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01454-2010-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional



Resumen

Se solicita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el acceso al acta final suscrita por los integrantes de la Comisión Ejecutiva creada por Ley 27803 y reactivada por Ley 29059. En primera instancia se declara infundada la demanda, por considerar que no se ha documentado que las funciones de la Comisión Ejecutiva hayan concluido, por lo que la información solicitada aún se encuentra en condición de reservada. En segunda instancia se confirma la apelada aduciendo que la información puede que no exista, o que exista parcialmente. El Tribunal declara fundada la demanda al considerar que las entidades de la administración pública deben poner a disposición de los administrados la información veraz, completa y confiable sobre los trámites que estos realicen, para que puedan prever el pronunciamiento final, en aplicación del principio de predictibilidad.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Lima
  • Demandado: 
  • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

  • Fecha de la sentencia: 
  • 06/08/2010
  • Magistrados: 
  • Ricardo Beaumont Callirgos
  • Gerardo Eto Cruz
  • Carlos Mesía Ramírez
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Tipo de Información: 
  • Pública
  • Normas aplicadas: 
  • Sentencias Relacionadas del Tribunal Constitucional del Perú: 
  • Descargable(s): 
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Expediente

EXP. N. º 01454-2010-PHD/TC
LIMA
RENEE ROSARIO
ROSAZZA ASÍN
Y OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Renee Rosario Rosazza Asín y otros contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de  fecha 7 de enero de 2010, que declaró infundada la demanda de hábeas data de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de mayo de 2009, los recurrentes interponen demanda de hábeas data contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y contra don Jorge Villasante Araníbar, en su condición de Presidente de la Comisión Ejecutiva creada por Ley 27803 y reactivada por Ley 29059, con el objeto de que se ordene el acceso al acta final suscrita por los integrantes de la mencionada comisión.

La Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito de fecha 16 de junio de 2009, se apersona al proceso y solicita que la demanda se declare infundada, argumentando, por un lado, que la información inexistente no puede solicitarse a través de un proceso de hábeas data y, por otro, que la documentación solicitada se encuentra comprendida dentro de las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 15-B de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda, por considerar que no se ha documentado que las funciones de la Comisión Ejecutiva hayan concluido, por lo que la información solicitada aún se encuentra en condición de reservada, de conformidad con la ya citada Ley 27806.

La Sala revisora confirma la apelada por estimar que no se ha vulnerado los derechos invocados, puesto que la finalidad por la que se ha recurrido al proceso de hábeas data es acceder a información, que puede que no exista, o que exista parcialmente.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1.       Del análisis de la demanda se advierte que ésta tiene por objeto que se ordene poner a disposición de los recurrentes el acta final firmada por la Comisión Ejecutiva, la cual contendría el listado de los 7 681 trabajadores beneficiados de la cuarta lista de ceses colectivos, de conformidad con la Ley 29059.

Análisis de la controversia

2.       El proceso de hábeas data tiene como objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. En el primero, se contempla el derecho de acceso a la información pública, en el sentido de que “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad  personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”; mientras que por el segundo, se vela por el derecho a la autodeterminación informativa. En tal sentido se garantiza que “los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”.

3.       El Tribunal Constitucional ha precisado que para garantizar el derecho de acceso a la información pública no sólo se requiere ponerla a disposición, sino que ésta debe ser veraz. En tal sentido, ha señalado que “no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada” [Exp. N. º 1797-2002-HD, fundamento 16].

4.      El desarrollo legal de de este derecho se encuentra en la Ley 27806 -Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, en donde se consigna como información pública toda aquella que posea el Estado, salvo los supuestos previstos en el artículo 15-B. Por lo que, para verificar si es que ha habido una afectación a los derechos tutelados por el hábeas data, se requiere evaluar si la información solicitada por los recurrentes no está contemplada como una limitación del derecho de acceso a la información pública.

5.      Como se ha señalado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla supuestos específicos que limitan el acceso a la información con la que cuenta el Estado. Son los incisos 1 y 4 del artículo 15-B los que precisan cuándo la información no tiene que ser brindada:

“1. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión del gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones.
(…)
4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa de un proceso administrativo o judicial o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso”.

6.      Al evaluar la calidad de la información solicitada por los demandantes (el acta final de la Comisión Ejecutiva), este Colegiado considera que no se subsume a las excepciones antes citadas. Este supuesto no está comprendido en el inciso 1, pues dicho documento no contiene deliberaciones previas a una decisión de gobierno, en la medida que la materia discutida en esta última sesión, es decir, la reincorporación de trabajadores cesados, ha debido responder a los parámetros definidos tanto en la Ley 27803 como en la Ley 29059. Por lo que respecta al segundo supuesto contenido en el inciso 4, dicho documento no está relacionado con algún análisis jurídico estratégico dentro de una controversia, sino con los resultados finales de una evaluación desde los criterios objetivos que han debido ser siempre de carácter público.

7.      De acuerdo a los pronunciamientos previos de este Tribunal al respecto, resulta exigible que la información sea puesta a disposición de quien la solicite, además de configurarse como datos ciertos, completos, precisos y oportunos. En tal sentido, los miembros de la Comisión Ejecutiva debieran ser los principales interesados en que dicha información cumpla con las exigencias que garantizan el derecho de acceso a la información pública, en tanto el dispositivo legal que prevé su reactivación, la Ley 29059, en su Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final, especifica que los miembros de dicha comisión son responsables solidariamente por la no información, ocultamiento de ésta y/o trasgresión del debido proceso en la calificación y evaluación de los expedientes.

8.      Las razones sustanciales por las que debe ponerse a disposición la información solicitada en el presente caso pueden identificarse en los fundamentos ya precisados por este Colegiado con anterioridad [Exp. 4012-2009-HD, fundamento 11; 4645-2009-HD, fundamento 5]. Los principios de participación y de predictibilidad, reconocidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N. º 27444, son una expresión del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad  y del deber de transparencia de las entidades públicas, en vinculación con el debido proceso. En tal sentido, las entidades de la administración pública tienen la obligación de brindar la oportunidad a los administrados de opinar sobre los temas materia de deliberación en la toma de decisiones que puedan repercutir en el ejercicio de sus derechos fundamentales (principio de participación); así también, deben poner a disposición de los administrados la información veraz, completa y confiable sobre los trámites que estos realicen, para que puedan prever el pronunciamiento final (principio de predictibilidad). 

9.      Es por ello que el emplazado se encuentra en la obligación de otorgar a los demandantes la información solicitada; por tanto, al haberla negado indebidamente, ha vulnerado su derecho de acceso a la información pública.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1.     Declarar FUNDADA  la demanda de hábeas data de autos, por haberse acreditado la vulneración del derecho de acceso a la información pública.

2.       Ordenar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que otorgue a los demandantes, previo pago del costo razonable de reproducción, copia del texto completo del Acta Final suscrita por la Comisión Ejecutiva reactivada por Ley N.º 29059.

Publíquese y notifíquese.

SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ 

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