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00264-2007-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

Se solicita a la Universidad Ricardo Palma, entregue un conjunto de información detallado (información presupuestal, bienes, servicios adquiridos, etc.). En primera instancia se declara infundada la demanda por considerar que la Universidad es una entidad de derecho privado. En segunda instancia se declaró improcedente la demanda por considerar que la emplazada goza de personalidad jurídica de derecho privado. El Tribunal declara infundada la demanda debido a que la información peticionada por el demandante no tiene relación alguna con las características o tarifas del servicio público que presta la Universidad, ni con las funciones administrativas que ejerce.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Lima
  • Demandado: 
  • Rector de la Universidad Ricardo Palma

  • Fecha de la sentencia: 
  • 25/09/2009
  • Magistrados: 
  • Ricardo Beaumont Callirgos
  • Gerardo Eto Cruz
  • Carlos Mesía Ramírez
  • César Landa Arroyo
  • Juan Vergara Gotelli
  • Voto: 
  • Singular
  • Dirimente
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Infundado
  • Normas aplicadas: 
  • Descargable(s): 
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Expediente

EXP. N. º 264-2007-PHD/TC
LIMA
SIXTO GUILLERMO
LUDEÑA LUQUE

RAZÓN DE RELATORÍA

En la causa 264-2007-PHD/HTC, vista por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, conformada por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Landa Arroyo, han emitido votos singulares los magistrados Vergara Gotelli y Landa Arroyo. Por ello se ha convocado de manera sucesiva a los magistrados Eto Cruz y Beaumont Callirgos, quienes se han adherido a la tesis del magistrado Mesía Ramírez, con lo cual se han alcanzado los tres votos en mayoría que constituyen la sentencia de autos. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima (Trujillo), a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli,  Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sixto Guillermo Ludeña Luque contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 151, su fecha 16 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de marzo de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Rector de la Universidad Ricardo Palma, con objeto de que se le otorgue la información referente a la gestión rectoral 1996-2006 relativa a: la información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como las remuneraciones aprobadas por cada ejercicio presupuestal anual; las adquisiciones de bienes y servicios que realizaron, con el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos año por año; actividades que desarrollaron los altos funcionarios de la Universidad Ricardo Palma, entendiéndose como tales a los titulares  de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente; la relación de condecoraciones con su respectivo costo, agasajos realizados con el dinero de la Universidad; relación de representación y/o gastos hechos por y/o en nombre de la Universidad en los exteriores de ella; la relación de gastos en restaurantes, con detalle del funcionario a cargo del gasto; gastos consolidados por años de teléfonos celulares, detallando los funcionarios que gozan de tal privilegio, sin detallar por ahora los números de teléfono; nombre y apellido de las personas con las que la Universidad Ricardo Palma ha tenido relación contractual por concepto de honorarios profesionales que han percibido y/o por cancelarse, incluyendo la resolución de autorización correspondiente; relación de funcionarios que han viajado al extranjero y costo de sus pasajes y viáticos, estadía, hoteles y restaurantes; relación de personas que han recibido becas de la Universidad y si estas tienen relación especial con el Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional, Congreso de la República, y si estas han participado en asuntos vinculados a la Universidad; informe de la cantidad de dinero destinado a gastos de gestión, representación, mantenimiento, infraestructura, oficina y en general todo gasto que haya significado egreso para la Universidad Ricardo Palma; asimismo, las personas que han sido responsables de la ejecución de tales gastos; relación de los gastos de caja chica que ha tenido el Rectorado, como en todas las preguntas año por año; relación de gastos año por año que han sido girados y/o causados por el señor Alfonso Jaguande D Anjoy y el cargo que este desempeña; gastos realizados por las asesorías legales, nombres y gasto que importa, sea por contrato y/o remuneración y/o asignación de los Abogados que prestan servicios de asistencia y/o consultoría y/o patrocinio legal para la Universidad Ricardo Palma; relación de gastos que la Universidad Ricardo Palma ha hecho en avisos de prensa, medios de comunicación, programas de televisión, suplementos de periódicos, radio y televisión y en general todo medio de comunicación pagados por la Universidad Ricardo Palma; relación de personas condecoradas por la Universidad Ricardo Palma así como relación de personas agasajadas con dinero de la Universidad Ricardo Palma; relación de Honoris Causa y profesores honorarios otorgado año por año; relación de alumnos becados en los niveles ordinarios y de posgrado año por año;  cantidad de dinero que ha gastado la Universidad Ricardo Palma en el programa llamado Sembrando Valores,  y relación de personas condecoradas del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso de la República; ingresos totales considerando todo tipo de asignación en calidad de salario, sueldo, remuneración y/o asignaciones y/o llamada caja chica, año por año.

