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03619-2005-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional



Resumen

El demandante solicita a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, copia certificada de la resolución administrativa que le concede pensión de jubilación y la hoja liquidadora de pensión de jubilación. En vía judicial se rechaza la demanda ya que se considera a dicha entidad como perteneciente al ámbito privado, por lo que no está obligada a entregar información. Al trabajar la entidad en aspectos relacionados al derecho a la seguridad social y beneficios, el TC considera que constituye una persona jurídica de derecho privado que brinda un servicio público, por lo que el Tribunal declara fundada la demanda.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte del Santa
  • Demandado: 
  • Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador

  • Fecha de la sentencia: 
  • 21/07/2005
  • Magistrados: 
  • Victor García Toma
  • César Landa Arroyo
  • Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen
  • Magdiel Gonzales Ojeda
  • Juan Vergara Gotelli
  • Javier Alva Orlandini
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Tipo de Información: 
  • Pública
  • Normas aplicadas: 
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Expediente

EXP. Nº 3619-2005-HD/TC
DEL SANTA
HÉCTOR FLAVIANO
CHÁVEZ ÁLVAREZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de julio de 2005, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, integradO por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

I.                   ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Héctor Flaviano Chávez Álvarez contra la Resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 93, su fecha 20 de diciembre de 2004, que declara improcedente la demanda de hábeas data de autos.

I.                   ANTECEDENTES

a.    Demanda
Con fecha 18 de diciembre de 2003, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (en adelante, Caja del Pescador), a fin de que le expidan copia certificada de la resolución administrativa que le concede pensión de jubilación y la hoja liquidadora de pensión de jubilación, por estar vulnerándose su derecho al acceso a la información pública.

Considera que si bien la demandada es una entidad con personería jurídica de derecho privado, tiene la finalidad de administrar un régimen especial de seguridad social. Por ello, tal como lo expresa el Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador, el título contributivo de jubilación siempre se le entregará al beneficiario si cumpe con los requisitos exigidos por ley. Es más, desde 1972 el reclamante gozó de una pensión ascendente a S/. 660,00. Sin embargo, cuando se le requirió a la demandada las copias certificadas mencionadas, ésta se negó reiteradamente, por más que tal información es de carácter público.

b.    Contestación de la demanda
Con fecha 16 de enero de 2004, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, representada por don Alfredo Mario Chú Morales, en su calidad de apoderado, considera que la demanda debe ser declarada infundada, y deduce una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

Respecto a la excepción señalada, expresa que, según los estatutos de la demandada, existe un procedimiento establecido para realizar la petición pretendida, y que ello no puede ser materia de un proceso constitucional por carecer éste de etapa probatoria.

Con relación al fondo del asunto, señala que, según la Ley N.° 27776, Ley de Reestructuración Integral de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, de junio de 2004, la demandada fue declarada en estado de emergencia, por lo que desde ese momento se dedican a la evaluación de los expedientes de jubilación, y han trasladado paulatinamente las atenciones a ESSALUD y las jubilaciones a la ONP. Además, considera que la Caja del Pescador es sólo una persona jurídica de derecho privado y que, por lo tanto no le corresponde brindar información pública, pues según la Constitución esta obligación sólo está presente para una institución del Estado. 

c.     Resolución de primera instancia
Con fecha 11 de junio de 2004, el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil emite la Resolución Nº 04, de fojas 59, que declara improcedente la demanda, por considerar que la demandada es una entidad de derecho privado, y que el hábeas data sólo procede contra entidades públicas.

d.     Resolución de segunda instancia
Con fecha 20 de diciembre de 2004, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa emite la Resolución N.° 09, de fojas 93, que confirma la sentencia de vista en tanto declara improcedente la demanda de hábeas data.
Considera que la aplicación supletoria de las normas del amparo permite que el presente proceso haya incurrido en una causal de caducidad. Señala que desde el supuesto acto vulneratorio (comunicación del 9 de septiembre de 2003) hasta la presentación de la demanda, han transcurrido más de sesenta días.

II.                DATOS GENERALES DEL PROCESO

·        Violación constitucional invocada
Este proceso constitucional de hábeas data fue presentado por don Héctor Flaviano Chávez Álvarez contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.
El acto lesivo se refiere a la negativa de expedir copia certificada de la resolución administrativa que otorga pensión de jubilación al demandante y de la hoja liquidadora de la pensión de jubilación.

