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00330-2009-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional



Resumen

Se solicita al Gobierno Regional de Arequipa copias fedateadas de la relación del personal de empleados estables y contratados del mes de abril de 2008, incluyendo el monto de sus remuneraciones y los cargos que ocupan; el contrato de trabajo y las boletas de pago de dos trabajadores de la entidad, la relación de funcionarios de confianza de la entidad incluyendo el cargo que desempeñan y el monto de sus remuneraciones, entre otros. En primera y segunda instancia se declaró improcedente la demanda. El Tribunal declara fundada en parte la demanda, al observar que el pedido de información no fue atendido en su totalidad, por cuanto no fueron proporcionados al demandante los datos solicitados respecto al monto de las remuneraciones y a los contratos de trabajo de los funcionarios de la entidad (contratados, estables y de confianza).
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Arequipa
  • Demandado: 
  • Gobierno Regional de Arequipa

Expediente

EXP. N.° 00330-2009-PHD/TC
AREQUIPA
DEMETRIO JESÚS
ALVAREZ CONCHA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Álvarez Concha contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 68, su fecha 13 de noviembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de hábeas data de autos.

ANTECEDENTES

El 23 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Gobierno Regional de Arequipa, con el objeto de que se ordene a dicha instancia administrativa la expedición, a cuenta del demandante, de copias fedateadas de los siguientes documentos: a) la relación del personal de empleados estables y contratados del mes de abril de 2008, incluyendo el monto de sus remuneraciones y los cargos que ocupan; b) el contrato de trabajo y las boletas de pago del señor Arcadio Tolentino, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2008, así como el cargo que desempeña dicha persona y el título profesional que lo habilita para desempeñar tal cargo; c) el contrato de trabajo y las boletas de pago de la señora Mary Mattías, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2008, así como el cargo que desempeña dicha persona y el título profesional que la habilita para desempeñar tal cargo; d) la relación de funcionarios de confianza del Gobierno Regional de Arequipa, incluyendo el cargo que desempeñan y el monto de sus remuneraciones; e) el monto del apoyo económico brindado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al Gobierno Regional de Arequipa, así como la relación de profesionales que cumplen funciones de asesoría y consultoría, incluyendo el monto de sus remuneraciones. Sostiene que, mediante documento escrito presentado el 8 de abril de 2008, solicitó dicha documentación a la entidad emplazada, siendo que, en vista de que no ha recibo respuesta a dicha solicitud en el plazo de 10 días, se ha configurado una violación a los derechos establecidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2º de la Constitución, en especial en lo que se refiere al derecho de acceso a la información pública.

La Procuradora Pública Adjunta a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Arequipa, mediante escrito de 19 de mayo de 2008, se apersona al proceso y contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada infundada en vista de que, a través del Oficio N.º 701-2008-GRA/GGR, de fecha 9 de mayo de 2008, se entregó al demandante la información solicitada.

El Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, mediante resolución de 26 de mayo de 2008 (folio 22) declaró improcedente la demanda, considerando que la demandada no adeuda información alguna que por mandato de la ley deba conocer el demandante.

La recurrida, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante resolución de 13 de noviembre de 2008 (folio 68), confirmó la apelada por los mismos fundamentos.   

FUNDAMENTOS

Precisión del petitorio de la demanda

1.      Del análisis del expediente se deriva que la presente demanda tiene por objeto que se ordene al Gobierno Regional de Arequipa entregar, a cuenta del demandante, las copias fedateadas de los siguientes documentos:

a)      La relación del personal de empleados estables y contratados del mes de abril de 2008, incluyendo el monto de sus remuneraciones y los cargos que ocupan.

b)     El contrato de trabajo y las boletas de pago del señor Arcadio Tolentino correspondientes a los meses de marzo y abril de 2008, así como el cargo que desempeña dicha persona y el título profesional que lo habilita para desempeñar tal cargo.

c)      El contrato de trabajo y las boletas de pago de la señora Mary Mattías correspondientes a los meses de marzo y abril de 2008, así como el cargo que desempeña dicha persona y el título profesional que la habilita para desempeñar tal cargo.

d)     La relación de funcionarios de confianza del Gobierno Regional de Arequipa, incluyendo el cargo que desempeñan y el monto de sus remuneraciones.

e)      El monto del apoyo económico brindado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al Gobierno Regional de Arequipa, así como la relación de profesionales que cumplen funciones de asesoría y consultoría, incluyendo el monto de sus remuneraciones.

Análisis del caso concreto

2.    El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la Constitución, los cuales establecen que “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad  personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”; y  “que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”, respectivamente.

3.    Conforme ha sido establecido por este Tribunal (STC 01797-2002-HD/TC, FJ 16) el contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación de dispensarla de parte de las entidades públicas. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente razonables y proporcionales para ello, sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada.

4.    En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública tiene una faz positiva, según la cual este derecho impone a los órganos de la Administración pública el deber de informar; y una faz negativa, la cual exige que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa. Asimismo, este derecho ha sido desarrollado por el legislador por medio de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo artículo 3º se señala que toda información que posea el Estado es considerada como pública, a excepción de los casos expresamente previstos en el artículo 15º de dicha ley.

5.    En el caso de autos, del análisis conjunto de la relación de documentos señalada en la demanda y la que figura en el Oficio N.º 701-2008-GRA/GGR (folio 15), mediante el cual a entender de la emplazada, se dio cumplimiento a lo solicitado por el demandante, se observa que tal pedido no fue atendido en su totalidad, por cuanto no fueron proporcionados al demandante los datos solicitados respecto al monto de las remuneraciones y a los contratos de trabajo de los funcionarios de la entidad  (contratados, estables y de confianza).

6.    En consecuencia, y de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal antes mencionada, al habérsele otorgado al demandante información incompleta, se ha vulnerado su derecho de acceso a la información pública.

7.    No obstante, en lo que respecta a la información sobre las boletas de pago solicitada por el demandante, cabe precisar que dicha información se encuentra enmarcada dentro de la excepción establecida en el artículo 15-B de la Ley N.º  27806, en tanto los detalles contenidos en las boletas de pago atañen, prima facie, a la esfera privada del funcionario público.  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1.    Declarar FUNDADA en parte la demanda de hábeas data de autos;

2.    Ordenar al Gobierno Regional de Arequipa la expedición de copias fedateadas, a cuenta del demandante, de los documentos señalados en el fundamento 1 supra, con excepción de las boletas de pago correspondientes a los meses de marzo y abril de 2008 de los señores Arcadio Tolentino, Mary Matías y Lucy Muñoz.

Publíquese y notifíquese.

SS.
LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

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