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04886-2009-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional



Resumen

El recurrente solicita a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco copia de los documentos de cobranzas coactivas (resoluciones de determinación y de cobranza) en su contra. En primera instancia se declara fundada la demanda. En segunda instancia se revoca y declara infundada la demanda, considerando que las copias de dichos documentos están establecidas en la Ordenanza N.º 69-MSS, la que únicamente prevé la expedición de copias certificadas (S/.5.25 por copia). El Tribunal declara fundada la demanda al considerar que el supuesto establecido en la referida Ordenanza Municipal no resulta aplicable al pedido del demandante, por cuanto el mismo únicamente solicitó la entrega de copias simples. Señala que las resoluciones en el marco de los procedimientos de ejecución coactiva son de naturaleza pública y de legítimo interés del demandante para el ejercicio de su derecho de defensa.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Lima
  • Demandado: 
  • Juan Manuel Del Mar Estremadoyro, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco

Expediente

EXP. N.° 04886-2009-PHD/TC
LIMA
JULIO GONZALES
HUAMÁN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de marzo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Gonzales Huamán contra la sentencia de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de folios 233, su fecha 14 de mayo de 2009, que declaró infundada la demanda de hábeas data de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, don Juan Manuel Del Mar Estremadoyro, con el objeto de que se le otorgue copia de todos los documentos que amparan desconocidas cobranzas coactivas en su contra, específicamente las resoluciones de determinación de los años 2005, 2006 y 2007 y/o resoluciones de cobranza coactiva referidas a su persona. Alega que se ha vulnerado su derecho constitucional de acceso a la información pública por cuanto se le ha denegado la información requerida bajo el pretexto de que su entrega está condicionada, por disposición de la Ordenanza N.º 69-MSS, la cual se sustenta a su vez en la aplicación del artículo 2º del Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al pago de S/. 5.25 por cada copia certificada.

El Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, mediante escrito de 18 de junio de 2008, se apersona al proceso y contesta la demanda, contradiciéndola y negándola en todos sus extremos, aduciendo que no ha vulnerado el derecho constitucional de acceso a la información pública del demandante por cuanto se ha limitado ha señalar que la vía procedimental para tramitar la solicitud del demandante no es la prevista por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM, sino la establecida en las normas que regulan el procedimiento de ejecución coactiva, que en el caso de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco es la Ordenanza N.º 299-MSS.

El Quincuagésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, mediante sentencia de fecha 31 de julio de 2008 (folio 138), declaró fundada en parte la demanda y ordenó al demandado que cumpla con otorgar al demandante copia simple de las resoluciones de determinación de los años 2005, 2006 y 2007 y/o resoluciones de cobranza coactiva referidas a su persona con previo pago del derecho contenido en el Decreto de Alcaldía N.º 04-2008-MSS, de fecha 19 de febrero de 2008, y del establecido en la Ordenanza N.º 69-MSS, de fecha 14 de junio de 2001. Considera que la municipalidad demandada interpretó equívocamente el pedido del demandante como solicitud de copias certificadas cuando éste se refería en realidad a copias simples, para lo cual, en virtud del artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el solicitante solamente está obligado a abonar el importe correspondiente a los costos de reproducción. Asimismo, declaró infundada la demanda en el extremo referido al pago de costos por parte de la municipalidad emplazada, por estimar que la municipalidad tuvo razones atendibles para litigar.

En segunda instancia, la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha 14 de mayo de 2009 (folio 233), revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda, considerando que la municipalidad emplazada no ha vulnerado el derecho constitucional invocado por el recurrente toda vez que no se denegó la solicitud presentada, sino que ésta fue derivada al órgano administrativo competente, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva. Asimismo, estimó que el concepto a abonar por el concepto de las copias solicitadas está establecido en la Ordenanza N.º 69-MSS, la cual únicamente tiene previsto la expedición de copias certificadas (sujetas al previo pago de 0.15% de 1 UIT).

FUNDAMENTOS

Precisión del petitorio de la demanda

1.             Del análisis del expediente se aprecia que la demanda de hábeas data está dirigida a que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco cumpla con entregar copias simples, en disquete, de las resoluciones de determinación y/o resoluciones de cobranza coactiva del demandante, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

Cuestión procesal previa

2.             De conformidad con el artículo 62º del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito especial de procedencia de la demanda de hábeas data que el demandante haya reclamado previamente al demandado, mediante documento de fecha cierta, el respeto de los derechos constitucionales invocados, es decir, el derecho de acceso a la información pública y/o el derecho de autodeterminación informativa. Asimismo, el demandado deberá de haberse ratificado en su incumplimiento o no haber contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud, en el caso del primero de los derechos mencionados. Solamente se podrá prescindir de este requisito de manera excepcional en aquellos casos en los que su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, lo cual deberá ser acreditado por el demandante.

3.             En el caso de autos, el demandante ha cumplido con el requisito especial de procedencia establecido en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional, por cuanto, conforme consta en la Carta N.º 196-2008-SG-MSS (folio 8), de fecha 1 de febrero de 2008, y en la Resolución N.º 224-2008-RASS (folio 9), de fecha 14 de abril de 2008, el demandando se negó a acceder a la solicitud planteada por el demandante mediante documento de fecha 31 de enero de 2008 (folio 2). Por tanto, corresponde entonces que este Tribunal pase a pronunciarse sobre el fondo del asunto.  

