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06109-2009-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional



Resumen

El recurrente solicita a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a se le entregue las constancias de sus aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones de 1965 a 1998. En primera instancia se declara infundada la demanda, por cuanto la ONP no administra las aportaciones efectuadas por los asegurados, ni tiene archivo de ello. En segunda instancia se declara improcedente la demanda. El tribunal declara fundada la demanda al considerar que en tanto la ONP no negó tener a su disposición la información solicitada se ha acreditado la violación del derecho de acceso a la información; más aún si de dicha información depende que el demandante acredite su derecho fundamental a la pensión.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Lambayeque
  • Demandado: 
  • Oficina de Normalización Previsional (ONP)

  • Fecha de la sentencia: 
  • 05/04/2010
  • Magistrados: 
  • Ricardo Beaumont Callirgos
  • Ernesto Álvarez Miranda
  • César Landa Arroyo
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Infundado
  • Normas aplicadas: 
  • Sentencias Relacionadas del Tribunal Constitucional del Perú: 
  • Descargable(s): 
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Expediente

EXP. N.° 06109-2009-PHD/TC
LAMBAYEQUE
OSWALDO GONZAGA 
MONDRAGÓN   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 5 días del mes de abril de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oswaldo Gonzaga Mondragón contra la resolución de 10 de noviembre de 2009 (folio 125), expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de hábeas data de autos.

ANTECEDENTES

El 13 de agosto de 2008 (folio 29), el recurrente interpone demanda de hábeas data contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se le entregue las constancias de sus aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones, del 1 de agosto de 1965 al 30 de junio de 1998. Considera que, pese a haber requerido a la emplazada la entrega de la referida información mediante documento de fecha cierta, de 25 de mayo de 2008, no ha obtenido respuesta; lo cual vulnera su derecho de acceso a la información.

El 24 de abril de 2009 (folio 79), la ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, toda vez que el recurrente no ha seguido el procedimiento establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la ONP, aprobado por Decreto Supremo N.º 141-2006-EF.    

El 11 de agosto de 2009 (folio 104), el Primer Juzgado Especializado Civil de Lambayeque declara infundada la demanda, por cuanto la ONP no administra las aportaciones efectuadas por los asegurados, ni tiene archivo de ello; más aún si dichas funciones han sido encargadas a otras entidades administrativas.

El 10 de noviembre de 2009 (folio 125), la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declara improcedente la demanda de hábeas data, en aplicación del artículo 5º, inciso 2, del Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

Precisión del petitorio de la demanda

1.    Del análisis de los Antecedentes que obran en autos, se colige que el demandante solicita que la ONP entregue las constancias de sus aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, efectuados del 1 de agosto de 1965 al 30 de junio de 1998. Antes de ingresar a la cuestión de fondo, el Tribunal Constitucional aprecia que en el presente caso el demandante ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional, tal como se puede ver en el folio 25 del expediente.

Análisis del caso concreto

2.    Como se ha señalado en la STC 07440-2005-HD/TC, estrechamente relacionado con el derecho a la información que tiene toda persona, previsto en el artículo 2, inciso 4, de la Constitución, el inciso 5 del mismo artículo prevé el acceso a esta información, pero en un ámbito específico, cual es la Administración Pública. Así, toda persona tiene derecho: “[a] solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”.

3.    Un derecho como este nos permite controlar la gestión pública, más aún cuando, según el artículo 39 de la Norma Fundamental, todos los funcionarios y servidores están al servicio de la nación, obligación de la cual no pueden sustraerse quienes laboran en la ONP. La información pública es necesaria para la formación de la opinión y la construcción de un debate informado, lo cual redunda en la posibilidad de la participación ciudadana en los asuntos públicos y en el fomento de la transparencia en la gestión del Estado, mejorando la calidad de sus instituciones y contribuyendo a su eficiencia.

4.    El derecho de acceso a la información pública debe ser concretizado. Por ello, este Colegiado, en la sentencia recaída en la STC 007-2003-AI, consideró que este derecho tiene dos manifestaciones correlativas. Por un lado, significa un atributo por el cual toda persona o ciudadano puede solicitar ante cualquier entidad u órgano público la información que requiera sin que para ello tenga que justificar su pedido. En un segundo extremo, facilita que el órgano o dependencia estatal requerido proporcione la información solicitada en términos, mínima o elementalmente, razonables, lo que supone que esta deberá ser cierta, completa, clara y, además, actual.

5.    Por otro lado, tal como lo tiene dicho este Tribunal, a través de los fundamentos 10 y 11 de la STC 1797-2002-HD, el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por una parte, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. A través de este derecho se posibilita que los individuos, aisladamente considerados, puedan trazar, de manera libre, su proyecto de vida, pero también el pleno ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, en su dimensión individual, el derecho de acceso a la información se presenta como un presupuesto o medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, tales como la libertad de investigación, de opinión o de expresión. En segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que puedan formarse una opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad auténticamente democrática.

6.    En el presente caso, una primera cuestión que debe poner en evidencia el Tribunal Constitucional es el hecho de que la ONP no haya dado una respuesta a la solicitud del demandante. Al respecto, es necesario recordar que la Administración Pública tiene la obligación de dar una respuesta (aunque esta sea negativa) a quien solicita una determinada información, pues “[t]odos los funcionarios públicos están al servicio de la Nación”, según señala el artículo 39º, de la Constitución. En ese sentido, la conducta omisiva de la ONP, al no haber dado una respuesta al demandante, ha vulnerado dicha disposición constitucional, lo cual es reprochable también desde el punto de vista del derecho de acceso a la información.

7.    Una segunda cuestión tiene que ver, con la determinación misma de si la ONP tiene la obligación o no de entregar la información precisada en el petitorio de la demanda. A este respecto, de autos (folio 79-83) se observa que la ONP no niega tener a su disposición la información solicitada. Por el contrario, se ha limitado simplemente a señalar que el procedimiento seguido por el recurrente no era el adecuado. Sobre este argumento cabe decir que, al margen de si existe o no un procedimiento específico para que el demandante pueda solicitar las constancias de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones del 1 de agosto de 1965 al 30 de junio de 1998, es adecuado y razonable que el recurrente haya utilizado esta vía ante la falta de respuesta por parte de la ONP (así también se ha considerado en la STC 07440-2005-HD/TC, FJ 6). En consecuencia, al haberse acreditado la violación del derecho de acceso a la información, la presente demanda debe ser estimada; más aún si de dicha información depende que el demandante acredite su derecho fundamental a la pensión.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1.    Declarar FUNDADA en parte, la demanda de hábeas data de autos, por haberse vulnerado el derecho de acceso a la información; en consecuencia, ordena que la ONP entregue las constancias de aportaciones del demandante al Sistema Nacional de Pensiones, efectuadas del 1 de agosto de 1965 al 30 de junio de 1998, previo pago del costo razonable que suponga la entrega de dicha información.

2.    Declarar FUNDADA la demanda en el extremo referido al pago de costos procesales; e INFUNDADA con respecto al pago de costas.

Publíquese y notifíquese.

SS.
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA

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