05/08/2011
02945-2011-PHD/TC El demandante solicita a Telefónica del Perú S.A.A. que se entregue copias certificadas de los cuadros analíticos y de asignación de personal, número y relación de plazas vacantes, tipo de contrataciones, entre otros. En primera instancia se declaró fundada la demanda por considerar que la información que solicita la actora guarda relación con el conocimiento de datos relativos a intereses personales y/o individuales como una posible reposición al puesto laboral. En segunda instancia se revocó la apelada, declarándola improcedente por estimar que la información solicitada no guarda relación con el servicio público que presta la empresa demandada. El Tribunal declara improcedente la demanda debido a que, si bien el servicio de telefonía que presta la empresa emplazada se configura como un servicio público, la información solicitada por la recurrente no se encuentra referida a los supuestos de: a) las características de los servicios públicos que prestan; b) sus tarifas; y c) sobre las funciones administrativas que ejercen (bajo concesión, delegación o autorización del Estado), por lo tanto se trata de información que corresponde a la organización interna de la empresa.

25/04/2013
02886-2011-PHD/TC El demandante solicita a la Oficina de Normalización Previsional copia de su expediente administrativo, con expresa condena de pago de costos procesales. En primera y segunda instancia se declara fundada la demanda, sin embargo se rechaza el pago de costos del proceso. El Tribunal Constitucional, revocando dicho extremo de la decisión, ordena el pago de costos procesales pues el artículo 56° del Código Procesal Constitucional establece la obligatoriedad del órgano judicial de ordenar su pago ante el supuesto de declararse fundada la demanda.

21/07/2011
02793-2011-PHD/TC El demandante solicita a Telefónica del Perú S.A.A. que se entregue copias certificadas de los cuadros analíticos y de asignación de personal, número y relación de plazas vacantes, tipo de contrataciones, entre otros. En primera instancia se declaró improcedente la demanda por considerar que la información solicitada no guarda relación con el servicio público que presta la empresa demandada. En segunda instancia se confirmó la apelada por el mismo fundamento. El Tribunal declara improcedente la demanda debido a que, si bien el servicio de telefonía que presta la empresa emplazada se configura como un servicio público, la información solicitada por la recurrente no se encuentra referida a los supuestos de: a) las características de los servicios públicos que prestan; b) sus tarifas; y c) sobre las funciones administrativas que ejercen (bajo concesión, delegación o autorización del Estado), por lo tanto se trata de información que corresponde a la organización interna de la empresa.

05/12/2011
02771-2011-PHD/TC Se solicita copias de los registros de visitas a un centro penitenciario. En primera instancia se declara improcedente la demanda por falta de agotamiento de la vía previa y en segunda instancia se confirma la sentencia al considerar vencido el plazo para presentar la demanda. El Tribunal advierte que la entidad demandada presentó en el proceso la información requerida y le notificó para que confirme oficialmente que la información presentada era la solicitada por el demandante, lo cual se hizo. Luego, el Tribunal constató la sustracción de la materia y notificó al demandante para que solicite la información al juzgado de ejecución, declarando improcedente la demanda por aquel motivo.

05/12/2011
02776-2011-PHD/TC El demandante solicita copia de su propio expediente a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En primera y segunda instancia se declara fundada la demanda, pero se omite ordenar el pago de costos procesales a la ONP. El Tribunal señala que de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, en los procesos contra el Estado el juez que declara fundada la demanda de hábeas data se encuentra obligado a ordenar (y por lo tanto no es una decisión potestativa) el pago de costos procesales. En los procesos constitucionales no es aplicable el artículo 413 del Código Civil que impide el cobro de costas y costos al Estado por aplicación de la norma especial antes que la general (principio de especialidad de la norma aplicada).