Afirma el recurrente haber solicitado al demandado que en un plazo de diez días le informe de los datos señalados en su petitorio, que sin embargo, han transcurrido más de dos meses sin que se le haya proporcionado tal información y comunicado algo por escrito.

La emplazada Universidad contesta la demanda afirmando que ella constituye una persona jurídica de derecho privado que goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y que se rige por su propio estatuto; que en consecuencia no es propiedad del Estado, ni recibe ni administra fondos de este o de organismos sostenidos por él. Aduce que el Rector que suscribe no es funcionario ni servidor público, por lo que al no estar comprendida entre las entidades de la Administración Pública no está obligada a otorgar la información requerida.

El Sexagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 de junio de 2006, declara infundada la demanda por considerar que la Universidad Ricardo Palma es una entidad de derecho privado, por lo que no se encuentra comprendida entre las entidades obligadas a dar información.

La recurrida, revocando la sentencia apelada, declarara improcedente la demanda por considerar que la emplazada goza de personalidad jurídica de derecho privado, no encontrándose entre las entidades obligadas a prestar información ya que no es una entidad calificada dentro de la Administración Pública, al margen de las autonomías que le reconoce la Constitución.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1.      El demandante pretende que se le ordene a la Universidad Ricardo Palma que le proporcione información sobre la gestión rectoral del periodo 1996-2006, en concreto, la siguiente información:

a.      Presupuestos correspondientes a cada periodo anual, que incluyan los proyectos de inversión, las partidas salariales, las remuneraciones y los beneficios del personal;
b.      Presupuestos correspondientes a cada periodo anual;
c.      Ejecución del presupuesto correspondiente a cada período anual;
d.      Adquisiciones de bienes y servicios;
e.      Actividades que desarrollan los altos funcionarios de la Universidad;
f.        Gastos de representación;
g.      Contratos celebrados por prestación de servicios profesionales y las resoluciones autoritativas correspondientes;
h.      Relación de condecoraciones con su respectivo costo, así como agasajos realizados con los fondos de la Universidad;
i.        Gastos en restaurantes;
j.        Gastos por teléfonos celulares;
k.      Relación de funcionarios que han viajado al extranjero, así como costo de sus pasajes, viáticos, estadía en hoteles y consumos en restaurantes;
l.        Relación de personas que recibido becas;
m.    Relación de gastos por asesoría legal;
n.      Relación de gastos de la caja chica del Rectorado;
o.      Relación de gatos por avisos de prensa, medios de comunicación, programas de televisión, así como suplementos en periódicos, radio y televisión; 
p.      Ingresos totales del Rector, Vicerrectores y Decanos. 

Derecho de acceso a la información pública

2.      Conforme al inciso 5) del artículo 2.º de la Constitución, toda persona tiene derecho a solicitar el acceso a la información bajo el control de las entidades de la Administración Pública, y en estas, la obligación positiva de suministrarla. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal.

De este modo, el derecho de acceso a la información pública reconoce una de las  garantías más importantes del adecuado funcionamiento de la gestión estatal, cual es la plena publicidad y transparencia de la gestión pública ante la sociedad.

