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04227-2009-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional





Resumen

Se solicita a la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) ordene que se suprima y rectifique información de riesgos vinculada al reporte de deuda con el Banco Continental registrada en su base de datos. En primera instancia se declara improcedente la demanda, tras considerar que la existencia de la deuda es un hecho controvertido que no puede resolverse mediante el habeas data. La sala confirma la sentencia. El Tribunal declara infundada la demanda en tanto no es posible determinar si la información cuyo registro se encuentra en la Central de Riesgos de la SBS ha permanecido por más de 2 años desde que la obligación se ha extinguido.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Arequipa
  • Demandado: 
  • Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)

  • Fecha de la sentencia: 
  • 30/05/2011
  • Magistrados: 
  • Óscar Urviola Hani
  • Fernando Calle Hayen
  • Ernesto Álvarez Miranda
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Infundado
  • Tipo de Información: 
  • Pública
  • Normas aplicadas: 
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Expediente

EXP. N.° 04227-2009-PHD/TC
AREQUIPA
JHONNY ROBERT
COLMENARES JIMÉNEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 30 días del mes de mayo de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Calle Hayen y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Jhonny Robert Colmenares Jiménez contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de folios 142, su fecha 4 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de Hábeas Data contra la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), solicitando que se declare la violación de su derecho constitucional a la autodeterminación informativa y que en consecuencia, se ordene que se suprima la información de riesgos vinculada al reporte de deuda con el Banco Continental registrada en su base de datos. Igualmente, pretende que se ordene la rectificación de la calificación impuesta al demandante, de Cliente 4: Pérdida 100% por la de Cliente 0: Normal 100%. Refiere que no obstante haber cancelado la deuda que mantenía con el Banco Continental, este reporta en forma mensual y de manera continuada, desde 1997 hasta la fecha, la existencia de dicha deuda. Alega que dicha situación le ha ocasionado graves daños pues publicita un perfil e historial crediticio que no le permite acceder a fuentes de crédito.

La SBS deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, argumentando que la petición que en su momento presentó el demandante se declaró  no presentada, tras no haberse acompañado copia del DNI ni la carta de reclamo ante la autoridad supervisada así como su respuesta, pese a que se le otorgó un plazo de 2 días para que se subsanaran dichas omisiones. Dicha excepción fue declarada improcedente mediante Resolución N.º 06-2008, emitida por el Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa. Por otro lado, sostiene que la Ley 26072, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, le faculta la organización de la Central de Riesgos y dispone que su base de datos se alimente con la información suministrada por todas las empresas del sistema financiero y de seguros. Igualmente, sostiene que la Ley no contempla plazos mínimos ni máximos para registrar información de los intermediarios financieros, en tanto los compromisos no sean honrados. Refiere incluso que si estos fueron cancelados, la información del reporte histórico crediticio no podría ser suprimida, pues sirve como un indicador de la calidad de cumplimiento de la obligación adquirida. A su juicio, de aceptarse la pretensión del actor se afectaría sensiblemente la finalidad para la cual fue creada la Central de Riesgos de la SBS.

El Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 30 de octubre de 2008, declaró improcedente la demanda, tras considerar que no habiéndose dilucidado la existencia o no de la deuda, la pretensión no podía resolverse mediante este proceso constitucional que carece de etapa probatoria; y por otro lado, que una pretensión semejante, entre el recurrente y el Banco Continental, ya fue desestimada por el Tribunal Constitucional con la STC 6164-2007-HD/TC.

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la apelada por similares argumentos.

FUNDAMENTOS

§1. Petitorio

1.    El objeto de la demanda es que se ordene (1) la cancelación de la información de riesgos referida al reporte de deuda por S/. 11,020.71, que el recurrente mantiene con el Banco Continental y que se encuentra registrada en la base de datos de la Central de Riesgos de la SBS; (2) la rectificación de la calificación impuesta al demandante, de “cliente 4: pérdida 100%” por la de “cliente 0: Normal 100%”.

§2. Las razones de la desestimación de la pretensión en sede judicial

2.    El Tribunal Constitucional observa que al desestimarse la demanda, las instancias judiciales precedentes consideraron que el recurrente no había acreditado el pago de la deuda que originó su registro en la Central de Riesgo de la SBS y que dicho criterio, además, fue el mismo que empleó este Tribunal para desestimar una demanda de Hábeas Data semejante, que el recurrente interpuso pero contra el Banco Continental (STC 06164-2007-HD/TC).

