alva Orlandini
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Tipo de Información: 
  • Pública
  • Normas aplicadas: 
  • Descargable(s): 
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Expediente

EXP. N.° 3278-2003-HD/TC
SANTA
CARMELO ROMULO
GÓMEZ AYALA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma,  pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Carmelo Rómulo Gómez Ayala contra la Resolución N.° 15 de la Sala Civil de Chimbote de la Corte Superior de Justicia de Santa, de fojas 95, su fecha 31 de setiembre de 2003, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de febrero de 2003, el accionante interpone acción de hábeas data con el fin de que se le otorgue  la información referida al destino que se le da al 10% de las utilidades que provienen de la farmacia de la posta médica del asentamiento humano Esperanza Baja.

Manifiesta que el 31 de enero de 2003 solicitó el respectivo informe, no habiendo recibido respuesta; aduce que con fecha 10 de febrero del 2003, se enteró que dicha solicitud había sido derivada al Área de Servicios Periféricos, y de allí al Área de Farmacia General, a cargo del doctor Carlos Vilchez, el mismo que le informó que tenía que presentarse con un responsable de la posta médica del asentamiento humano para la entrega de lo solicitado, argumentando que, por tratarse de documentos internos, no podían salir de dicho lugar.

La Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud contesta la demanda señalando que el actor no ha cumplido el requisito de procedibilidad exigible para el ejercicio de la acción, toda vez que, tratándose de la acción de hábeas data, necesariamente debe satisfacerse el trámite de requerimiento por conducto notarial con una antelación no menor de quince días calendario.

El Director Ejecutivo de la Unidad Territorial de Salud de La Caleta  contesta la demanda, y la contradice aduciendo que no ha existido la intención de denegar dicha solicitud, ya que al recurrente se le explicó sobre el uso del 10% por la venta de MEDIN- SISMED, precisándose que el respectivo porcentaje es exclusivamente para el servicio de farmacia, no pudiéndose darle otro fin conforme a la Resolución Ministerial N.° 1753-2002-SA/DM, Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos Insumos Médico Quirúrgico- SISMED; agregando que citó al recurrente para otorgarle por escrito dicha información, a la cual no acudió.

El Cuarto Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 09 de mayo de 2003, declara improcedente la demanda, por considerar que el recurrente no ha cumplido con agotar la vía previa.

La recurrida confirma la apelada con los mismos argumentos.

FUNDAMENTOS

1.      El recurrente pretende que la emplazada le proporcione información sobre el destino  del 10% de las utilidades que provienen de la farmacia de la posta médica del asentamiento humano Esperanza Baja.

2.      Dos son los argumentos que esgrimen las resoluciones recurridas para desestimar la pretensión. Por un lado, que no se habría cumplido con requerir notarialmente a la emplazada; y, por otro, que tampoco se habría seguido el procedimiento administrativo regulado por el artículo 11 de la Ley N.° 27806.

3.      Respecto a que no se habría cumplido con requerir notarialmente a la emplazada, de autos se ha podido corroborar que ello no ha sucedido. No obstante, también se observa que el recurrente presentó una solicitud simple a la emplazada, requiriéndole la información mencionada en los Antecedentes de esta sentencia.

La cuestión, por tanto, es dilucidar si, pese a haberse cumplido con el propósito de la ley [esto es, que antes de iniciarse una acción judicial, se requiera administrativamente la información solicitada], el solo hecho de que ese requerimiento no haya sido efectuado por conducto notarial, impide que el juez pueda expedir una sentencia sobre el fondo.

4.      Aunque en línea de principio se acepta que las normas procesales constitucionales limitan la actividad de los jueces, la interpretación y aplicación de esas normas debe efectuarse conforme a la Constitución y, fundamentalmente, a los derechos fundamentales. Esto quiere decir que si, a través de la ley, se pretende alcanzar un objetivo bajo el cumplimiento de determinadas formalidades, y que esos mismos fines se alcanzan, aunque no siguiéndose la formalidad prevista, entonces una interpretación y aplicación de la ley de conformidad con los derechos fundamentales no puede arrojar un resultado que reste eficacia práctica al ejercicio del derecho fundamental. Hacerlo supondría admitir que los derechos fundamentales valgan en el ámbito de la ley, y no a la inversa, esto es, que las leyes valgan en el ámbito de los derechos fundamentales, como debe ser en un Estado constitucional de derecho, en el que precisamente esos derechos fundamentales constituyen su sistema material de valores.