3.      De otra parte, consideramos conveniente señalar que en lo que a las personas jurídicas de derecho privado se refiere, el contenido del derecho de acceso a la información no es el mismo que en el caso de las entidades de la Administración Pública, en que la información que se puede solicitar es más limitada, debido a que la gestión privada, mientras no afecte derecho fundamental alguno, no tiene por que generar interés en la sociedad.

Así, el artículo 9.º del Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM establece que las personas jurídicas sujetas al régimen privado que gestionen servicios públicos, como es el caso de la Universidad emplazada, están obligadas a informar sobre: a) las características de los servicios públicos que presta; b) sus tarifas; y c) las funciones administrativas que ejerce.

4.      Teniendo presente la prescripción del artículo 9.º del Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM, consideramos que la demanda no puede ser estimada, debido a que la información peticionada por el demandante no tiene relación alguna con las características o tarifas del servicio público que presta la Universidad emplazada ni con las funciones administrativas que ejerce.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del derecho de acceso de la información pública

Publíquese y notifíquese.

SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ


EXP. N. º 264-2007-PHD/TC
LIMA
GUILLERMO LUDEÑA LUQUE

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

Emito el presente voto singular por los fundamentos siguientes:

Con fecha 20 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Rector de la Universidad Ricardo Palma, con el objeto de que le otorgue la información referente a la gestión rectoral 1996-2006 relativa a: información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones, que fueran aprobados por cada ejercicio presupuestal anual, adquisiciones de bienes y servicios que realizaron, con el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos año por año,  actividades que desarrollaron los altos funcionarios de la Universidad Ricardo Palma, entendiéndose como tales a los titulares  de ésta y los cargos del nivel subsiguiente, relación de condecoraciones con su respectivo costo,  agasajos hechos con el dinero de la Universidad, relación de representación y/o gastos hechos por y/o en nombre de la Universidad en los exteriores de ella, relación de gastos en restaurantes, con detalle del funcionario a cargo del egreso, gastos consolidados por años de teléfonos celulares detallando los funcionarios que gozan de tal privilegio, sin detallar por ahora los números de teléfono, nombre y apellido de las personas con las que la Universidad Ricardo Palma  ha tenido relación contractual por concepto de honorarios profesionales, percibidos y/o por cancelarse, incluyendo la resolución de autorización correspondiente, relación de funcionarios que han viajado al extranjero y costo de sus pasajes y viáticos, estadía, hoteles y restaurantes, relación de personas que han recibido Becas de la Universidad y si estas tienen relación especial con el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Congreso de la República y si estas han participado en asuntos vinculados a la Universidad, informe de la cantidad de dinero destinado a gastos de gestión, de representación, de mantenimiento, de infraestructura, de oficina y en general todo gasto que ha significado egreso para la Universidad Ricardo Palma, asimismo las personas que han sido responsables de la ejecución de tales gastos, relación de los gastos de caja chica que ha tenido el Rectorado, como en todas las preguntas año por año, relación de gastos año por año que han sido cubiertos y/o causados por el señor Alfonso Jaguande D Anjoy y el cargo que éste desempeña, gastos realizados por asesorías legales, con nombres y montos que importa, sea por contrato y/o remuneración y/o asignación de los Abogados que prestan servicios de asistencia y/o consultoría y/o patrocinio legal para la Universidad Ricardo Palma relación de gastos que la Universidad Ricardo Palma ha hecho en avisos de prensa, medios de comunicación, programas de televisión, suplementos de periódicos, radio y televisión y en general todo medio de comunicación pagado por la Universidad Ricardo Palma, relación de personas condecoradas por la Universidad Ricardo Palma así como relación de personas agasajadas con dinero de la Universidad Ricardo Palma; relación de Honoris Causa y profesores honorarios otorgado año por año, relación de alumnos becados en los niveles ordinarios y de post grado año por año,  cantidad de dinero que ha gastado la Universidad Ricardo Palma en el programa llamado “sembrando valores” y relación de personas condecoradas del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso de la República; ingresos totales considerando todo tipo de asignación en calidad de salario, sueldo, remuneración y/o asignaciones y/o llamada caja chica, año por año.