3.    No obstante, el Tribunal advierte que los términos de la controversia entre aquella y esta demanda de Hábeas Data no son del todo semejantes, toda vez que en la STC 06164-2007-HD/TC no se emplazó a la SBS sino al Banco Continental. Y la pretensión principal fue que se evaluara si debería ordenarse que se supriman los reportes que el referido Banco Continental enviaba a la Central de Riesgos de la SBS y, de haberse declarado la ilegitimidad de tal remisión, que se ordenara concomitantemente la supresión de aquella información registrada por la Central de Riesgos de la SBS vinculada al recurrente.

Esta última pretensión, que es la que coincide con la formulada en este proceso, en el primer Hábeas Data, sin embargo, sólo era una pretensión accesoria a la principal. Precisamente por ello es que este Tribunal sostuviera en la STC 6164-2007-HD/TC que encontrándose en discusión la existencia de la deuda cuyo reporte a la Central de Riesgo de la SBS se cuestionaba –entre otras cosas, porque estaba pendiente de resolverse un proceso de obligación de dar suma de dinero-, la inexistencia de estación probatoria en el Hábeas Data impedía que se expidiese un pronunciamiento sobre el fondo.

4.    En esta oportunidad, el recurrente no ha solicitado que se ordene que el Banco Continental deje de enviar reportes a la Central de Riesgos de la SBS sobre una deuda ya pagada y, como consecuencia de ello, que se declare la invalidez de la información almacenada que tiene la Central de Riesgos de la SBS. Se ha demandado directamente a la SBS y, como se ha precisado en el Recurso de Agravio Constitucional, la solicitud de cancelación de la información registrada en dicha Central de Riesgos no se justifica en la satisfacción (o no) de una deuda previa. Se sustenta en que se persiste con su almacenamiento y publicidad no obstante haber “transcurrido a la fecha más de 10 años de publicidad en el sistema financiero y comercial”. Es el “efecto de la caducidad al haber transcurrido el plazo máximo que prevé el Código Civil” [f. 151 del cuaderno principal] lo que, a juicio del demandante, torna inválido que aún se mantenga en la Base de Datos de la Central de Riesgos de la SBS. En sus palabras:

El Tribunal “deberá pronunciarse sobre el tiempo de difusión y/o publicidad de la Central de Riesgos de la SBS (sic), sobre la información de riesgos de los usuarios y consumidores financieros sean personas naturales o jurídicas” [Folios 152].

Este es, pues, el problema que se ha planteado, en torno al cual ha de girar este pronunciamiento.

§3. Derecho a la autodeterminación informativa y límites temporales de los datos negativos

5.    En diversas ocasiones este Tribunal ha expuesto el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la autodeterminación informativa. Últimamente, en la STC 0746-2010-PHD/TC, recordando a su vez lo que se expresara en la STC 04739-2007-PHD/TC, el Tribunal Constitucional recordó que este derecho garantiza una serie de facultades

“que tiene toda persona para ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos” [Fund. Jur. 4].

6.    La finalidad de este derecho, como también se expresara en la STC 1797-2002-HD/TC, es garantizar a la persona frente a los excesos derivados del uso, manipulación y difusión de los datos personales o familiares registrados mediante medios informáticos o electrónicos. Tal garantía trasciende los abusos o riesgos que pudieran involucrar la esfera personalísima y se extiende a los efectos que pudieran ocasionar en la totalidad de los ámbitos de su vida.

7.    Uno de esos ámbitos de la vida en los que se proyectan las posiciones iusfundamentales garantizadas por este derecho está vinculado al registro de la información financiera destinada al cálculo del riesgo crediticio. En este ámbito, la facultad de controlar la información que se encuentra compilada en las centrales de riesgo –sean públicas o privadas– preserva al titular de la información de los potenciales abusos que la publicidad de sus datos crediticios y financieros pudiera ocasionarle y que, como consecuencia de ello, se incida negativamente en el goce y ejercicio de una serie de derechos e intereses de muy diversa clase (constitucionales, legales, contractuales, etc.).