·        Petitorio constitucional
El demandante ha alegado afectación del derecho al acceso a la información pública (artículo 2°, inciso 5, de la Constitución).
Sobre la base de esta vulneración, se ha solicitado lo siguiente:
-  Se haga entrega de las copias certificadas mencionadas.

·        Norma aplicable
Antes de entrar al fondo del asunto, es necesario determinar cuál es la norma procesal aplicable al presente caso.
Según la Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, que rige desde el 1 de diciembre del año 2004:

“Las normas procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado”.

Sin embargo, en el presente caso, como están de por medio exigencias propias del hábeas data y plazos establecidos con anterioridad a la vigencia del Código Procesal Constitucional, corresponde la aplicación de la Ley N.° 26301 y normas complementarias, pues lo contrario significaría afectar los derechos del demandante o del demandado.

·        Materias constitucionalmente relevantes
Habiendo determinado estas cuestiones preliminares, a lo largo de la presente sentencia, este Colegiado deberá pronunciarse sobre:

- ¿Se había configurado prescripción al momento en que se presentó la demanda de hábeas data?
- ¿Cómo se establece la calidad de entidad pública en tanto destinataria del derecho a la información, en su vertiente de acceso a la información pública?
- ¿De qué manera se concretiza una información con carácter de pública?
- ¿Qué tipo de consecuencias existiría en caso de que la demandada haya estado obligada a cumplir con el otorgamiento de la información solicitada?

III.             FUNDAMENTOS

§1. La prescripción en la presentación de la demanda

1.      En la resolución del juzgador de segunda instancia se consideró la existencia del supuesto de caducidad (o prescripción) en la presentación de la demanda de hábeas data:

“(...) resulta pertinente que el artículo treinta y siete de la Ley número veintiséis mil quinientos seis, referido a la causal de caducidad, indica que dicha causal se produce si el interesado no interpone la demanda dentro del plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se produjo la afectación. Sobre el particular, de la carta número seiscientos veintiséis, que obra a fojas nueve, del diecinueve de septiembre del año dos mil tres, se colige, mediante esta comunicación, que la emplazada no accede a lo solicitado en virtud de que los expedientes administrativos se encuentran pendientes de calificación (...). Que, en ese sentido, habiéndose producido la presunta afectación al derecho de información de la demandante, con fecha diecinueve de septiembre del dos mil tres, y habiéndose interpuesto la demanda con fecha diecinueve de diciembre del dos mil tres (...) se incurrió en causal de caducidad (...)”[1].

Frente a lo señalado por el examinador judicial, el recurrente alega que no existió caducidad en el caso concreto, toda vez que:

“La Sala contabiliza el plazo de caducidad a partir de la fecha del petitorio; es decir, a partir del 07-SEPTIEMBRE-2003, cuando lo correcto es a partir del REQUERIMIENTO POR CONDUCTO NOTARIAL; es decir, a partir del 03-NOVIEMBRE-2003, ya que a partir de dicha fecha RECIÉN SE AGOTÓ LA VÍA ADMINISTRATIVA conforme lo disponía la Ley N° 26301 en su artículo 5º”[2].

2.      Tal como lo han previsto las anteriores y actuales normas procesales sobre la materia, la figura de la prescripción –entendida equivocadamente como caducidad– ha estado presente, para el caso del hábeas data, siempre utilizando las reglas generales aplicables al amparo.
En primer lugar, el artículo 37° de la Ley N.° 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, señalaba claramente lo siguiente:

“El ejercicio de la acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado, en la posibilidad de interponer la acción. Si en dicha fecha esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento”.

Entonces, con el cambio producido en la nomenclatura a partir de la nueva legislación (hoy ya se denomina prescripción y no caducidad[3]), y, además, por lo señalado por este Colegiado (v.gr. sentencia del Expediente N.° 1049-2003-AA/TC), se ha enervado la exigencia de un plazo determinado en el que debe presentarse una demanda de hábeas data. Ante tal afirmación, ¿es correcto considerar prescrito el pedido del recurrente? Veamos.

3.      El juzgador de segunda instancia considera que el plazo de prescripción debe empezar a ser contado desde el 19 de septiembre de 2004, fecha en que se emitió la Carta N.° 626-2003-DBP-CBSSP, en la cual se respondía negativamente a la solicitud del reclamante[4].
Luego de dicha denegatoria, el peticionante realizó su pedido esta vez por conducto notarial, en la medida que este requisito era vía previa para el inicio del proceso de hábeas data. Así, se puede observar que en el artículo 5°.a de la Ley N.° 26301, Ley de Hábeas Data y Cumplimiento, se señala que:

“Para los efectos de las Garantías Constitucionales de Acción de Hábeas Data y Acción de Cumplimiento, además de lo previsto en el Artículo 27 de la Ley Nº 23506 y su Complementaria, constituye vía previa: En el caso de la Acción de Hábeas Data basada en los incisos 5 y 6 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú el requerimiento por conducto notarial con una antelación no menor a quince días calendario, con las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú y en la Ley”.