2.            Afirma el recurrente haber requerido información al demandado para que en un plazo de diez días le informe de los datos señalados en su petitorio y que, sin embargo, pese a haber transcurrido más de dos meses, no le ha proporcionado la información solicitada, ni comunicado nada por escrito.

3.            La Universidad Ricardo Palma contesta la demanda afirmando que constituye élla una persona jurídica de derecho privado, que goza de autonomía en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico y que se rige por su propio estatuto; en consecuencia no es propiedad del Estado, ni recibe ni administra fondos públicos o de organismos sostenidos por éste, no siendo el Rector que suscribe funcionario ni servidor público, por lo que al no estar comprendida la universidad dentro de las entidades de la administración pública  no está obligada a otorgar la información requerida por el demandante.

4.            El Sexagésimo segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 de junio de 2006, declara infundada la demanda de amparo por considerar que la Universidad Ricardo Palma es una entidad de derecho privado, por lo que no se encuentra comprendida dentro de las entidades obligadas a la información.

5.            La Sala Superior revisora revoca la sentencia apelada y la declara improcedente por considerar que la emplazada goza de personalidad jurídica de derecho privado no encontrándose en consecuencia dentro de las entidades obligadas a prestar información, ya que no es una entidad calificada dentro de la Administración Pública, al margen de las autonomía que le reconoce la Constitución.

Delimitación del petitorio

6.            El problema que plantea el presente caso es determinar si un particular puede exigir que una Universidad organizada como persona jurídica de derecho privado le otorgue información del tipo que requiere el demandante, invocando al efecto el derecho de acceso a la información. Expresado en otros términos se plantea la cuestión de si una universidad, organizada como persona jurídica de derecho privado, es sujeto obligado frente al derecho de acceso a la información que toda persona tiene según el texto constitucional.

7.            La Constitución garantiza el derecho de acceso a la información (artículo 2, inciso 5) de la Constitución). Según aquélla, “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”.

La “entidad pública” en cuanto sujeto destinatario del derecho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

8.            Este Tribunal ha tenido ocasión de ampliar el sentido restrictivo del concepto entidad pública al que hace mención el artículo 2º, inciso 5), de la Constitución. En efecto, según ésta toda persona tiene derecho a “solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública” (énfasis agregado). Ahora bien, ha sido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la que en su artículo 2º ha establecido que el concepto “entidades de la Administración Pública” debe entenderse en el sentido del concepto definido por la Ley del Procedimiento Administrativo General (artículo 1º).

9.            De acuerdo a esta interpretación el único supuesto de personas jurídicas de derecho privado a quienes puede solicitarse información, invocándose el derecho de acceso a la información pública, es el establecido en el artículo 1, numeral 8), de la Ley del Procedimiento Administrativo. Conforme a ésta, es también considerada como “entidad” de la Administración Pública, la “persona jurídica bajo el régimen privado que presta servicios públicos o ejerce función administrativa (bajo concesión, delegación o autorización del Estado)”.

10.        La educación universitaria constituye un “servicio público” que designa la función o actividad orientada a la satisfacción de necesidades colectivas o de interés general. La educación universitaria tiene por objeto la formación profesional de los miembros de la sociedad peruana investidos de titulo académico que garantiza un servicio de interés general. La educación universitaria se presenta, a los efectos aquí relevantes, como un ente de derecho constitucional cuya satisfacción concierne no sólo a la persona individualmente considerada, sino a la sociedad en su conjunto. Esta característica colectiva de titularidad demuestra que el titulado por cualquier universidad presta un servicio público garantizado por la correspondiente colegiación.