En ese sentido, este Tribunal considera que, en el caso, no era de aplicación el inciso c) del artículo 5° de la Ley N°. 26301, pues conforme se advierte a fojas 2, el actor cumplió, mediante una solicitud simple, con comunicarle a la emplazada la información que requería.

5.      Asimismo, la recurrida ha sostenido que el actor no habría cumplido el procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 11 de la Ley N.° 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Pública) que establece:

El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento: a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato; b) La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal prórroga; de no hacerlo se considera denegado el pedido.

En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del solicitante; (...) d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante puede considerar denegado su pedido; (...) f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no se pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa; g) Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso-administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley N.º 27584 u optar por el proceso constitucional del hábeas data, de acuerdo a lo señalado por la Ley N.º 26301.

6.      En el caso de autos, conforme se aprecia del documento obrante a fojas 2, el recurrente remitió su solicitud de información al Director del Hospital de La Caleta-Chimbote. No obstante, la recurrida ha considerado que era preciso, incluso, acudir a la Dirección Regional de Salud de Áncash, superior jerárquico de la autoridad administrativa demandada.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional considera que, en el caso, se ha pretendido exigir el tránsito por una instancia administrativa que no era la competente, pues, como precisa el inciso a) del referido artículo 11 de la Ley N.° 27806, “Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato”.

Y es que, de conformidad con la Ley N.° 27806, toda entidad pública está en la obligación de disponer una oficina en la que se preste la información solicitada y, en caso de que no la hubiera, esas solicitudes deberían resolverse alternativamente, bien por el funcionario que tiene en su poder la información, bien por el superior inmediato de este.

En el caso de autos, el recurrente solicitó la información al funcionario que la tenía en su poder, de modo que satisfizo el procedimiento establecido por el artículo 11 de la Ley N.° 27806 y, por tanto, corresponde expedir una sentencia sobre el fondo.

7.      La emplazada ha alegado que la información requerida iba a ser entregada el 13 de febrero de 2003, pero que el recurrente no se apersonó; en tanto que este ha alegado que la información requerida simplemente se le denegó, entre otro tipo de razones, argumentándose que era documentación interna del nosocomio y que él no había acreditado tener la representación del asentamiento humano.

Cualquiera que sea el caso, ninguno de estos criterios constitucionalmente justifica la denegatoria de la información ni está en consonancia con un derecho constitucional, como el de acceso a la información pública, derecho que goza de la condición de libertad preferida.

8.      En primer lugar, porque entre la fecha de presentación de la solicitud de información y la de entrega de la información requerida, transcurrió el plazo de 7 días para responder a la solicitud, no encontrándose en el supuesto de excepción contemplado en el artículo 11 de la Ley N.° 27806.

En segundo lugar, porque la información solicitada mediante la carta de fecha 31 de enero de 2003, respecto al destino del 10% de la venta de farmacia, no es una información que pueda considerarse reservada, confidencial o secreta.

Y, finalmente, porque del hecho de que el recurrente haya solicitado la información alegando su condición de representante de un pueblo joven, además de su condición de “morador”, no se deriva exigencia alguna de acreditar su condición de representación. El derecho de acceso a la información pública no está sujeto al acreditamiento de representación alguna, por ser un derecho fundamental que lo titularizan, en principio, las personas naturales (lo que no supone, desde luego, que las personas jurídicas de derecho privado no lo puedan ejercer).

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confire la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1.      Declarar FUNDADO el hábeas data.

2.      Ordena que la emplazada informe sobre el destino del 10% de las utilidades de la farmacia que administra, así como la inversión y el gasto que con esos fondos se haya podido efectuar.

Publíquese y notifíquese.

SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA

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