Es decir, luego de la negativa administrativa, correspondía a quien desease iniciar un proceso de hábeas data, hacer un reclamo notarial, elemento que se concretó con la solicitud de las copias certificadas con la intervención del notario Pastor La Rosa de la localidad de Chimbote[5], recibida por la demandada el 3 de noviembre del mismo año (existe sello de la Mesa de Partes de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador), pero no consta que exista respuesta alguna.
Por tal razón, no puede aceptarse la existencia de prescripción de la demanda de hábeas data, toda vez que entre la última fecha mencionada y la fecha de presentación de la demanda no ha transcurrido el plazo exigido por ley. La demanda, entonces, no incurre en causal alguna de improcedencia. Merece la pena ahora ingresar a un análisis de fondo para determinar la exigencia de pedido de información a una entidad que goza del carácter de privada.

§2. La calidad de entidad pública

4.      Sobre este punto, existe una evidente posición contradictoria entre demandante y demandada, lo cual ha redundado en el fallo del a quo.
En efecto, el recurrente alega en su demanda que:

“La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, es una entidad con personería jurídica de derecho privado. Que tiene la finalidad social, reconocida por el Estado, de Administrar las prestaciones de Seguridad Social de los trabajadores pescadores; es decir, administra el Régimen Especial de Seguridad Social”[6].

Ante tal aseveración, es la demandada quien busca desvirtuarla tomando en consideración que:

“(...) los estatutos de la CBSSP (...) establecen que somos una persona jurídica de derecho privado; por lo tanto, el art. 200º, inciso 3, de la Constitución Política del Perú establece que procede la ACCIÓN DE HÁBEAS DATA frente a la violación al derecho a la información pública, entendiéndose por ello estrictamente a ORGANISMOS DEL ESTADO o PARAESTATALES, ASÍ COMO A GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALES, y mi representada no es UNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO, por lo que no es posible la aplicación de esta acción de garantía”[7].

El análisis de ambas posiciones llevó al juzgador de primera instancia a resolver declarando improcedente la demanda, asumiendo precisamente el carácter de la entidad y la posibilidad de convertirse en destinatario del derecho fundamental a la información, en la vertiente de acceso a la información pública:

“(...) se concluye que la acción de garantía de hábeas data promovida por Héctor Flaviano Chávez Álvarez con la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, carece de sustento jurídico, habida cuenta que ésta procede únicamente contra las entidades públicas, categoría que no tiene la demandada (...)”[8].

5.      Entonces, como se puede observar, corresponde a este Colegiado establecer adecuadamente si la demandada se encuentra o no obligada a dar contestación a la reclamante respecto a las copias certificadas de la resolución administrativa que le concede la pensión de jubilación, y de la hoja liquidadora de tal pensión.
Para responder correctamente esta pregunta es necesario analizar previamente qué significa el acceso a la información pública, pues solamente su determinación es conditio sine qua non para establecer la responsabilidad de otorgar la información requerida.
Si bien hemos afirmado supra, que la norma aplicación al caso concreto será la Ley N.° 26301, consideramos que el análisis que se realice a continuación puede terminar aplicándose perfectamente a lo señalado en el Código Procesal Constitucional, motivo por lo cual la aplicación normativa en casos similares deberá estar sujeta a las reglas vertidas en la presente sentencia.

6.      Según la Constitución, en su artículo 200°, inciso 3, el hábeas data procede en caso de vulneración del artículo 2°, inciso 5, de la Norma Fundamental[9], el mismo que a la letra dice lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho: A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido (...)”. 

Una formulación jurídica de este tipo nos deriva a la existencia de información que, por pertenecer a una entidad pública, adquiere también el carácter de pública. Es decir, el bien jurídico que esta norma protege es el acceso a la información pública. 

7.      Pero, ¿bajo qué parámetro se habrá de entender que una entidad puede ser o no de carácter público? Como parte del bloque de constitucionalidad del mencionado artículo 2°, inciso 5, de la Constitución, se encuentra la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma que señala en su artículo 2° lo siguiente:

“Para efectos de la presente Ley, se entiende por entidades de la Administración Pública a las señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”.