11.        Siendo esto así significa entonces que la Universidad aún bajo el régimen de persona jurídica de derecho privado, tiene también la condición de órgano del Estado en cuanto presta un “servicio público” por lo que, desde tal perspectiva, se halla comprendida en lo dispuesto por el artículo 1º, inciso 8), de Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. En consecuencia una Universidad organizada como persona jurídica de derecho privado resulta sujeto destinatario u obligado frente al derecho fundamental de acceso a la información pública, previsto en la disposición constitucional que sirve de fundamento a la recurrente siempre que la información que solicita corresponda el campo que compromete tal interés social y le concierna directa y personalmente.

12.        Esta conclusión se ve reforzada con lo que la Defensoría del Pueblo ha manifestado en su Informe Anual de 2006, en cuyo instrumento aparece que las Universidades organizadas como personas de derecho privado constituyen también sujetos destinatarios u obligados por el derecho de acceso a la información pública, a partir de lo dispuesto por el artículo 9º de la citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

13.        Es preciso señalar que en mi libro “La Reforma del Poder Judicial” manifesté que respecto al servicio público brindado por las universidades peruanas “(...) un tratamiento legal que supere el estatus de «cosas de nadie» y controle dentro del abierto desconocimiento de los titulares del derecho de dominio, el manejo de cúpulas interesadas en este «negocio» bajo el manto protector del Club denominado Asamblea Nacional de Rectores, en el que el Estado no tiene injerencia real con lo que se asegura el interés personal de quienes, sin ser propietarios ni representantes de dueños desconocidos, tienen el control absoluto de gobierno y administración bajo la referida protección de la híbrida institución citada.”

14.        Habiéndose establecido la naturaleza del servicio que brindan las entidades educativas, podemos decir que cualquier persona está facultada para ejercer su derecho a solicitar la información que requiera, claro siempre y cuando la información requerida no afecte la intimidad personal y familiar ni el secreto bancario conforme lo establece el incisos 5) y 6) del articulo 2º de la Constitución Política del Perú, significando que todos tenemos derecho a solicitar la información que nos concierne, sin vulnerar los limites precedentemente expuestos. 

15.        Es necesario subrayar que cuando la entidad requerida con determinada información brinda un servicio público está obligada a otorgar  dicha información siempre que el pedido entrañe interés de la colectividad desde que el servicio brindado tiene directa incidencia en la vida diaria de la sociedad, por lo que la información que puede solicitar cualquier ciudadano debe estar:

a)      Circunscrita al servicio público que brinda,
b)      Deba ser información necesaria para el conocimiento público y , 
c)      No puede estar referida al ámbito privado de una persona jurídica que como ente de vida particular le asiste ciertas garantías constitucionales, como por ejemplo el secreto bancario.

16.        Por lo expuesto este colegiado considera que al brindar la empresa emplazada un servicio público que necesariamente va a tener repercusión en la colectividad, es legitimo que la información requerida sea proporcionada por la emplazada en la medida en que no afecte las limitaciones que en su favor impone la Constitución Política del Estado.

17.        Por lo expuesto considero necesario analizar si la pretensión del actor se ubica dentro de los parámetros descritos para luego precisar el tipo de información que puede serle  exigida a la emplazada, es decir si la pretensión no vulnera su derecho a la privacidad por ser una persona jurídica que no administra bienes del Estado, no obstante ejercitar en nombre de éste una importante tarea pública.

18.        En el presente caso el demandante solicita información sobre la gestión rectoral del periodo 1996-2006, realizando al efecto una mención detallada. Analizado este requerimiento considero que la única información que está relacionado al servicio público que brinda la emplazada y que no afecta su ámbito privado es:

a)            Condecoraciones de todo titulo incluyendo los correspondientes gastos de doctores honoris causa otorgados por la Universidad emplazada, con su correspondientes egresos;
b)            Concesión de becas otorgadas a estudiantes propios y a terceros;
c)            Gastos de representación designadas por la Universidad emplazada;
d)            Actividades que desarrollan los altos funcionarios de la Universidad, especificando el organigrama de cada facultad y de los entes dependientes; y
e)            Información sobre todos los actos y gastos para los que la ley exige publicidad.

