05/08/2014
02994-2013-PHD/TC El 26 de septiembre de 2011 se interpone un hábeas data contra la 20° Fiscalía Penal del Ministerio Público de Lima a fin de acceder a la "copia simple del cargo de recepción por parte del superior jerárquico del expediente fiscal N.º 416-2009-Cajamarca". El procurador público adjunto a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio Público solicita que se declare improcedente la demanda al haberse producido la sustracción de la materia, ya que el pedido de información fue atendido el 18 de octubre de 2011. El Tribunal Constitucional, en aplicación del artículo 1° del Código Procesal Constitucional, declara fundada la demanda porque el pedido de información fue atendido luego del vencimiento del plazo legal e incluso luego de la interposición de la demanda; advirtiendo a la entidad demandada que de reincidir en omisiones similares se aplicarán las multas previstas en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional.

05/12/2014
02830-2013-PHD/TC Se solicita al Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) copias simples de las actas de inspección e informes de fiscalización al predio de una tercera persona. La entidad demandada manifestó que el peticionario no acreditó representar a los titulares de la información solicitada. En primera instancia se declara fundada la demanda al considerar que se trata de información pública. En segunda instancia se revoca dicha decisión y se declara improcedente la demanda al considerar que la información solicitada está protegida por la reserva tributaria. El Tribunal Constitucional observa que, al tratarse de información protegida por la reserva tributaria, el demandante debió justificar su pedido de información y presentar el poder de representación que lo autorice a acceder a lo solicitado. En ese sentido, el Tribunal declara infundada la demanda pues si bien el demandante presentó copia simple del poder con la interposición del recurso de agravio constitucional, no cumplió con presentarlo en sede administrativa.

10/12/2014
02818-2013-PHD/TC Se solicita a un Centro de Salud el acceso directo a los archivos de control de asistencia y copia del libro de mesa de partes. En primera y segunda instancia se declara improcedente la demanda al considerar que el demandante no cumplió con solicitar previamente la información mediante documento de fecha cierta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aclara que la finalidad del documento de fecha cierta es constatar la falta de atención del pedido de información y éste no necesariamente debe contener un sello, fecha e identificación del órgano receptor. En ese sentido, al constatar que la solicitud de información fue respondida negativamente mediante dos memorandos, observa que el demandado si conoció el pedido de información y por lo tanto el demandante si cumplió con el requisito especial de la demanda que establece el artículo 62° del Código Procesal Constitucional; por ello, el Tribunal declara la nulidad de lo actuado y ordena al Juzgado admitir a trámite la demanda.

31/08/2015
02596-2013-PHD/TC Una madre solicita a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social la supresión del registro de su menor hija de la base de datos del servicio "Linea 100", aduciendo que su inclusión se debe a una denuncia anónima tendenciosa debido a que su esposo es autoridad pública. El Tribunal Constitucional, atendiendo al derecho de supresión reconocido en la Ley de Protección de Datos Personales y la finalidad y limites temporales de la base de datos del servicio "Linea 100", determina la legalidad de mantener los datos personales de la menor en dicho registro mientras el incidente se encuentre "en trámite"; instando a la entidad demandada a concluir con el examen de la denuncia y, de constatar su falsedad, proceder al archivo y posterior eliminación de su registro.

29/05/2014
02512-2013-PHD/TC El demandante interpone hábeas data contra la Jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) perteneciente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fin de que se le remita vía courier copia fedateada de diversos documentos. En primera y segunda instancia se rechaza la demanda al constatar que la información solicitada se encuentra a disposición del demandante, previo pago del costo de reproducción. El Tribunal Constitucional observa que si bien el demandante debe cancelar los costos de reproducción e incluso ir a las oficinas de la dependencia estatal de la cual solicita la información a fin de indagar sobre el costo de su pedido, resulta irrazonable que se le exija acudir a las oficinas de la ONPE en Lima cuando cuentan con oficinas en la ciudad de Chiclayo.