Análisis del caso concreto

4.             La Constitución, en su artículo 2°, inciso 5, garantiza el derecho de toda persona de solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en un plazo razonable, y con el costo que suponga dicho pedido, con la única excepción de aquella que afecte a la intimidad personal y la que expresamente se excluya por ley o por razones de seguridad nacional. Tal derecho constituye, por un lado, el reconocimiento de un derecho fundamental; y, por otro, el deber del Estado de dar a conocer a la ciudadanía sus decisiones y acciones de manera completa y transparente (STC 0959-2004-HD/TC, fundamentos 4-6). En esa medida, la restricción del derecho al acceso a la información resulta una medida de carácter extraordinario y excepcional para casos concretos derivados del mandato constitucional.

5.             El Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, como regla general, que todo órgano del Estado o entidad con personería jurídica de derecho público se encuentran obligados a proveer la información solicitada, siendo excepcional la negación del acceso a la misma por razones de seguridad nacional, afectación a la intimidad personal o supuestos establecidos por ley. Además se ha señalado que el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y la obligación de dispensarla por parte de los organismos públicos, sino que ella debe ser completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz.

6.             Ahora bien, en el presente caso la Municipalidad emplazada ha controvertido el hecho de que el demandante haya solicitado la información a través de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, siendo que correspondía, según ella, tramitarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N.º 069-MSS, que regula el arancel de costas y gastos del procedimiento de ejecución coactiva de dicha Municipalidad.

7.             Al respecto, este Colegiado considera irrelevante determinar cuál era el procedimiento pertinente. Lo cierto es que, por tratarse de una solicitud que tiene su amparo en el ejercicio de un derecho constitucional, el derecho de acceso a la información pública, la negativa a tramitarla no puede estar basada en cuestiones meramente procedimentales, sino que debe ser sustentada en aquellos límites planteados por el legislador para el ejercicio del derecho constitucional invocado, es decir, la seguridad nacional y el respeto de la intimidad personal, cuyos supuestos se encuentran regulados por el artículo 15º de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

8.             En ese sentido, la información requerida por el demandante, las resoluciones de determinación y/o resoluciones de cobranza coactiva del demandante, correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos por el mencionado artículo 15º de la Ley N.º 27806, siendo más bien información  que es de legítimo interés del demandante para el ejercicio de su derecho de defensa en el marco de los procedimientos de ejecución coactiva.  Por lo tanto, la denegatoria a proporcionar dicha información constituiría no solamente una violación del derecho de acceso a la información pública sino una violación del derecho de defensa.

9.             Asimismo cabe señalar que si bien en el presente caso aparentemente no se ha dado una denegatoria de la información solicitada, sino que se ha condicionado su acceso al pago de una tasa fijada en una ordenanza municipal, este Colegiado estima, no obstante, que el condicionar la obtención de la información solicitada a un pago previo que va más allá del costo razonable de reproducción del pedido también constituye una vulneración del derecho de acceso a la información pública.

10.         Conforme lo ha sostenido este Tribunal (STC N.º 03351-2008-HD/TC) los costos de reproducción solamente deben incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. Por lo tanto, estos no pueden ser excesivos ya que pueden convertirse en obstáculos tangibles para el acceso a la información requerida.  De  allí  se deriva que tales gastos deben de ser proporcionales y racionales.

11.              De otro lado, cabe advertir que la interpretación que hace la emplazada del artículo 2º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el sentido de que dicha norma, al disponer que no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de documentos que la ley haya previsto como parte de las funciones de las entidades administrativas y que se encuentran contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), estaría excluyendo del ámbito de aplicación de la Ley N.º 27806 y su Reglamento a los documentos que emite la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco en el marco de los procedimientos de ejecución coactiva a su cargo, no resulta atendible.

12.              Así, en tanto que el referido artículo 2º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública viene a ser la reglamentación de una norma legal que establece limitaciones al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública, el mismo debe ser interpretado de manera restrictiva. De modo tal que no se puede pretender extender vía interpretación la restricción del derecho fundamental de acceso a la información pública establecida a nivel legal, al punto que se está pretendiendo excluir los documentos emitidos en el marco del procedimiento de ejecución coactiva del ámbito de aplicación de aquellos deberes que le competen a la Administración (dentro de la cual se encuentran incluidos los Gobiernos Locales como es el caso de la emplazada) respecto al derecho de acceso a la información pública, dentro de los cuales cabe resaltar, como se ha señalado en el fundamento 9 supra, el deber de proporcionar la información solicitada al costo de reproducción que sea estrictamente necesario.

13.              Por ello, la interpretación del artículo en cuestión efectuada por la municipalidad emplazada es una interpretación que contraviene el principio de reserva de ley, pues está pretendiendo extender vía reglamento la excepción al ejercicio de un derecho constitucional planteado en una norma legal, y el principio de supremacía jurídica de la Constitución, establecido en el artículo 38º de nuestra Carta Magna, por cuanto por medio de tal interpretación pretende sustraerse a los deberes exigidos por el derecho de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 2º, inciso 5 de la Constitución.

14.              Por lo tanto, la presente demanda debe estimarse por cuanto se está vulnerando el derecho de acceso a la información pública del demandante al condicionar el otorgamiento de la información solicitada a un pago que no se condice con el costo de reproducción de los documento solicitados, máxime cuando el supuesto establecido en la referida Ordenanza Municipal N.º 069-MSS no resulta aplicable al pedido del demandante por cuanto el mismo hace referencia a copias certificadas, mientas que el demandante únicamente estaba solicitando la entrega de copias simples vía diskette. Así también lo ha determinado este Colegiado en la STC 00862-2009-PHD/TC, al resolver una controversia similar contra la misma corporación demandada.        

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1.    Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data de autos porque se ha acreditado la vulneración del derecho de acceso a la información pública.

2.    Ordenar a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco que disponga la entrega al demandante de copias simples de las resoluciones de determinación y/o resoluciones de cobranza coactiva del demandante, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, previo pago del costo razonable de reproducción. 

Publíquese y notifíquese.

SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ

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