19.        La demás información requerida no puede ser solicitada por el demandante puesto que no está relacionada al servicio público brindado por la universidad emplazada, y por el contrario la expedición de dicha información vulneraría el ámbito privado de la demandada.

20.        Por lo expuesto considero que la demanda debe ser en parte estimada, delimitándose la pretensión del demandante según lo expresado.

En consecuencia, mi voto es porque se declare FUNDADA en parte la demanda de habeas data, ordenando a los demandados satisfacer el requerimiento de la recurrente dentro de los alcances y limites señalados precedentemente.

SS.
JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI


EXP. N° 00264-2007-PHD/TC
LIMA
SIXTO GUILLERMO
LUDEÑA LUQUE

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO

Con el debido respeto por el voto de mis colegas magistrados, expreso los fundamentos de mi voto singular en el presente caso, relacionado con el tipo de información que puede ser solicitada a las universidades privadas como sujetos pasivos del derecho de acceso a la información pública.

1. LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS COMO SUJETOS PASIVOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El derecho de acceso a la información pública es un derecho reconocido en el artículo 2° inciso 5' de la Constitución de 1993, que cuenta con un desarrollo legal en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

En términos generales, este derecho faculta a toda persona a acceder a la información que se encuentra en poder de las entidades estatales. En este sentido, son estas entidades las que –en principio– se encuentran obligadas a entregar la información solicitada por los ciudadanos. Al respecto, el artículo 61° inciso P del Código Procesal Constitucional ha precisado los alcances de este derecho, señalando que el mismo comprende la facultad de:

“Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material”.

En la perspectiva de garantizar en mayor medida el derecho de acceso a la información pública, el artículo 9° de la Ley N° 27806 establece que, en determinados casos, las personas jurídicas privadas también pueden ser sujetos pasivos respecto al ejercicio de este derecho fundamental, encontrándose obligados a proporcionar determinada información que les sea requerida. De modo literal, el citado artículo señala:

“Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce”.

En consecuencia, si bien las personas jurídicas de derecho privado se encuentran obligadas a atender los pedidos ciudadanos de acceso a la información, la información a la cual estos tienen derecho a acceder no es toda aquella que se encuentre en su poder, sino únicamente la relacionada con los servicios públicos que brinden o las funciones administrativas que ejerzan. Pero incluso, sobre ambos temas, la propia ley delimita el tipo de información a la que se tiene derecho a acceder. Para la mejor comprensión del citado artículo 9° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, su contenido puede ser presentado de la siguiente manera:


Tipo de persona jurídica privada obligada a entregar información

Información que está obligada a entregar

 

Persona jurídica privada que    gestione servicios públicos

 

-Sobre las características de los servicios públicos que presta.

-Sobre sus tarifas.

 

 

Persona jurídica privada que    ejerza funciones administrativas

 

Sobre las funciones administrativas que ejerce.

 

 

 

Por lo tanto, no toda persona jurídica privada puede ser considerada como sujeto pasivo del derecho de acceso a la información pública. Cuando sí lo sea, la ley sobre la materia ha precisado qué tipo de información se encuentra obligada a entregar. Sobre esto último es importante anotar que no todo tipo de información administrativa de una persona jurídica privada puede ser considerada como información relacionada con las "funciones administrativas que ejerce"; es decir, no cabe comprender dentro de esta última toda la información sobre los asuntos de gestión interna y administrativa de una institución privada.


2. EVALUACIÓN DEL CASO CONCRETO


En el presente caso, el demandante Sixto Guillermo Luderia Luque presenta su demanda de hábeas data contra el Rector de la Universidad Privada Ricardo Palma, a fin de acceder a diversa información relacionada con la gestión administrativa de este centro de estudios.


