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04339-2008-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

Se solicita a Lan Perú S.A información sobre el tipo o naturaleza de los reclamos interpuestos relacionados con el servicio público que brinda, así como de los reclamos que han sido solucionados y no solucionados (por ende derivados a otras instancias o instituciones) en los dos últimos años. En primera instancia se declara fundada la demanda. En segunda instancia se declara improcedente la demanda por considerar que no se ha cumplido con el requerimiento de información de acuerdo a lo ordenado por el artículo 62 del Código Procesal Constitucional. El Tribunal declara fundada la demanda al considerar que la información solicitada es de naturaleza pública, pues se encuentra vinculada a la administración del servicio público que ejerce la emplazada.

Expediente

EXP. Nº 4339-2008-PHD/TC
LIMA
FANNY RAMÍREZ
QUIROZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 30 días del mes de setiembre del año 2008, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Fanny Ramírez Quiroz contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 121, su fecha 8 de mayo del 2008 que, confirmando la apelada declaró improcedente la demanda interpuesta.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de enero del 2008, doña Fanny Ramírez Quiroz interpone demanda de hábeas data contra la empresa Lan Perú S.A., con la finalidad de que se le proporcione información sobre el tipo o naturaleza de los reclamos interpuestos relacionados con el servicio público que brinda; asimismo le informe de aquellos que han sido solucionados y no solucionados (por ende derivados a otras instancias o instituciones) en los dos últimos años; solicita además se le ordene a la demandada el pago de costas y costos del proceso por haberse negado a su entrega, afectando de este modo su derecho de acceso a la información pública.

La empresa Lan Perú S.A. contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente ya que a pesar de ser una persona jurídica que presta servicios públicos, no ejerce función administrativa, y que por consiguiente sólo se encuentra obligada a brindar a terceros información relacionada a: i) las características de tales servicios públicos, entendiéndose entre estos las rutas, frecuencias y horarios de los respectivos vuelos; y ii) sus tarifas, todo lo cual se encuentra ampliamente descrito y detallado en su página web.

El 41 Juzgado Civil de Lima, a través de la Resolución Nº 9, de fecha 29 de agosto del 2007, declara fundada la demanda de hábeas data, por considerar que lo pretendido se encuentra protegido por el derecho de acceso a la información pública.

La recurrida, mediante Resolución Nº 3, emitida el 8 de mayo del 2008, declara improcedente la demanda por considerar que no se ha cumplido con el requerimiento de información de acuerdo a lo ordenado por el artículo 62 del Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

PETITORIO

1.      Conforme aparece del petitorio de la demanda se pretende que la Empresa Lan Perú S.A. brinde información a la recurrente sobre: 1) el tipo o naturaleza de los reclamos que se hayan interpuesto; 2) el número de reclamos solucionados; y, 3) el número de reclamos no solucionados, derivados a otras instancias o instituciones en los dos últimos años; además se ordene el pago de las costas y costos del proceso a la demandada, toda vez que se negó a atender su solicitud, vulnerando de este modo su derecho al acceso a la información pública reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

I. ASPECTOS DE FORMA
a) Sobre el cumplimiento  del requerimiento de documento de fecha cierta

2.      De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia y habida cuenta del temperamento desestimatorio asumido por la recurrida, este Colegiado considera pertinente pronunciarse sobre tal extremo. La citada resolución concluye que la demandante no ha cumplido con el requisito especial para la presentación de la demanda de hábeas data (requerimiento de información a la entidad obligada mediante documento de fecha cierta) ya que si bien es cierto que el documento dirigido por la actora a la Empresa Lan Perú S.A., fue recepcionado por esta empresa el 13 de diciembre de 2006, dicho documento no se encuentra inmerso en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 245 del Código Procesal Civil, para ser considerado como documento de fecha cierta que como tal cause convicción al juzgador.

3.      Este Colegiado no comparte el criterio señalado, toda vez que no se ha tomado en consideración el rol que desempeña la justicia constitucional en aras de garantizar una efectiva vigencia de los derechos fundamentales. En dicho contexto no debe pasarse por alto que la citada variable jurisdiccional se sustenta en una serie de principios esenciales, uno de los cuales es el llamado pro actione.

