El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la autodeterminación informativa mediante proceso de hábeas data consiste en conocer y proteger datos personales propios almacenados en cualquier archivo público o privado; no siendo posible invocar este derecho respecto a datos de terceros.

Las entidades privadas que brindan servicios públicos, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, están obligadas a informar sobre las carácteristicas de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce. Puntualizando que por funciones administrativas debe entenderse la totalidad de actos realizados por la empresa en cuanto a su manejo administrativo, particularmente cuando la información se refiere a actos de la administración y disposición de bienes de la empresa, ya que en tal caso existe un evidente interés público en el control de la información.

Se establece que si no se alega la falta de requerimiento de información previo mediante documento de fecha cierta, conforme al artículo 62º del Código Procesal Constitucional, en la contestación de la demanda, no puede alegarse posteriormente pues se ha convalidado tácitamente el acto procesal dejando pasar el plazo para impugnarlo.

El Juzgado, haciendo uso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señala los alcances del artículo 1º del Código Procesal Constitucional, indicando que no en todos los casos en los que haya cesado la agresión el juzgador tiene la obligación de declarar fundada la demanda, sino que ello dependerá del agravio producido al demandante, la contastación de una efectiva vulneración y la posibilidad de que ésta pueda repetirse en el futuro.

Se establece que el secreto bancario busca asegurar la confidencialidad de una esfera de la vida privada de los individuos o personas jurídicas de derecho privado. En el caso de las entidades públicas la regla general es la publicidad y transparencia de la información. Por ello, de conformidad con el artículo 140º de la Ley General del Sistema Financiero (Ley Nº 26702) las operaciones bancarias activas son información pública.