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04530-2008-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

Se solicita a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) copias certificadas del expediente coactivo N.º 16306008202. En primera instancia se declaró la conclusión del proceso sin pronunciarse sobre el fondo, debido a que se constató que el emplazado entregó las copias solicitadas durante el desarrollo del proceso constitucional; en segunda instancia se confirma la sentencia. El Tribunal declara improcedente la demanda al considerar que con la entrega de la información, el acto lesivo cesó con posterioridad a la presentación de la demanda, por lo que corresponde declarar su improcedencia.

Expediente

EXP. N.° 04530-2008-PHD/TC
CAJAMARCA
SEGUNDO MARCIAL
MINCHAN BRIONES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de febrero de 2009 

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró sin objeto la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1.  Que con fecha 29 de octubre de 2007 don Segundo Marcial Minchan Briones interpone demanda de hábeas data contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) con la finalidad de que se le entregue copias certificadas de todo lo actuado en el expediente coactivo N.º 16306008202, las que fueron previamente solicitadas a la entidad demandada mediante documento de fecha cierta del 19 de julio del 2007, pero que no le fueron entregadas una vez culminado el plazo legal previsto para tal efecto. El 21 de noviembre de 2007 la entidad emplazada contestó la demanda aduciendo –entre otros aspectos- el no cumplimiento por parte del demandante del requisito especial previsto en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional, por lo que solicitó declarar improcedente la demanda.

2.  Que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, mediante resolución del 24 de enero de 2008, declaró la conclusión del proceso sin pronunciarse sobre el fondo, debido a que se constató que el emplazado entregó las copias certificadas del expediente administrativo solicitado durante el desarrollo del proceso constitucional. En tal sentido expresó que la pretensión del recurrente se había sustraído del ámbito jurisdiccional, por lo que declaró concluido el proceso. La Sala Especial en lo Civil de la Corte Superior de Justicia Cajamarca, mediante resolución del 14 de julio de 2008, confirmó la apelada y estableció que en el presente caso no correspondía aplicar el segundo párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitucional, que dispone la posibilidad de declarar fundada una demanda si luego de presentada el acto lesivo invocado cesa o deviene en irreparable.

A)    Contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de acceso a la información

3.  Que el derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el artículo 2º, inciso 5 de la Constitución de 1993. Asimismo, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra reconocido en el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (sentencia del caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre de 2006, fundamento 77).

4.  Que en términos generales, este derecho consiste en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder de las entidades estatales, quienes se encuentran obligadas a entregarla, salvo en los casos en donde sea posible invocar alguna excepción, de conformidad con lo previsto en la Constitución de 1993 y el TUO de la Ley 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la información pública). Sobre los alcances de este derecho, el artículo 61º del Código Procesal Constitucional dispone que el proceso de hábeas data puede ser empleado para:

“Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material”.

5.  Que en el presente caso el demandante solicita acceder a copias certificadas de todo lo actuado en el expediente coactivo N.º 16306008202, información que se encuentra en poder de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Se trata, en consecuencia, de un pedido relacionado con el contenido del derecho fundamental de acceso a la información.

B) Cumplimiento del requisito especial de la demanda

6.  Que de acuerdo al artículo 62º del Código Procesal Constitucional, para la procedencia del hábeas data se requiere que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de su derecho de acceso a la información.

7.  Que en el presente caso, mediante carta de 19 de julio de 2007, que consta a fojas 1B del expediente y cuya existencia es reconocida por la entidad demandada a fojas 22, se solicitó a esta última el acceso a copias certificadas de todo lo actuado en el expediente coactivo N.º 16306008202. Desde la presentación de la mencionada solicitud (19 de julio de 2007) hasta la fecha de interposición de la demanda (29 de octubre del 2007), la entidad demandada no dio respuesta a lo solicitado.

8.  Que en este sentido ha quedado acreditado que el demandante cumplió con el requisito especial para la procedencia de las demandas de hábeas data previsto en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional.

C) Evaluación sobre la existencia de alguna causal de improcedencia

9.  Que las instancias previas que conocieron la demanda de hábeas data coincidieron en señalar que en el presente caso, durante el desarrollo del proceso, la entidad demandada procedió a entregar a la parte demandante la información solicitada, por lo que declararon la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo.

10. Que esta decisión es acorde con diversos pronunciamientos del Tribunal respecto a aquellos procesos de hábeas data en los que, luego de presentada la demanda, la información solicitada es entregada al demandante. En estos casos, el Tribunal ha declarado la improcedencia de las demandas respectivas, por considerar que se ha producido la sustracción de la materia[1].

11. Que sin embargo el demandante sostiene en su recurso de agravio constitucional que en el presente caso corresponde declarar fundada la demanda, en aplicación del segundo párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitucional, el cual señala:

“Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22º del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda”.

12. Que para dar respuesta a lo solicitado por el demandante, es importante realizar algunas precisiones relacionadas con las causales de improcedencia previstas en el Código Procesal Constitucional (en adelante el Código), respecto a aquellas situaciones en las que el acto lesivo invocado cesa o deviene en irreparable.

13. Que se entiende por cese del acto lesivo aquella situación por medio de la cual la acción u omisión que origina una amenaza o violación de un derecho fundamental deja de producirse por parte de quien la estaba llevando a cabo. De otro lado, se entiende por irreparabilidad aquella situación por medio de la cual no se pueden reponer las cosas al estado anterior a la amenaza o violación de un derecho fundamental.

14. Que si el acto lesivo de un derecho fundamental cesó o devino en irreparable antes de que se presente la demanda de tutela de derechos fundamentales, ésta deberá ser declarada improcedente, en tanto no existe ningún problema concreto que analizar. El Código Procesal Constitucional ha establecido este supuesto como una causal de improcedencia en el artículo 5º, inciso 5º, el cual señala que no proceden los procesos constitucionales cuando: “A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable”.