Entre esas facultades se encuentran, por ejemplo, el control de la legalidad de la obtención de la información, que la información no contenga aspectos íntimos, pero también, entre otros, que los datos que legítimamente se hallen almacenados satisfagan criterios de veracidad, integridad, utilidad y caducidad.

8.    La necesidad de que la información almacenada satisficiere los criterios de veracidad, integridad, utilidad y caducidad fueron expuestos tempranamente por este Tribunal en las STC 0666-1996-HD/TC y 1792-2002-HD/TC, y se encuentran regulados en el Código Procesal Constitucional, cuyo artículo 61.2 declara que el derecho a la autodeterminación informativa garantiza

“Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales”.

Las mismas garantías han sido recogidas por la Ley 27489 en el ámbito de las centrales privadas de riesgos, al establecerse, entre los lineamientos generales de recolección y tratamiento de la información, que esta deba ser “exacta”, “veraz” y que su conservación sólo podrá efectuarse “durante el plazo legal establecido o, en su defecto, durante el tiempo necesario para los fines para los que fue recolectada” (art. 9, incisos c y d).

9.    La limitación temporal del almacenamiento de la información financiera destinada al cálculo del riesgo crediticio está directamente relacionada con la facultad de que los datos que se conserven en un registro informático sean actuales y veraces. A juicio del Tribunal, la única manera de que a través de los datos se pueda proyectar una imagen real del comportamiento de una persona en el sistema bancario y financiero es que estos sean constantemente actualizados. Tal actualización presupone, in nuce, una prohibición de almacenamiento ad aeternum de los datos. En particular, de los denominados “datos negativos”, es decir, de los que registran una mala práctica en el mercado, pues también las malas historias crediticias se pueden revertir por la adopción de hábitos de honramiento de las obligaciones contraídas o, llegado el caso, incluso por efectos legales del transcurso del tiempo.

10. La vigencia del registro de información bancaria o financiera adversa en un banco de datos no se relaciona necesariamente con la satisfacción (extemporánea) de una obligación patrimonial. La exigencia de veracidad de este tipo de información requiere que también se registre los antecedentes financieros y la solvencia económica de las personas, principalmente en lo que se refiere a la capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago. La información de que una obligación patrimonial se ha extinguido por su pago oportuno es tan valiosa como la información de que dicha obligación se ha extinguido fuera del plazo, por medio de una acción judicial o, en fin, como consecuencia de los efectos legales atribuidos al transcurso del tiempo sin que se haya ejercitado judicialmente los derechos del acreedor. Toda ella, llegado el caso, forma parte de la información actualizada y no desaparece o deja de existir por el hecho de que ya no se encuentra pendiente de cumplimiento, pues la historia o “imagen crediticia” de una persona está conformada por una serie de datos que en el tiempo evidencian su comportamiento en el mercado, y no se reducen sólo al último hecho.

11. Sin embargo, como antes se ha expresado, cualquiera que fuera el caso de información adversa que se pueda haber registrado en un banco de datos, el deber que tienen de proporcionar información veraz exige que estos sean actualizados constantemente, y reparar que ella no puede mantenerse registrada eternamente. Ello vale incluso para el caso de las obligaciones insolutas, en particular, cuando su exigibilidad haya superado el término de prescripción legal para poder reclamar su satisfacción. En tales casos, la conservación sine díe de los datos negativos de la persona constituye un ejercicio abusivo del poder, pues pese a que el ordenamiento jurídico ha establecido que el transcurso del plazo legal extingue la obligación insoluta, se prosigue irradiando una imagen crediticia y financiera no veraz al proyectar como actual el incumplimiento de obligaciones que se encuentran excluidas del tráfico jurídico.

12. Un supuesto de esta naturaleza es lo que se ha expuesto como causa petendi en esta demanda de Hábeas Data. Como se ha recordado en el Fundamento N.º4 de esta sentencia, el recurrente no cuestiona la vigencia del registro de información financiera debido al hecho de haber honrado sus obligaciones patrimoniales con el Banco Continental, sino a que se mantenga registrada pese a que la obligación se ha extinguido a causa de las reglas de caducidad del Código Civil.