4.      La existencia de este principio en nuestro ordenamiento procesal constitucional exige a los juzgadores interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido que resulte más favorable a la plena efectividad del derecho reclamado, con lo cual, frente a la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción. De este modo, la interpretación siempre debe ser la más optimizadora en la lógica de posibilitar el acceso de los justiciables a la tutela jurisdiccional plena y efectiva.

5.      De acuerdo con lo señalado precedentemente, la opción del legislador al regular como prepuesto procesal la presentación de una solicitud de información mediante documento de fecha cierta, a fin de interponer una demanda de hábeas data, no implica entender el citado documento tal cual lo establece la regulación procesal civil, ya que existen casos en los cuales se hace innecesario que el demandante cumpla con esta carga procesal a fin de que su derecho reciba una adecuada tutela, pues se entiende que existen otros mecanismos que pueden establecer una plena certeza en el juzgador.

6.      Este Tribunal considera que el documento presentado por la recurrente, en el que se aprecia una firma y sello de la entidad demandada, constituye un documento que crea certeza al juzgador constitucional sobre la existencia del mismo y sobre la finalidad que este intrínsecamente guarda, como es la de poner en conocimiento en determinada fecha a los demandados de la existencia del pedido de información que se les está efectuando.

7.      Por consiguiente, ha quedado acreditado que la demandante cumplió con el requisito especial de la demanda establecido en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional.

II. ASPECTOS DE FONDO
a)   Ámbito protegido del derecho de acceso a la información “pública”

8.      El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido no sólo en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución de 1993, sino también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habiendo sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77.

9.      En términos generales, consiste este derecho en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales. En lo que respecta al acceso a la información que se encuentra en poder de entes no estatales, es decir, personas jurídicas de derecho privado, no toda la información que posean se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que realizan es posible que puedan tener alguna que sea de naturaleza pública, y por ende exigible y conocible por el público en general. En este contexto las personas jurídicas a quienes puede solicitarse este tipo de información son aquellas que, pese a encontrarse bajo el régimen privado, prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de acuerdo con lo establecido en el inciso 8 del artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

10.  De conformidad con el fundamento jurídico Nº 7 de la Sentencia recaída en el expediente Nº 00390-2007-PHD/TC, las personas jurídicas privadas que efectúen servicios públicos o efectúan funciones administrativas están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen. Lo que supone que la información accesible siempre habrá de referirse a alguno de estos tres aspectos y no otros, siendo este el ámbito de información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado.

b) Naturaleza del servicio de transporte aéreo

11.  El transporte aéreo, debido a su naturaleza regular y a su finalidad en pro de satisfacer determinadas necesidades sociales, repercute sobre el interés general, y debe por tanto ser considerado como un servicio de naturaleza pública. Por ello, aquella información que se encuentre estrechamente vinculada con este servicio debe ser brindada a cualquier ciudadano que así lo solicite, ya que de lo contrario dichos actos se configurarían como lesivos al derecho fundamental de acceso a la información.

c) Análisis del caso materia de controversia constitucional

12.  En tal sentido, este Colegiado estima que la información solicitada sobre el tipo o naturaleza de los reclamos que se hayan interpuesto con relación al servicio público de transporte aéreo; así como el número de reclamos solucionados y no solucionados, derivados a otras instancias o instituciones en los dos últimos años, se encuentran vinculados a la administración del servicio público que ejerce la emplazada.

13.  Debe, en todo caso, precisarse que la información a entregar es de carácter preexistente, esto es, la que se encuentre en posesión de la emplazada contenida en documentos escritos, soporte magnético o digital o en cualquier otro formato; ello, en aplicación del artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

14.  Que por consiguiente y habiéndose verificado la vulneración al derecho fundamental reclamado, la presente demanda deberá estimarse, otorgando al efecto la tutela constitucional correspondiente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1.      Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data interpuesta por doña Fanny Ramírez Quiroz por haberse acreditado la vulneración del derecho de acceso a la información publica.

2.      Ordena a la Empresa Lan Perú S.A. que proporcione a la recurrente la información completa preexistente sobre: 1) el tipo o naturaleza de los reclamos que se hayan interpuesto; 2) el número de reclamos solucionados; y, 3) el número de reclamos no solucionados, derivados a otras instancias o instituciones en los dos últimos años;  previo pago del importe correspondiente para su emisión, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM). Asimismo, ordena que el juez ejecutor determine el pago de costas y costos del proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ

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