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03351-2008-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional



Resumen

Se solicita a la Municipalidad Distrital de Pariahuanca información relacionada a los presupuestos municipales, informes de ejecución presupuestal y obras del periodo 1996-2005. En primera instancia se declaró infundada la demanda. En segunda instancia se confirmó la apelada, al considerar que no existió una negativa injustificada de la información, sino la resistencia del demandante al pago del costo de reproducción. El Tribunal declara fundada la demanda al considerar que la entidad ha vulnerado el derecho al acceso a la información pública al no proporcionar al solicitante una liquidación detallada y completa del costo de reproducción.

Expediente

EXP. N.º 03351-2008-PHD/TC
ÁNCASH
EUGENIA CADILLO
MAGUIÑA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 14 días del mes de abril del año 2009, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez Miranda, se pronuncian sobre la siguiente sentencia.

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eugenia Cadillo Maguiña contra la sentencia de Sala especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 157 al 159, su fecha 13 de mayo del 2008 que, confirmando la apelada declaró infundada la demanda interpuesta.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de abril del 2007, doña Eugenia Cadillo Maguiña interpone demanda de hábeas data contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, con la finalidad de que se le proporcione información pública relacionada a los Presupuestos Municipales aprobados entre los años 1995 a 2006, asimismo requiere el informe de ejecución presupuestal y de obras correspondientes a los mismos años.

Manifiesta que la emplazada no le ha comunicado satisfactoriamente el costo de reproducción de la información que requiere a pesar de haberlo pedido, omisión que se vuelve un obstáculo para poder ejercer su derecho fundamental de acceso a la información pública.

El emplazado, don Zenobio Méndez Aguirre, contesta la demanda señalando que esta debe ser declarada infundada ya que han cumplido con notificarle a la recurrente en varias oportunidades sobre el importe que acarrea su pedido, sin embargo este no ha podido tener un resultado satisfactorio, pues la demandante no se encontró en  su domicilio señalado.

El Juzgado Mixto de Caruaz, a través de la Resolución Nº 20 de fecha 30 de enero del 2008, declaró infundada la demanda de hábeas data, debido a que no se está afectando el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública, puesto que no existe una resistencia injustificada por parte de la demandada a la entrega de la información, sino una razón justificada en la misma ley que prevé la exigencia de solventar los gastos de reproducción de la información pública a quien lo solicita.

La Sala Superior competente, mediante sentencia de fecha 13 de mayo de 2008, confirmó la apelada pues consideró que la entidad demanda en ningún momento se ha negado a otorgar la documentación exigida, y que lo que en verdad se revela es que se cuestiona el costo de reproducción.

FUNDAMENTOS

I. VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PROCESALES

A)   Contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de acceso a la información

El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el artículo 2º, inciso 5, de la Constitución de 1993. Asimismo, y como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra reconocido en el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (caso Claude Reyes vs Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77).

En términos generales, este derecho consiste en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder de las entidades estatales, quienes se encuentran obligadas a entregarla, salvo en los casos en donde sea posible invocar alguna excepción, de conformidad con lo previsto en la Constitución de1993 y el TUO de la Ley 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la información pública).

En el presente caso la información que pretende la demandante es de naturaleza pública, ya que está relacionada al Presupuesto Municipal, al informe de ejecución presupuestal y de obras, por lo tanto tiene plena legitimidad para acceder a ella, tanto más si la misma no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción al ejercicio de este derecho.

B) Cumplimiento del requisito especial de la demanda

De acuerdo al artículo 62º del Código Procesal Constitucional, para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de su derecho de acceso a la información y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no lo haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes de presentada la solicitud.

Se aprecia que a través de la carta del 22 de noviembre de 2006, obrante a fojas 18, la demandante solicitó el acceso a la información mencionada. El 01 de diciembre del 2006, la Municipalidad emplazada contestó su pedido señalando que para acceder a esta información debe hacer previamente el pago respectivo conforme al artículo 73 de su TUPA, sin especificarle el monto correspondiente. Debido a ello la solicitante pidió que le especifique dicho monto. Finalmente el 22 de diciembre del 2006 la Municipalidad responde aduciendo que su solicitud ha sido atendida en su oportunidad, y agrega que todo trámite debe de ser pagado conforme a la Ley General de Procedimientos Administrativos, no entregando hasta la fecha la información solicitada.

De los hechos descritos aparece ha existido una negativa tácita por parte del demandado para la entrega de la información requerida. En tales circunstancias, es posible considerar que la demandante cumplió con lo estipulado en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional.

II.     ANÁLISIS DEL CASO MATERIA DE CONTROVERSIA   CONSTITUCIONAL

La recurrente pretende que se le brinde información pública referida al Presupuesto Municipal de 12 años de ejercicio. A tales efectos y a fin de poner dicha información a su disposición, se presume que aquella debió de cancelar el importe de reproducción de la información requerida, pago que hasta la fecha no ha sido realizado ya que inicialmente lo desconocía. Dicha situación, sin embargo  ha variado. Se observa a través de los actuados que la demandante ha tomado conocimiento de la carta emitida con fecha 21 de marzo del 2007 por el municipio emplazado la cual señala que la información que tienen en su poder, referida al manejo presupuestal de 9 años de gestión (la información restante correspondiente a los años 1996, 1997 y 1998 fue remitida a la Corte Superior de Justicia de Áncash) supone un fotocopiado ascendiente a la suma de S/. 495.00 nuevos soles, incluidos gastos de transporte del personal así como de su refrigerio. La demandante  cuestiona tal aseveración por estar encima del promedio al costo del mercado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM) los costos de reproducción solamente deben incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada, por ende no deben ser excesivos, ya que pueden convertirse en obstáculos tangibles para el acceso a la información requerida. De allí que se entienda que estos deban de ser  proporcionales y racionales[1].

Con respecto al cuestionamiento alegado por la demandante sobre dicho importe, este resulta justificado, ya que no se sabe sobre que base (v.gr. cantidad de hojas) ha sido considerada por el demandado. Por lo tanto para hacer algún tipo de juicio sobre el costo de la reproducción de la información solicitada es necesario contar con datos claros y completos.

Por lo tanto, si bien es cierto que resulta necesario contar con una información detallada con respeto a los costos de reproducción deducidos por el municipio emplazado, es verdad también que estos deben ser cuantificados conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, así como a lo estipulado por su Reglamento en su artículo 13 a fin de no obstaculizar el acceso a la información que requiere la demandante.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data interpuesta por doña Eugenia Cadillo Maguiña, en consecuencia se ordene a la Municipalidad Provincial de Pariahuanca emita una nueva hoja de liquidación detallada sobre el importe de reproducción de la información requerida por la demandante, con estricta sujeción a los dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM) a fin de que, previo pago correspondiente, pueda tener  la actora acceso a la información.

Publíquese y notifíquese.

SS.
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
ÁLVAREZ MIRANDA

[1] Por ejemplo el TUPA de la Municipalidad de Junín establece que el costo de reproducción por unidad de fotocopiado es de S/. 0.10437 céntimos de nuevo sol

 

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