A partir de una interpretación sobre los alcances de la legislación nacional en materia de acceso a la información se puede concluir que ésta permite solicitar información a las universidades privadas, por cuanto el servicio de educación que ofrecen constituye un servicio público[1], a la vez que ejercen funciones administrativas (por ejemplo, otorgar títulos a nombre de la Nación). Sin embargo, de acuerdo a la misma legislación, no se puede pedir a una universidad privada cualquier tipo de información.


Tomando en cuenta esta premisa, de la revisión de la información solicitada por el demandante, se puede concluir que aquella a la cual tiene derecho a acceder está conformada por:

-  La relación de condecoraciones .otorgadas por la entidad demandada.
-  La relación de personas que han recibido becas de la universidad.
-  La relación de honoris causa otorgados y de profesores honorarios.
-  La relación de alumnos becados, tanto en los niveles ordinarios como de post grado.


Dado que en la demanda se solicita información relacionada con la gestión rectoral 1996-2006, es este período el que habrá de considerarse a efectos de satisfacer la pretensión del demandante.


Respecto al resto de información solicitada en la demanda, se puede concluir que no se trata de información a la que se tenga derecho a acceder, en función a lo dispuesto en el artículo 2° inciso 5° de la Constitución y, en particular, del artículo 9° de la Ley 27806, por cuanto no se trata de información relacionada con las características del servicio público que ofrece la mencionada universidad, ni con las "tarifas" por el mencionado servicio (pudiendo comprenderse dentro de tales –en un sentido amplio– el monto de los créditos académicos). Asimismo, tampoco se relaciona con las funciones administrativas que ejerce[2].


Sobre este terna es importante señalar que correspondía al demandante, quien además cuenta con patrocinio de abogado, fundamentar adecuadamente la relación entre la información a la que deseaba acceder y los supuestos previstos en el artículo 9° de la Ley 27806, a fin de despejar toda duda -a nivel jurisdiccional- sobre el ejercicio de su derecho fundamental. Lamentablemente, en la demanda respectiva no se presentan mayores argumentos sobre este tema, limitándose únicamente el demandante a hacer una lista de la información que solicitó a la universidad.


3. CONCLUSIÓN


Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare FUNDADA EN PARTE la demanda de hábeas data presentada por el señor Guillermo Ludeña Luque y, en consecuencia, se ordene a la entidad demandada a entregar la siguiente información relativa a la gestión rectoral 1996-2006: a) la relación de condecoraciones otorgadas por la entidad demandada, b) la relación de personas que han recibido becas de la universidad, c) la relación de honoris causa otorgados y de profesores honorarios, y d) la relación de alumnos becados, tanto en los niveles ordinarios como de post grado.


S.
CÉSAR LANDA ARROYO 

[1] En la STC N° 4232-2004-PA (fundamento N° 20), el Tribunal señaló que a las universidades les corresponde "realizar el servicio público de la educación mediante la investigación, la docencia y el estudio, teniendo como .funciones, entre otras, las de creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica, de las artes y de la cultura, así como las de difusión, valorización y transferencia del conocimiento para lograr una mayor calidad de vida, desarrollo económico y el fomento de la solidaridad, la ética y el civismo".
[2] En la demanda respectiva (que corre de fojas 8 a 14 del expediente), el demandante solicita el acceso a información referida a 21 temas, entre los cuales, a modo ilustrativo, se pueden mencionar los siguientes: a) La información presupuestal que incluya datos de los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y del personal en general de la Universidad, así como sus remuneraciones, que fueron aprobados en cada ejercicio presupuestal anual, b) Las adquisiciones de bienes y servicios realizados, con el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos, año por año, e) Actividades que desarrollaron los altos funcionarios de la Universidad Ricardo Palma, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos de nivel subsiguiente, d) Egresos que la Universidad Ricardo Palma ha tenido como consecuencia de procesos judiciales, con el nombre de los abogados de tales procesos.

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