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00395-2005-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

El demandante solicita diversos documentos a la Municipalidad Provincial Contralmirante Villar – Zorritos. En sede judicial se declara fundada la demanda en primera instancia, pero se revoca y declara improcedente en segunda, aduciendo que la información no ha sido denegada o prohibida, sino que está a disposición del demandante, previo pago de la tasa correspondiente. Sin embargo, el TC identifica que la información puesta a disposición es parcial, por lo que declara fundada la demanda.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Tumbes
  • Demandado: 
  • Municipalidad Provincial Contralmirante Villar – Zorritos

  • Fecha de la sentencia: 
  • 04/03/2005
  • Magistrados: 
  • César Landa Arroyo
  • Juan Vergara Gotelli
  • Javier Alva Orlandini
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Normas aplicadas: 
  • Sentencias Relacionadas del Tribunal Constitucional del Perú: 
  • Descargable(s): 
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Expediente

EXP. N.° 0395-2005-PHD
TUMBES
EDUARDO PANTA ECHE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Bagua Chica, a los 4 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Panta Eche contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 70, su fecha 6 de diciembre de 2004, que declara improcedente la acción de hábeas data de autos.

ANTECENDENTES

Con fecha 9 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra la Municipalidad Provincial Contralmirante Villar – Zorritos, solicitando que cumpla con exhibir y entregar la siguiente información: a) relación de las adjudicaciones directas o indirectas (selectiva menor cuantía), adjuntando los contratos de obra y anexos desde 1999 hasta el 2003; b) obras adjudicadas y ejecutadas desde 1999 hasta el 2004, con sus respectivos contratos de obra y documentación anexa; c) anexos de la documentación sustentatoria de los inventarios y balances desde 1999 hasta el 2003. Manifiesta que la demandada, en forma arbitraria y negligente, ha venido haciendo caso omiso a las solicitudes de requerimiento de información sobre supuestas obras donde, aparentemente, se estaría dilapidando el dinero del Estado y de la municipalidad, siendo conocido que se vienen sobrevalorando las obras, no siendo ejecutadas; se ejecutan a medias, o se realizan contraviniendo el contrato respectivo.

La emplazada contesta la demanda manifestando que mediante Carta N° 001-2003-GDU-MPCVZ se ha remitido la información sobre el estado de las obras construidas en el periodo especificado y que los costos para la entrega de las copias solicitadas deben ser cubiertas por el solicitante, según lo establece la Ley N° 27806. Refiere que la información solicitada asciende a 46.397 fotocopias, cuyo valor debe ser depositado como derecho municipal a tenor de lo establecido en el TUPA de la municipalidad.

El Primer Juzgado Civil de Tumbes, con fecha 8 de junio de 2004, declarar fundada la demanda argumentando que no existe prueba alguna que acredite que la emplazada ha cumplido con remitir la información solicitada por el demandante, y que no ha precisado el costo que demandaría la expedición de las copias certificadas. De otro lado, estima que la información solicitada, por su naturaleza, se encuentra en poder de la emplazada, la que no ha expresado excusas razonables para no remitirla.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda aduciendo que la información solicitada por el demandante no ha sido, en ningún momento, prohibida o denegada, sino que más bien la demandada ha precisado que el recurrente debe abonar el costo de las 46.397 fotocopias (10 céntimos por hoja), suma que el recurrente considera excesiva ya que su situación económica no le permite sufragar dicho gasto, razón por la cual no se le hace entrega de la información requerida.

FUNDAMENTOS

1        El inciso 5) del artículo 2° de la Constitución declara que toda persona tiene derecho “A solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”. La Constitución ha consagrado en estos términos el derecho fundamental de acceso a la información, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento del derecho que le asiste a toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, no existiendo, por tanto, entidad del Estado o persona de derecho público, excluida de la obligación respectiva.

2        Este Tribunal se ha pronunciado respecto a los alcances del derecho en cuestión en la STC 1797-2002-HD/TC, señalando que “ [...] el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información  que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. [...] En segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna [...]. Desde este punto de vista, la información sobe la manera como se maneja la res pública termina convirtiéndose en un autentico bien público o colectivo que ha de estar al alcance de cualquier individuo”. Como se observa, desde ambas perspectivas, el derecho de acceso a la información pública se sustenta en una cotitularidad inherente a todos los ciudadanos sobre el manejo de la información que se encuentre en poder o se origine en el Estado.

3        Es cierto que el ejercicio de este derecho tiene límites, ya que “se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”. Sin embargo, no teniendo la información solicitada relación alguna con la seguridad nacional, y al no existir ley que prohíba la entrega de información, resulta aceptable el pedido del recurrente.

4        Cabe señalar que si bien es cierto que la municipalidad emplazada, mediante carta obrante a fojas 22 de autos, ha remitido una información parcial al recurrente sobre la cantidad y el estado de las obras que ha realizado la administración edil en el periodo comprendido de 1999 al 2003, ésta resulta una información parcial.

5        Asimismo, debe precisarse que el artículo 17 de la Ley N° 27806 (Ley de transparencia y acceso a la información pública) estipula, con respecto al procedimiento para la solicitud de información, que “ El solicitante deberá abonar el importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida, en concordancia con el segundo párrafo del citado artículo que establece que “ El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Pública”.

6        De acuerdo con lo dicho, este Colegiado considera que la demanda debe estimarse, en tanto no existe impedimento alguno para que el emplazado brinde el acceso a la información pública generada en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando se trate de información que no esté prohibida expresamente en la ley y que se cumpla con el abono del costo que suponga el pedido.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena que la emplazada proceda a la exhibición de la documentación solicitada, y que se la entregue al demandante previo cumplimiento del pago de las copias fotostáticas y la correspondiente certificación solicitada, derechos que se abonarán conforme a lo establecido en el TUPA de la municipalidad emplazada.

Publíquese y notifíquese.

SS.
ALVA ORLANDINI
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

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