15. Que si el acto lesivo de un derecho fundamental cesó o devino en irreparable luego de presentada la demanda de tutela de derechos fundamentales, corresponde también declararla improcedente, en tanto tampoco existe –al momento de resolver- ningún problema concreto que analizar. Sobre este tema el Código Procesal Constitucional no se pronuncia de forma expresa en el artículo 5º, dedicado a establecer las causales de improcedencia en los procesos de tutela de derechos fundamentales. A pesar de esta omisión, como se señaló anteriormente, el Tribunal ha establecido a través de su jurisprudencia que en los supuestos de cese del acto lesivo, corresponde declarar improcedente la demanda por sustracción de la materia.

16. Que sin embargo el Código ha previsto de forma expresa que no en todos los supuestos en que el acto lesivo cesó o devino en irreparable luego de presentada la demanda corresponde declarar su improcedencia. En este sentido ha establecido la potestad de la autoridad jurisdiccional para que, atendiendo a las particularidades de cada caso concreto, puede emitir un pronunciamiento estimatorio sobre el fondo de la controversia. Esta facultad tiene por objetivo evitar que actos similares puedan reiterarse en el futuro. Se trata por lo tanto de una opción legislativa acorde con el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece como una de las finalidades de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, lo que también se obtiene a través de una tutela procesal preventiva. Cuando se declara fundada una demanda de este tipo no se hace con el objeto de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales (lo cual es imposible), sino con el propósito de evitar que las mismas conductas se vuelvan a repetir (STC N.° 603-2004-AA, fundamento N.º 4) [2].

17. Que para este Colegiado la aplicación del segundo párrafo del artículo 1º del Código obliga al juez a realizar una adecuada ponderación de los derechos y valores inmersos en el conflicto constitucional, y evaluar si resulta necesario en el caso concreto la aplicación de la tutela procesal preventiva en sede constitucional, que permitiría resguardar los derechos fundamentales de una lesión futura. 

18. Que en el presente caso, como ha quedado acreditado a fojas 34 del expediente, la entidad demandada (SUNAT) hizo entrega al demandante de las copias solicitadas, referidas al expediente coactivo N.º 16306008202. Este hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2007, es decir, luego de presentada la demanda y antes de la expedición del fallo de primer grado. En este sentido, el acto lesivo cesó con posterioridad a la presentación de la demanda, por lo que corresponde declarar su improcedencia, como lo han hecho las instancias previas del Poder Judicial que conocieron el caso y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre casos similares.

19. Que de acuerdo con lo planteado por el demandante en el recurso de agravio constitucional, en este caso debería declararse fundada la demanda y aplicarse lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitucional. Solicita por lo tanto la aplicación de una excepción a la regla general. Sin embargo, no señala justificación alguna para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, en la perspectiva de prevenir que una afectación similar de los derechos invocados se presente en el futuro.

20. Que asimismo, de los escritos presentados por la parte demandada durante el desarrollo del proceso no se puede deducir que ésta considere que el acceso a la información solicitada se enmarque dentro de alguna causal de excepción prevista en el TUO de la Ley 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la información pública), lo cual hubiese constituido un elemento a considerar para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, ordenando a la entidad demandada que no vuelva a denegar el pedido de información aduciendo una errónea interpretación de la norma sobre la materia. Sin embargo, tal situación no ha ocurrido en el presente caso.

21. Que dado que el acto lesivo cesó luego de presentada la demanda y atendiendo a que el Tribunal no estima que en el presente caso deba aplicarse el segundo párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitucional, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas data interpuesta por Segundo Marcial Minchan Briones contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Publíquese y notifíquese.

SS.
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
ÁLVAREZ MIRANDA


[1] Se pueden ver al respecto las resoluciones del Tribunal recaídas en los siguientes expedientes: 7434-2006-HD/TC (caso Margarita del Campo Vegas y otro), 3796-2005-HD/TC (caso Cecilia Mendoza Fabián) y 7309-2006-HD/TC (caso Ángel Chonlon), todas ellas invocadas por la parte demandada en sus alegatos escritos.
[2] En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es posible encontrar casos en los que se ha aplicado el segundo párrafo del artículo 1º del Código. A modo de ejemplo se puede citar la STC N.º 5490-2007-HC .(caso Elvito Rodríguez Domínguez), publicada el 24 de marzo del 2008 en la página web del Tribunal Constitucional. En este caso, el demandante inició un proceso de hábeas corpus  por considerar que el juez penal emplazado había vulnerado su derecho a la libertad personal al dictar contra su persona un auto de apertura de instrucción con mandato de detención, sin que concurran los requisitos establecidos en el artículo 135° del Código Procesal Penal. En el transcurso del proceso, el mandato de detención fue variado por el de comparecencia; sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que pese a haber cesado el acto lesivo resultaba necesario proceder al reconocimiento del derecho fundamental invocado, así como establecer que el agravio cometido contra el demandante por las autoridades que dieron cumplimiento a la orden de detención constituyó un grave atentado contra los derechos constitucionales a la dignidad, al honor y a la presunción de inocencia. En este sentido, declaró fundada la demanda y ordenó a “los efectivos policiales de la División de Estafas y otras Defraudaciones (DIRINCRI-DIVIEOD-D5) y (al) Juez del Quincuagésimo Sexto Juzgado Penal de Lima abstenerse de cometer actos similares al que motivó la presente demanda, bajo apercibimiento de aplicárseles las medidas coercitivas previstas en el artículo 22º del Código Procesal Constitucional”.
 

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