Por ello, atendiendo a la remisión exigida, es necesario acudir a otra ley para poder descubrir qué entidades pueden ser consideradas como públicas, y por lo tanto, sujetas a la respuesta de la información que se requiera.
Así, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N.° 27444, del Procedimiento Administrativo General, señala que para los fines de la presente ley, y tal como se pudo observar, también para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por ende, para el artículo 2°, inciso 5, de la Constitución:

“(...) se entenderá por ‘entidad’ o ‘entidades’ de la  Administración Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia”.

Todas estas entidades son las que asumen el carácter público, a fin de ser las responsables de brindar la información exigida constitucionalmente y, por tanto, plosibles de ser demandadas en un proceso de hábeas data.

8.      Sin embargo, dentro de toda esta amalgama de entidades, existe una que llama poderosamente la atención, y que debe ser analizada de manera particular a fin de lograr la eficacia real del hábeas data en el país.
Ella se encuentra contemplada en el artículo I inciso 8 aludido, y que está relacionada con aquella ‘persona jurídica bajo el régimen privado que presta servicios públicos o ejerce función administrativa (bajo concesión, delegación o autorización del Estado)’. Supuestamente en esta categoría se encuentra la demandada, toda vez que la Caja del Pescador maneja fondos de pensiones de los hombres de mar.
Por tanto, es imprescindible poder determinar la calidad de la entidad sobre la base de la información que maneja y del tipo de rol que cumple, razón por la cual vamos a establecer algunos parámetros generales sobre ello.

§3. La información pública

9.      El formalismo no es exactamente el aspecto más relevante de los procesos constitucionales, condición del cual no puede escaparse el hábeas data. Así, su objetivo primordial habrá de ser la primacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales.
Por ello, más que seguir al pie de la letra lo desarrollado por el artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, es conveniente dotarle a ello de un sentido constitucional, todo con el fin de hacerlo compatible con la protección del acceso de la información pública asentado en el proceso constitucional del hábeas data.

10.  En tal entendido, habrá de aceptarse que es la transparencia de la administración pública una de las razones que motiva la existencia de un derecho fundamental como es el de la información. Además, no hay razón para desconocer que hoy en día el conocimiento es un fin esencial de la sociedad.
El artículo 2°, inciso 4, de la Constitución reconoce como uno de los derechos comunicativos que merecen protección elemental, a la información (presentada como libertad de información). Dentro de ella, históricamente se ha presentado que el principal componente de su ejercicio es el ámbito positivo-activo, léase la posibilidad de difundir las noticias. Sin embargo, también se llegó a reconocer la existencia de un ámbito negativo-pasivo, relacionado con la capacidad de las personas de recibir informaciones (como puede ser leer un periódico o ver televisión).
No obstante, esta configuración liberal del derecho a la información se ha visto trastocada con la evolución de la respuesta constitucional ante las necesidades crecientes de las comunidades en la actualidad. Por eso, se ha llegado a incluir dentro de un genérico derecho a la información un ámbito negativo-activo. Y ¿qué llega a significar éste? Se refiere a la capacidad de la persona de poder acceder a la información que la considere necesaria en tanto es parte básica de su desarrollo personal y de su calidad de ciudadano.

11.  Un reconocimiento de este ámbito del derecho a la información, presentado explícitamente como acceso a la información pública, es un complemento de la capacidad de todo ciudadano de participar en los asuntos públicos (artículo 31° de la Constitución), máxime si todos los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la nación (artículo 39° de la Constitución).
A pesar de esta aparente reducción del ámbito de protección del derecho fundamental (parecería que sólo se aplica a entidades pertenecientes a los gobiernos nacional, regionales o locales), éste se ve complementado con la necesidad del Estado, tal como lo prevé el artículo 44° de la Norma Fundamental, de garantizar todo derecho de la persona y de promover su bienestar general, fundamentado en la justicia y el desarrollo integral de la nación, y que, por lo tanto, amplía su extensión permitiendo que en cualquier supuesto que esté en juego un derecho fundamental, la persona pueda acceder a la información que se considere necesaria para el ejercicio real de tal derecho.
Sólo entendiendo de esta manera la información pública, se podrá dar fiel cumplimiento a lo que la Constitución busca proteger: todo tipo de dato o informe que constituya parte de las funciones esenciales del Estado, pero que por alguna circunstancia habilitante se encuentre en manos de él mismo o de entidades particulares. Sólo teniendo acceso a esta información, la persona podrá tomar decisiones correctas en su vida diaria y llegar a controlar la actuación de aquellos entes que merecen el escrutinio popular, ya sea porque conocen o manejan información económica, política o administrativa del Estado.