La SBS, por su parte, ha sostenido que la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N.º 26702, aplicable en su caso, no contempla plazos máximos de permanencia de la información de los deudores, por lo que mientras no se reporte la satisfacción de una obligación, el registro se mantendrá “sin ningún tipo de limitación ni tiempo mientras los compromisos no hayan sido honrados” [Folios 55].

13. El Tribunal Constitucional observa, efectivamente, que para el caso de las centrales privadas de riesgo, el legislador ha considerado límites temporales de registro y publicidad para algunos supuestos de información adversa [artículos 9, inciso d), y 10 de la Ley 27489]. Así también y en lo que se refiere al ámbito público, el artículo 85.2 de la Ley de Títulos Valores (Ley N.º 27287) prevé límites de tiempo de 5 y 3 años, respectivamente, según sea que el título valor no haya sido pagado o éste ya se encuentre cancelado totalmente. Esta información está centralizada en el Registro Nacional de Protestos y Moras de la Cámara de Comercio de Lima, el mismo que tiene carácter público.

14. Similares plazos no han sido considerados para el caso de la Central de Riesgo de la SBS. Evidentemente, la determinación de tal regulación no es competencia del Tribunal Constitucional sino del legislador. Corresponde a éste, en ejercicio de sus competencias, ponderar abstractamente los diversos supuestos de información adversa y establecer plazos finales diferenciados de registro y publicidad. Si bien, actualmente existe el Proyecto de Ley N.º 4455/2010-CR, presentado el 11 de noviembre de 2010, cuya finalidad precisamente es regular sobre la Central de Riesgos de la SBS, en tanto no se legisle sobre la materia, se incurrirá en un supuesto abstracto de inconstitucionalidad por omisión, que es menester poner en conocimiento del Congreso de la República.

15.  Desde luego, la inexistencia de un plazo legal de permanencia de datos negativos no confiere a la Central de Riesgos de la SBS la competencia para mantener sine díe el registro de información adversa. Ello es incompatible con el derecho a la autodeterminación informativa, que exige que los datos mantenidos en un banco informático sean actuales y veraces. Y olvida, por otro lado, que la obligación de respetar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la autodeterminación informativa no está supeditada a la interpositio legislatoris. Los derechos fundamentales no están a expensas de lo que el legislador haga o, como en este caso, deje de hacer. Ellos “valen” (es decir, vinculan) por sí mismos y no porque exista una ley que declare tal vinculación.

16. El vacío legislativo de la Ley 26702 en materia de límites temporales de registro y publicidad de información adversa y su eventual integración mediante las reglas de la Ley 27489 –que la regula para el caso de las centrales privadas de riesgos– comporta que se haya declarado judicialmente la extinción de la obligación y hayan transcurrido 2 años desde su extinción.

En el caso, sin embargo, el Tribunal Constitucional constata que el recurrente no ha acreditado la existencia de dicha declaración judicial de extinción de la obligación. El Tribunal ha tomado conocimiento de que entre el recurrente y el Banco Continental existe un proceso de obligación de dar suma de dinero que está pendiente de resolución. Según lo declarado por el recurrente en el escrito que contiene el Recurso de Agravio Constitucional [Folios 151-152], allí se discute si la deuda existe o no. Sin embargo, el Tribunal Constitucional carece de información sobre si en dicho proceso el recurrente ha solicitado acogerse a la prescripción extintiva y, de ser el caso, cuál fue el pronunciamiento que éste obtuvo de los tribunales ordinarios. De más está decir que tal declaración judicial de extinción de la obligación no puede ser sustituida por un pronunciamiento en ese sentido por los órganos de la justicia constitucional. Esta es una competencia ajena a su ámbito ratione materiae.

Adicionalmente, no siendo posible determinar si la información cuyo registro en la Central de Riesgos de la SBS ha permanecido por más de 2 años desde que la obligación se ha extinguido, corresponde desestimar la pretensión.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1.        Declarar INFUNDADA la demanda de Hábeas Data.

2.    EXHORTAR al Congreso de la República a debatir, prioritariamente, sobre el Proyecto de Ley N.º 4455/2010-CR, a fin de que no siga incurriendo en un supuesto de inconstitucionalidad abstracta por omisión, tal como se ha advertido en el Fundamento N.º 14 de la presente sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
CALLE HAYEN
URVIOLA HANI

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