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01224-2007-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional



Resumen

Se solicita a la Universidad Nacional de Ucayali copia autenticada y legalizada de una queja interpuesta contra la recurrente por una alumna de dicha casa de estudios. En primera instancia se declara fundada la demanda por considerar que no existe investigación en trámite referida a la potestad sancionadora de la Administración Pública. En segunda instancia se declara improcedente la demanda argumentando que no se ha cumplido con el requisito del art. 62 del C. P. Constitucional. El Tribunal declara fundada la demanda al considerar que el demandante sí cumplió con los requisitos prescritos por el art. 62 citado, en tanto acompañó a su demanda el requerimiento de fecha cierta. Luego, por más que el demandante haya citado en su solicitud el art. 106 de la Ley 27444 y otras normas, ello no constituye una causal válida de improcedencia.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Ucayali
  • Demandado: 
  • Universidad Nacional de Ucayali

  • Fecha de la sentencia: 
  • 11/03/2009
  • Magistrados: 
  • Ernesto Álvarez Miranda
  • César Landa Arroyo
  • Juan Vergara Gotelli
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Tipo de Información: 
  • Pública
  • Normas aplicadas: 
  • Descargable(s): 
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Expediente

EXP. N.° 01224-2007-PHD/TC
PUCALLPA
MIGUEL ÓSCAR
LÓPEZ Y OJEDA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

            En Lima, a los 11 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Óscar López y Ojeda contra la sentencia del la Sala Especializada  en lo Civil y Afines de la Corte de Justicia de Ucayali, de fojas 276, su fecha 29 de enero de 2007, que declaró improcedente la demanda de hábeas data en autos.

 ANTECEDENTES

            Con fecha 10 de marzo de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra la Universidad Nacional de Ucayali, solicitando la entrega de información concerniente a la existencia o inexistencia de una queja presuntamente interpuesta por la alumna Cinthia Escobar Bolette y, de existir, se le extienda una copia autenticada y legalizada de dicho documento, considera que la denegatoria lesiona su derecho a la información y petición.

            Afirma el recurrente que tomó conocimiento que la mencionada alumna había formulado queja en su contra, cuestionando su cualidad personal y condición de docente, por lo que para verificar dicho hecho peticionó a la demandada le informe de su existencia; sin embargo, nunca recibió respuesta de parte de la demandada.

La Universidad demandada afirma haber atendido al demandante toda vez que el Director de la Escuela Profesional de Administración hace de su conocimiento la existencia de una denuncia interpuesta por la aludida alumna, siendo notificado de la misma.

            El Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de Coronel Portillo, con fecha 6 de junio de 2006, declara fundada la demanda por considerar que de autos no se ha acreditado que la información solicitada sea secreta, confidencial o reservada ni que exista investigación en trámite referida al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública.

            La Sala Superior revisora revocó la apelada y la declara improcedente por considerar que el demandante no ha cumplido con el requisito señalado en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

1.      Conforme se aprecia del petitorio de la demanda el objeto del presente proceso constitucional se dirige a que la demandada brinde al recurrente información concerniente a la existencia o inexistencia de una queja presuntamente interpuesta por la alumna Cinthia Escobar Bolette y, de ser afirmativa su existencia, se le extienda una copia autenticada y legalizada de dicho documento.

2.      El artículo 62º del Código Procesal Constitucional prescribe que:

“Para la procedencia del hábeas data sólo se requerirá que el demandante haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de su derecho y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud tratándose del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 5) de la Constitución, o dentro de los dos días si se trata del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 6) de la Constitución (…)”

3.      Este Colegiado considera que la resolución recurrida incurre en un error de apreciación, ya que el demandante sí cumplió con acompañar a su demanda el requerimiento de fecha cierta, como se desprende de  fojas 5. Así, en virtud del principio pro actione, en caso de existir dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la demanda, el juzgador constitucional no sólo se encuentra en la obligación de adecuar las exigencias formales a la finalidad del proceso, sino en la de presumir en forma favorable a su continuidad, como lo establecen con precisión los principios contenidos en los párrafos tercero y cuarto del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Por lo que el hecho de que el demandante haya amparado su requerimiento en el artículo 106 de la Ley 27444 y las normas de transparencia, no puede ser argumento que sustente la carencia del aludido requisito.

4.      El hecho de que después del requerimiento de fecha 1 de diciembre de 2005 la demandada no haya expedido la información solicitada, ha ocasionado la afectación del derecho de acceso a la información, más aún si la notificación de fecha 16 de enero de 2006, que obra en autos a fojas 10, solo comunica al demandante la existencia de la denuncia presentada por la alumna, mas no adjunta copia de la misma.

5.     En consecuencia la Universidad demandada ha debido proporcionar la información solicitada por el demandante, requiriendo el importe que demande su reproducción, conforme a lo prescrito por el artículo 20 de la Ley N. º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que “el solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida.  El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Pública.  Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes”.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1.      Declarar FUNDADA la demanda.

2.      Ordenar a la Universidad Nacional de Ucayali, que de haber denuncia formulada por la alumna Cinthia Escobar Bolette, contra Miguel Óscar López y Ojeda le expida una copia,  previo pago del costo correspondiente.

Publíquese y notifíquese.

SS.
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
ÁLVAREZ MIRANDA

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