12.  Es así como el inciso 8 del artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General debe ser entendido de la manera más amplia posible, todo con el fin de posibilitar la mejor comprensión del artículo 2°, inciso 5, de la Constitución.
De esta forma, es necesario determinar, en el caso concreto, cuál es el tipo de información que maneja la persona jurídica de régimen privado para que se llegue a definir si corresponde que la población pueda tener o no acceso a la información que ella maneja. 
Un buen ejemplo de las entidades privadas que merecen entregar información pública es el de las universidades, pues es en ellas donde el derecho de los educandos superiores puede notarse de una manera palmaria y directa, más aún si tienen un régimen especial de funcionamiento.

13.  Regresando al proceso actual, ¿se puede señalar que el control de información de los aportes pensionarios por parte de la demandada corresponde al conocimiento público? Responder correctamente a esta pregunta es capital para llegar a una solución correcta.
El derecho fundamental a la pensión, tal como lo concibe el artículo 11° de la Constitución, puede ser administrado por entidades públicas, privadas o mixtas. Pese a este reconocimiento, se le exige al Estado la supervisión del eficaz funcionamiento de cada una de ellas.
En este extremo, aparece el rol de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, previsto en el artículo 2° de los Estatutos de la Caja, el cual se encuentra signado en que es:

“(...) una entidad de utilidad pública, con personería jurídica de derecho privado que tiene la finalidad social, reconocida por el Estado, de hacer realidad el derecho de la seguridad social y beneficios compensables que los ampara”[10].

Ello viene a significar que, a través de su funcionamiento, los adscritos a la Caja tienen asegurada la salvaguardia del derecho a la pensión, y por lo tanto sujetos a la protección estatal de sus facultades.
Una argumentación de este tipo tiene correlación directa con los medios probatorios exhibidos por el demandante respecto a que la propia Caja del Pescador, en los meses de agosto de 1999 y julio del 2003, le hizo los correspondientes pagos respecto a su pensión (de S/. 660,00)[11], y que se le hizo entrega de un detalle de los años contributivos[12]. Ninguno de estos medios fue contradicho por la demandada.
Es más, la propia demandada, como parte de su defensa, y aduciendo falta de agotamiento de la vía administrativa, asevera que las reclamaciones se realizan a través de un ‘procedimiento administrativo’[13], figura propia de las instituciones públicas, y que también se le ha reconocido para la propia Caja del Pescador.
De tales afirmaciones se desprende que la demandada se encuentra naturalmente obligada a brindar las informaciones que los trabajadores pescadores estimen necesario. Y, como el propio artículo 2°, inciso 5, de la Constitución lo señala, sin explicación alguna de la causa del pedido. Por ello, cabe que este Colegiado se pronuncie a favor de declarar fundada la presente demanda.

§4. La correspondiente disposición de la demandada

14.  Determinada la función de destinataria del derecho a la información, en su vertiente de acceso a la información pública, por parte de la demandada, entonces ahora cabe determinar la responsabilidad que su actitud provocó en el recurrente.
Para ello, corresponde analizar su situación actual, la misma que, a entender del ad quem, se encuentra de una forma tal como la presenta en el siguiente párrafo de su resolución:

“(...) la emplazada no accede a lo solicitado en virtud de que los expedientes administrativos se encuentran pendientes de calificación, al estar en proceso de reestructuración de acuerdo a lo dispuesto por la ley veintisiete mil setecientos sesenta y seis; y, hasta el término de dicha reestructuración, indica, no se efectuarán nuevos ingresos, reevaluaciones de pensiones u otro que altere el Fondo de Pensiones de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador”[14].

Llega a esta conclusión asumiendo el criterio esgrimido por la demandada[15], y basándose en la Ley N.° 27766, Ley de Reestructuración Integral de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.

