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01912-2007-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional



Resumen

Se solicita planos de las habilitaciones urbanas y otros a la Municipalidad distrital de Amarilis. La entidad contesta la demanda indicando que la información está disponible, previo pago del costo de reproducción. En sede judicial se declara infundada la demanda, por considerar que el demandante está obligado a realizar el pago especificado por el TUPA de la entidad. El tribunal declara fundada la demanda al considerar que la diferencia entre el costo de reproducción de la información solicitada que se exige en el mercado (S/. 86.50) y la exigida por la demandada (S/.595.00) es desproporcionada y carente de fundamento. Ordena que la demandada ajuste sus tasas por concepto de reproducción al valor que al efecto se exija en el mercado.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Huánuco
  • Demandado: 
  • Municipalidad Distrital Metropolitana de Amarilis

  • Fecha de la sentencia: 
  • 13/11/2007
  • Magistrados: 
  • Ricardo Beaumont Callirgos
  • Gerardo Eto Cruz
  • César Landa Arroyo
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Tipo de Información: 
  • Pública
  • Normas aplicadas: 
  • Descargable(s): 
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Expediente

EXP. N.º 01912-2007-HD/TC
HUÁNUCO
CARLOS AUGUSTO
NOLTE PÉREZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

            En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Augusto Nolte Pérez  contra la resolución de la Sala Superior Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 236, su fecha 2 de marzo de 2007, que declara infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

            Con fecha 19 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de hàbeas data contra la Municipalidad Distrital Metropolitana de Amarilis de la Provincia y Departamento de Huànuco, en la persona de su Alcaldesa, doña Silvia Olivia Trujillo Rubin, solicitando se le proporcione la información correspondiente a la indicada en la solicitud de fecha 6 de agosto de 2003. Argumenta  que con fecha 6 de agosto de 2003, presentó una solicitud dirigida al Alcalde  de la Municipalidad Metropolitana de Amarilis, requiriendo el otorgamiento de copias de piezas de contenido incluyendo planos de expedientes de habilitaciones urbanas y otras que hayan realizado a la fecha, las que fueron hechas mediante Oficio N.º 094-98-MPHCO, por la Municipalidad de Huánuco a la Municipalidad de Amarilis, y que después de reinteradas exigencias,  mediante Carta N.º 047-2006-MDMA-GDL, y haciendo referencia al Informe N.º 145-2005-HCQ-GDUR-MDMA, se le hace conocer una valorización de pago de derechos por concepto de copias de los documentos solicitados, o que de lo contrario deberá solicitar la exoneración de pago de derechos, los cuales deberán ser aprobados por sesión de consejo, motivo por el que interpuso recurso de apelación, el mismo que fue declarado infundado, por no haber pagado los gastos que supone el pedido.     

            La emplazada contesta la demanda; deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, y contesta la demanda, aduciendo que no ha sido posible atender el pedido del accionante, debido a que lo que pretende el recurrente es obtener copias de los documentos de expedientes, sin cumplir el requisito previo, es decir con el pago de derechos por concepto de copias de documentos solicitados, costo que incumplió, y es más se niega a efectuarlo, a pesar de tener pleno conocimiento de ello.

            El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 13 de julio de 2006, declara infundada la demanda por considerar que el costo requerido por la emplazada  para la entrega de la información solicitada se encuentra amparado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y más aún si le otorgan la posibilidad de que pueda obtener la información que solicita sin costo alguno, si es que opta por la exoneración de los mismos, no evidenciándose vulneración de derecho alguno.

            La recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1.      La demanda tiene por objeto se le proporcione al acator la información correspondiente a la indicada en la solicitud de fecha 6 de agosto de 2003; esto es; el otorgamiento de piezas, incluyendo planos de las habilitaciones urbanas y de otras que se hayan realizado a la fecha, comprendiendo las mismas.

2.      El problema que plantea el presente caso no se halla en la denegatoria de la información solicitada, sino en el costo de reproducción de la misma que la Municipalidad demandada exige a efectos de proveerla. En efecto, la Municipalidad hizo llegar el recurrente una valorización ascendente a S/. 595.00, por la reproducción total de la información. Por el contrario, el recurrente ha señalado en una proforma de pago, a la fecha de interponerse la demanda (fojas 18 del cuaderno principal) donde el valor de la reproducción ascendería a S/. 86.50. Planteado en estos términos, el interrogante que plantea el caso es si la exigencia de un monto desproporcionado por la reproducción de información puede lesionar o no el derecho de acceso a la información pública.

3.      El derecho de acceso a la información, enunciado en el inciso 5) del artículo 2° de la Constitución, establece que “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.(…)” (cursiva añadida).

4.      El derecho de acceso a la información pública resultaría siendo ilusorio si el costo que se exige por la reproducción de la información representa un monto desproporcionado o ausente de un fundamento real. Ello ocasionaría el efecto práctico de una denegatoria de información y, con ello, lesivo de este derecho fundamental. Por tanto, este derecho puede también resultar afectado cuando el monto de reproducción exigido es desproporcionado o carece de fundamento real.

5.      En esta dirección, el artículo 20 de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha establecido que “el solicitante que requerirá la información deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Pública.  Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes”.

6.      Ahora bien, para determinar cuándo se está ante una exigencia desproporcionada por el pago de la reproducción de información el baremo puede ser el precio que en el mercado se establece por dicho servicio. En este orden de consideraciones, cabe recordar que la Resolución Defensorial  N.º DP-2005-AAC-052 indica que el precio en el mercado de las copias puede ser tomado como un precio de referencia para determinar cuándo la tasa que se pretende cobrar supone un costo adicional a los de reproducción, que son los establecidos por la norma.  Ello, en la medida en que, a diferencia de la actividad empresarial, el servicio prestado por las entidades no tiene un ánimo de lucro.

7.      Siendo así, dado que existe una abismal diferencia entre el costo de reproducción de la información solicitada por el recurrente que se exige en el mercado (S/. 86.50) y la exigida por la Municipalidad demandada (S/. 595.00), puede concluirse razonablemente que el valor de reproducción exigido por la Municipalidad es desproporcionado y carente de fundamento.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1.      Declarar FUNDADA la demanda.

2.       Ordenar que la demandada ajuste sus tasas por concepto de reproducción de la información solicitada por el recurrente al valor que al efecto se exija en el mercado.

Publíquese y notifíquese.

SS.
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ

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