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00313-2013-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

Se solicita a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) copia del Oficio N.º 326-FIECS-2011 y sus anexos. La Universidad demandada alega que el peticionario no presentó su solicitud de acuerdo a lo estipulado en el TUPA, pues no la dirigió al Secretario General ni adjuntó el recibo de pago correspondiente. En primera instancia se declara fundada la demanda, pero es revocada en segunda instancia por la Sala revisora que estimó que de acuerdo al TUPA el peticionario debió dirigir su solicitud al Secretario General de la Universidad. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda al considerar que, en aplicación de los principios de impulso de oficio, informalidad y razonabilidad, la Universidad demandada debió haber indicado al actor quién era el funcionario responsable de brindar información y debió haber encauzado la solicitud en la vía procedimental adecuada.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Lima
  • Demandado: 
  • Decano de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIECS-UNI)

Expediente

EXP. N.° 00313-2013-PHD/TC
LIMA
JAVIER ENRIQUE
SICCHAR VALDEZ
 
           

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 
En Lima, a los 10 días del mes de junio de 2013, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia.
 

ASUNTO

 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Enrique Sicchar Valdez contra la resolución de fojas 114, su fecha 15 de octubre de 2012, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.
 

ANTECEDENTES

 
Con fecha 14 de julio de 2011 el actor interpone demanda de hábeas data contra el decano de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIECS-UNI), Víctor Valdivieso Benavides. Solicita que se expida y se haga entrega de las copias del Oficio N.º 326-FIECS-2011, de fecha 20 de junio de 2011, y de los documentos adjuntados al mismo referentes al informe sobre el procedimiento seguido en la FIECS-UNI en relación con la sustentación de la tesis para optar el grado académico de maestro por parte del demandante y del ingeniero César Cetraro Cardó ante la sección de posgrado de la mencionada unidad académica, conforme a lo ordenado por la parte final de la Resolución Rectoral N.º 812, de fecha 30 de mayo de 2011.
 
El demandado contesta la demanda argumentando que el actor no cumplió con presentar su solicitud de manera debida y conforme lo establece el procedimiento treinta y seis del Texto Único de Procedimientos Administrativos 2008, sobre acceso a la información de usuarios internos. Así, alega que la solicitud fue dirigida erróneamente al decano de la FIECS-UNI, en lugar de remitirla al secretario general de la UNI; además no se adjuntó recibo de pago alguno y no se inició el trámite en la mesa de partes. De igual forma, alega que el actor habría incurrido en una falta de agotamiento de la vía previa, ya que de acuerdo al Texto Único Ordenado (TUO) de la UNI debía recurrir el oficio que rechazó su solicitud, siendo el decano quien resuelve en última instancia.
 
El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda considerando que el actor cumplió con los requisitos de procedibilidad y que la documentación solicitada no estaba referida a aspectos personalísimos de terceras personas que pudieran afectar su intimidad, la información solicitada no comprometía la seguridad interna o externa del país, ni estaba excluida expresamente por norma alguna. Estima además que el supuesto incumplimiento del procedimiento establecido en el Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) de la emplazada no estaría en consonancia con el principio de supremacía constitucional, ya que no puede establecerse un procedimiento administrativo que restringa la eficacia de los derechos fundamentales. En suma, concluye que la información no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.º 27803), por lo que declara fundada la demanda.
 
La Sala revocó la resolución apelada y declaró improcedente la demanda estimando que el accionante remitió la solicitud al decano de la FIECS-UNI, no siendo éste el funcionario responsable de brindar información pública de la Universidad y que tal funcionario recomendó que acuda al Consejo Universitario a realizar su solicitud. Se sostuvo además que de acuerdo al TUPA de la Universidad el requerimiento debía ser efectuado en la Secretaría General de la Universidad y no ante el decano de la FIECS, como erróneamente lo hizo el actor.
 

FUNDAMENTOS

 
Delimitación del petitorio
 
1.        El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la Constitución, los cuales establecen, respectivamente, que “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad  personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”; y “[…] que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”.
 
2.        El recurrente solicita mediante carta del 28 de junio de 2011 que se le entregue copia del Oficio N.º 326-FIECS-2011, de fecha 20 de junio de 2011 (fojas 4) y de los documentos adjuntados al mismo referentes al informe sobre el procedimiento seguido en la FIECS de la UNI. Alega que ello lo hace en virtud del derecho de acceso a la información pública.
 
Cuestiones previas
 
3.        El artículo 62º del Código Procesal Constitucional dispone que para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto del derecho de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Asimismo indica que se requiere que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud tratándose del derecho reconocido por el artículo 2, inciso 5), de la Constitución, o dentro de los dos días si se trata del derecho reconocido por el artículo 2, inciso 6), de la Constitución.
 
4.        A fojas 3 se aprecia una carta del actor de fecha 28 de junio de 2011, mediante la cual solicita la documentación referida en el fundamento precedente. Dicha solicitud fue rechazada mediante Oficio N.º 376/FIECS-UNI-2011, de fecha 11 de julio de 2011. Por consiguiente, el demandante cumplió el requisito especial establecido en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional y el emplazado denegó tal solicitud.
 