15.  Lo afirmado vendría a significar que una empresa que se encuentra en una situación complicada en su funcionamiento no está obligada a respetar los derechos fundamentales de los beneficiarios de la misma. Siguiendo esta línea de razonamiento, la Caja del Pescador no podría contestar pedido alguno puesto que se encuentra en una etapa de reestructuración.
Una interpretación de este tipo colisiona directamente con la vigencia de los derechos fundamentales, máxime si la propia Constitución reconoce, en su artículo 1°, que la defensa de la persona humana (asimismo, el respeto de su dignidad) es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, asumiendo problemas internos de una institución no se pueden desconocer los derechos de quien merece protección.
Esto es inaceptable en un Estado democrático y social de derecho; más aún si lo que está en juego es un derecho tan especial como el pensionario. Por este motivo, no es amparable en sede constitucional una pretensión como la de la demandada respecto a negarse a entregar información por encontrarse en reestructuración.
Siguiendo esta misma lógica, también se debe aplicar a los pedidos que se realicen a las Administradoras Privadas de Pensiones (AFP), las cuales, por más que son entidades privadas, manejan los fondos de pensiones de miles de personas, y de su acción depende el aseguramiento de su vida futura y también de sus respectivas familias.

16.  A colación de lo anteriormente señalado, también resulta paradójico que la demandada plantee de un lado su irresponsabilidad como destinatario del derecho a la información, y de otro, como se manifestó supra, que debe agotarse la vía administrativa para hacerse el reclamo. Por tal razón, cabe analizarse su planteamiento de una excepción de falta de agotamiento de la vía previa, pues asume la existencia de una forma de reclamación, pero no acepta que ello pueda ser revisado en sede constitucional.
Este Tribunal considera importante que las propias entidades privadas establezcan mecanismos internos para hacer reclamaciones, pero ello no puede suponer la imposibilidad del ejercicio del derecho a la información pública, y menos aún su reclamación a través de un hábeas data.
Además, en el caso concreto, se ha podido observar la negativa de la Caja del Pescador de brindar la información solicitada (carta que también fue utilizada por el ad quem para interpretar la existencia de prescripción en el presente caso)[16], motivo por lo cual parece inaudito que se busque hacer esperar innecesariamente al reclamante, pese a que a éste le asiste el derecho reconocido en el artículo 2°, inciso 5, y que tal como lo prevé el artículo 200°, inciso 3, de la Constitución, también cumplió con el requerimiento previo a través de una carta notarial.
Por tanto, debe declararse infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

17.  En conclusión, la demandada no puede escudarse en problemas ajenos al recurrente para no cumplir con una obligación constitucional.
Además, debe quedar claramente establecido que lo pedido no es un documento que demande un esfuerzo irrazonable desproporcionado  e imposible de cumplir, por más que se encuentre en una etapa de reestructuración. En primer lugar, la resolución administrativa que concede la pensión de jubilación implica tan sólo la entrega de un documento que debe estar en poder de la Caja del Pescador. En segundo término, la hoja liquidadora, por más que amerite un trabajo adicional de la entidad demandada, su cumplimiento tampoco es imposible de realizar, pues tal liquidación ha debido hacerse con anterioridad al otorgamiento de la pensión al recurrente.
Por tal razón, a partir de la declaración de fundada de la presente demanda, fluye la obligación de la demandada de entregar las copias solicitadas. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data de autos e INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

2. Ordenar se entregue al recurrente la copia certificada de la resolución administrativa que le concede la pensión de jubilación.

3. Ordenar se entregue al recurrente la copia certificada de la hoja liquidadora de la pensión de jubilación.

Publíquese y notifíquese.

SS.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

[1] Sentencia de segunda instancia (fs. 94 del Expediente).
[2] Recurso de agravio constitucional (fs. 98 del Expediente).
[3] Tal como lo contempla el artículo 44° del Código Procesal Constitucional.
[4] Carta de la Caja del Pescador (fs. 9 del Expediente).
[5] Requerimiento notarial (fs. 7 del Expediente).
[6] Demanda de hábeas data (fs. 26 del Expediente).
[7] Contestación de la demanda (fs. 49 del Expediente).
[8] Sentencia de primera instancia (fs. 60 del Expediente).
[9] Norma complementada en la actualidad con el artículo 61°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional (“El hábeas data procede en defensa de los derechos constitucionales reconocidos por los incisos 5) y 6) del artículo 2º de la Constitución. En consecuencia, toda persona puede acudir a dicho proceso para: Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material”).
[10] Estatutos presentado como medio probatorio en la demanda (fs. 10 del Expediente).
[11] Anexo 1B de la demanda de hábeas data (fs. 2, 3 del Expediente).
[12] Anexo 1C de la demanda de hábeas data (fs. 4 del Expediente).
[13] Contestación de la demanda (fs. 48 del Expediente).
[14] Sentencia de segunda instancia (fs. 94 del Expediente).
[15] Contestación de la demanda (fs. 48 del Expediente).
[16] Carta (fs. 9 del Expediente).

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