5.        De igual modo, el emplazado ha indicado en la contestación de la demanda que el actor no habría cumplido con agotar la vía previa, argumento que debe rechazarse en aplicación del referido artículo 62º que establece que “no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir”.
 
Análisis de la controversia
 
6.        El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM), cuyo artículo 3º, inciso 1), indica que: “Toda información que posea el Estado se presume pública salvo las excepciones expresamente previstas por el Artículo 15 de la presente Ley”. Se excluye del alcance de este derecho aquella información que afecte la intimidad personal, la seguridad nacional y la que expresamente se excluya por ley. De otro lado, su artículo 10º dispone que las entidades públicas tienen las obligaciones de proveer información “siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control”.
 
Designación de funcionario responsable
 
7.        Mediante Oficio N.º 376/FIECS-UNI-2011, de fecha 11 de julio de 2011 (fojas 4) el demandado contestó la solicitud de acceso a la información pública, indicando que no es el funcionario responsable de brindar información pública de la UNI y que tal designación se formaliza por la máxima autoridad de la entidad, conforme al artículo 8º del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así, el emplazado ha esgrimido dos argumentos para rechazar el pedido de información. De un lado, explica que no está facultado para entregar la información solicitada por no ser el funcionario designado por la institución; de otro lado, explica que el ahora demandante debió seguir el procedimiento establecido en el TUPA de la UNI, iniciando el trámite en la mesa de partes de la Administración Central de la UNI, dirigiendo su solicitud al secretario general, adjuntando el recibo de pago correspondiente.
 
8.        Tales argumentos pretenden demostrar que el emplazado no cumplió con entregar la información solicitada por no estar facultado para remitir ningún documento de acuerdo a lo establecido en el TUPA de la UNI. Para ello adjunta copia de la sección del TUPA-2008 (fojas 16), que establece que la solicitud de acceso a la información de usuarios internos debe estar dirigida al secretario general. Debe comprenderse que la determinación de un funcionario designado para entregar la información tiene como uno de sus objetivos identificar al responsable de tal tarea y poder sancionarlo, en caso de que no proporcione tal información. Con ello la norma plantea desincentivos para que los funcionarios se abstengan de no entregar la información pública relevante.
 
9.        De otro lado es importante tomar en consideración que el último párrafo del artículo 11º, literal b), del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estipula que en el caso de que se solicite información que la entidad de la Administración Pública no posea pero cuya ubicación y destino conozca, ello deberá ser puesto en conocimiento del solicitante. Si la Administración no actúa conforme a ello incurrirá en responsabilidad (4912-2008-HD/TC).
 
El encausamiento al correcto procedimiento como contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública
 
10.    En el presente caso, efectivamente se aprecia que la solicitud de acceso a la información pública se dirigió al decano de la FIECS-UNI y no al secretario general de la UNI. Por ello el emplazado contestó argumentando lo mencionado en el Oficio N.º 376/FIECS-UNI-2011. Sin embargo, tal como se ha advertido en las SSTC 04012-2009-PHD/TC y 03314-2012-PHD/TC, este Tribunal  ha planteado otra interpretación de la normativa que regula el derecho a la información. En dichas sentencias el Tribunal consideró que en aplicación de los principios de impulso de oficio, informalidad y razonabilidad (Ley N.º 27444, artículo IV, incisos 1.3, 1.4 y 1.5), así como de los principios de celeridad y economía procesal inherentes al debido proceso se exige de la Administración y de sus funcionarios una conducta proactiva cuando se trate de facilitar el acceso a la información pública. Así, los funcionarios no designados para la entrega de la información pública no solo deben indicar cuál es el procedimiento correcto, identificando al funcionario responsable de la entrega de la información (artículo 11º, literal b), del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) sino que además deben encauzar la petición a la vía procedimental adecuada dentro de la institución. Es por ello que la STC 03314-2012-PHD/TC estableció que:
 
[...]el no reencauzamiento del pedido del actor hacia el procedimiento respectivo y al funcionario competente […] lesionó por omisión el derecho de acceso a la información pública del demandante, pues dicha conducta evitó, sin justificación alguna, que éste tuviera acceso a las documentos que solicitó y que fueron elaborados por el propio emplazado.
 
11.    En efecto, en el caso de autos el emplazado justifica su actuación en una comprensión formal que deja de lado la aplicación de los principios de impulso de oficio, informalidad y razonabilidad, lo que no puede ser considerado como una respuesta constitucionalmente legítima para evitar el suministro de la información. En consecuencia debe atenderse la solicitud de acceso a la información pública, de fecha 28 de junio de 2011 planteada por el demandante.
 
12.    En la medida en que en el presente caso se ha evidenciado la lesión del derecho invocado, corresponde ordenar que el emplazado asuma el pago de los costos procesales en atención a lo dispuesto por el artículo 56º del Código Procesal Constitucional. Dichos pagos deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.
 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
 

HA RESUELTO

 
1.      Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la afectación del derecho de acceso a la información pública.
 
2.      ORDENAR al decano de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería, Víctor Valdivieso Benavides, que atienda la solicitud contenida en el petitorio de la demanda, más el pago de los costos a favor del recurrente, lo que deberá determinarse en la etapa de ejecución de sentencia.
 
Publíquese y notifíquese.
 
 
SS.
 
VERGARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA

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